El 12 de mayo del año pasado desde el ente se envió un mail a la entonces directora de Gestión Territorial, arquitecta Soledad Laguarda, solicitando su intervención inmediata. Pero casi al mismo tiempo ocurrió el cambio de gobierno y el tema recayó sobre Miguel Abella, sucesor de Enrique Antía. El nuevo jerarca ordenó que el desarrollador de la obra enviara copias de los planos de mensura del edificio y allí descubrieron que los planos presentados para obtener el permiso eran falsos. Y no solo eso, también se corroboró que la obra había avanzado 19 metros salteando una medianera que corresponde a un pasaje público. Con toda esa información la Intendencia ordenó detener la obra.
Ahora se debate sobre qué hacer. Una fuente de la Intendencia, que solicitó mantener su nombre en reserva, consultada por Caras y Caretas, dijo que “allí lo único que corresponde es ordenar la demolición de todo lo construído junto con la limpieza y reconstrucción del lote”. Agregó que “está muy claro que violaron la ley de servidumbre, pero además lo más grave es que obtuvieron los permisos con documentación falsa, lo que podría ameritar hasta una denuncia penal contra el desarrollador”.
Luego de conocida esta información, surgió una nueva preocupación: corroborar si la primera parte de esta obra cumple con la ley de servidumbre y respeta el paso del oleoducto. Porque si no fuera así, lo que se presenta en Maldonado es un conflicto de características desconocidas.
Un problema heredado
La arquitecta Laguarda se jubiló el pasado 26 de junio, y para ocupar el cargo se designó a la también arquitecta Mónica Facio, una profesional que goza de mucho prestigio y es valorada por dirigentes de la oposición frenteamplista. “La conocemos hace mucho tiempo, es una técnica muy responsable que actuará con criterios técnicos y no políticos-partidarios”, dijo el diputado Joaquín Garlo (FA-MPP).
La nueva jerarca proviene de una familia de arquitectos prestigiosos en el departamento: su padre, Carlos Facio, y su hermano, de igual nombre. En tanto, su hermana Elisa es ingeniera y se desempeñó como ministra de Industria durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
A ella le tocará decidir qué hacer con el edificio Delamar Lofts, cuyo principal desarrollador enfrenta otros graves conflictos tanto con la Intendencia como con promitentes compradores del edificio Delamar que está pegado al ahora en conflicto y son representados por el abogado Renzo Gatto.
Toda esta situación pone de relieve la incapacidad para el ejercicio de su cargo por parte de la arquitecta Laguarda, sobre todo en lo que hace al contralor edilicio y que ya había sido demostrado en por lo menos otra oportunidad donde en una reunión con ediles en la Junta Departamental confesó que “desconocía las normas”.
Delamar: un conflicto permanente
El predio donde se levantó el edificio Delamar, aprobado con múltiples excepciones durante el primer gobierno de Enrique Antía (2000-2005), era propiedad de Franco Macri y allí funcionó durante varios años un boliche nocturno llamado La Morocha. Se ubica en una posición privilegiada sobre el arroyo Maldonado, pasando el puente curvo de La Barra y frente al balneario El Tesoro. El boliche estuvo abandonado por muchos años hasta que el arquitecto argentino Enrique Etchebarne Bullrich se interesó para construir un edificio.
Los primeros que protestaron fueron los vecinos de La Barra que verían notoriamente afectado el paisaje que habían disfrutado toda su vida hasta entonces.
Los permisos de construcción se obtuvieron sin inconvenientes con los votos de los ediles del Partido Nacional. Entre ellos estaba el edil Javier Álvarez, propietario de la empresa constructora de igual nombre, que fue contratada para desarrollar la obra. Durante un tiempo también hubo cartelería, que luego desapareció, de la inmobiliaria Javier Sena, cuyo titular también era uno de los ediles blancos que votó las excepciones a las normas.
Luego surgió un conflicto con un predio vecino que el Ejecutivo departamental, entonces a cargo del frenteamplista Óscar de los Santos, exigía que se escriturara a favor de la Intendencia como forma de mantener un espacio público de acceso a la rivera del arroyo. Como no hubo acuerdo, se demoró el final de obra que recién lo obtuvieron cuando regresó Antía al gobierno, en el año 2015.
Los conflictos no terminaron allí, porque el 14 de agosto del 2018 la Junta Departamental, con los votos de los ediles blancos y de los frentistas que respondían a Darío Pérez, le otorgaron a Etchebarne Bullrich los votos para construir un hotel de tres plantas y 40 habitaciones a continuación del edificio Delamar. Para ello se desafectó el pasaje peatonal antes mencionado.
En este caso fue la Liga de Fomento de La Barra la que organizó nutridas protestas callejeras contra el proyecto. Edison Pallas, presidente entonces de la Liga, dijo: “Están cortando la mitad de la postal de La Barra. Y no creemos cuando nos dicen que va a ser transparente. Lo mismo nos dijeron cuando hicieron Delamar”.
El hotel nunca se hizo, entonces surgió el proyecto Delamar Lofts, cuya construcción hoy está parada por orden del intendente Abella.
Pero Etchebarne tiene otros problemas. Según informó La Diaria, en mayo pasado “un grupo de promitentes compradores de apartamentos en el edificio Delamar, ubicado junto a los puentes ondulantes de La Barra, espera que la Fiscalía de Maldonado se expida sobre una denuncia que presentaron contra el desarrollista argentino Enrique Etchebarne Bullrich, su hija Sofía, su yerno Alejandro Abella y el administrador Gustavo García, a quienes acusan de maniobrar en perjuicio de la copropiedad”. “Estamos ante un esquema sistemático de simulación de obras, facturación ficticia y triangulación de pagos, ejecutado durante más de dos años y en beneficio directo de la familia Etchebarne”, afirmó en diciembre de 2025 la abogada patrocinante Susana Sotto (del estudio jurídico Adriasola, Clavijo & Asociados), al requerir por segunda vez a la Fiscalía que “disponga la formalización urgente de los indagados” por los presuntos delitos de estafa continuada y apropiación indebida.
Según el escrito, al que accedió La Diaria, la denuncia se centra en el cobro de expensas por reformas en áreas comunes que, de acuerdo con los denunciantes y varios empleados del edificio que declararon en calidad de testigos, jamás se realizaron. Para justificar estos movimientos de dinero, los indagados habrían utilizado la facturación de una empresa de estructuras metálicas cuyo titular fue condenado en 2023 por múltiples delitos de estafa.
Sotto también señala que el material probatorio expone una presunta maniobra de triangulación financiera por medio de la hija de Etchebarne. La mujer recibía del administrador los cheques emitidos por la copropiedad y, según testimonios y documentos bancarios, los depositaba en una cuenta del edificio como saldos a favor de las unidades propiedad de su padre para cancelar de forma ilícita sus expensas.
En una solicitada enviada a algunos medios de Maldonado, Ricardo Basso, en representación de Meltony S.A., empresa desarrolladora del edificio Delamar, explicó los trámites que se han seguido para terminar las obras y sostuvo que: “Mientras las autoridades y el desarrollador buscan soluciones y entendimientos, un grupo de promitentes compradores que mantienen deudas de veinte años con la propiedad (señores Lucena, Dick, Grincajger, Vizcay, Sorhobigarat y Krause) y que están asesorados por el abogado Dr. Renzo Gatto se dedica a hacer denuncias y a poner trabas a cualquier acuerdo”.
Años antes de iniciar estos desarrollos, Etchebarne Bullrich había sido procesado por la Justicia de Maldonado acusado de ejercer justicia por mano propia. Molesto con una construcción realizada por un vecino a su domicilio, contrató una máquina y la demolió.
