Sin embargo, la cifra todavía no constituye una liquidación definitiva. Katoen Natie conformó un equipo de trabajo encargado de reunir información, identificar las operaciones que no pudieron concretarse y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder a trabajadores, sindicato o Estado.
Pérdidas que alcanzan al comercio exterior
El impacto económico del conflicto no se limitaría directamente a la terminal portuaria. Las organizaciones vinculadas al transporte estimaron que cada jornada de interrupción podía generar pérdidas de entre US$ 400.000 y US$ 500.000.
A esto se suman los costos que, según fueron denunciando distintos sectores, debieron afrontar exportadores, importadores, operadores logísticos y productores como consecuencia de las interrupciones.
Entre esos gastos aparecen el almacenaje adicional de mercadería, los cambios de itinerarios y los retrasos en las entregas, además de las dificultades generadas por la alteración del normal funcionamiento de las operaciones portuarias.
La magnitud final del perjuicio todavía está siendo evaluada por la empresa, que deberá determinar qué operaciones fueron afectadas y cómo se tradujeron esas interrupciones en pérdidas económicas concretas.
Un conflicto que continúa abierto
El escenario se da mientras TCP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) mantienen negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo.
El acuerdo anterior venció en abril y las partes todavía no lograron un entendimiento sobre varios puntos centrales de la negociación.
Entre los temas que permanecen sobre la mesa se encuentran la duración del convenio, las guardias gremiales, los jornales asegurados, las compensaciones económicas y la cláusula de paz.
En ese contexto, la posibilidad de una acción judicial por parte de Katoen Natie agrega un nuevo elemento al conflicto portuario y abre la discusión sobre quién debería asumir los costos derivados de las interrupciones registradas durante este año.