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Javier García reaccionó: "Quieren destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou"

El exministro de Defensa, uno de los gestores del contrato con Cardama, Javier García, acusó al gobierno de tener una agenda negativa por rescindir el contrato.

Para el senador nacionalista Javier García, ministro de Defensa durante la negociación para la construcción de las patrulleras oceánicas, la decisión del gobierno, de rescindir el contrato con Cardama, pretende “destruir lo que venga del gobierno de (Luis) Lacalle Pou". En su opinión, los gobernantes “no tienen rumbo, tienen ánimo de romper”.

Este viernes el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato para la construcción de las embarcaciones por parte de la empresa española Cardama, tras constatar una serie de irregularidades.

García reaccionó de inmediato publicando su punto de vista en su cuenta de la red X. “Ante el anuncio del gobierno hoy: La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA”, sentenció el legislador.

Acusa al gobierno del presidente Yamandú Orsi de tener como objetivo “destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”. En esa línea afirmó: “Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir”.

Lo político por encima de lo jurídico nuevamente”, sentenció.

Gobierno sin rumbo afirma

Sostiene que las autoridades “no tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa”.

Finalmente afirma que la es decisión es política - “ha sido “confesada por la propia ministra”- y “nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país. Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país”.

El presidente Yamandú Orsi anunció este viernes la rescisión del contrato entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas OPV—por un valor de US$ 92 millones—tras constatarse "incumplimientos graves" vinculados a las garantías exigidas en el acuerdo. La decisión fue comunicada en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, donde también intervino el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

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