Red de información y modus operandi
La investigación comenzó a raíz de la denuncia de una víctima que fue amenazada por uno de los abogados tras intentar cambiar de patrocinio legal. La maniobra funcionaba mediante una red de contactos clave en el ámbito de la salud y la seguridad:
Captación de datos: Efectivos policiales y personal de emergencias médicas filtraban historias clínicas y partes policiales a cambio de dinero. Un exoficial que ejercía como abogado oficiaba de nexo principal.
Abordaje a víctimas: Con la información obtenida, los sospechosos contactaban a los heridos en centros de salud o domicilios para hacerles firmar la representación legal.
Cobro del SOA: Una vez liberados los fondos del Seguro Obligatorio Automotor, la organización retenía porcentajes significativos del dinero correspondiente a las víctimas.
El esquema comenzaba en el lugar mismo del accidente o en las salas de emergencia, donde funcionarios públicos —policías, enfermeros e inspectores— traicionaban su deber de reserva a cambio de dádivas. Esta filtración permitía a los abogados ejecutar un abordaje depredador, interceptando a las víctimas en su momento de mayor vulnerabilidad para forzar la firma de representaciones legales. El esquema delictivo se dividía en tres fases operativas:
Compra de datos privilegiados: La red pagaba sobornos a policías e inspectores (desde $ 3.000 UYU por partes policiales) y a personal médico o de enfermería (hasta US$ 2.000 por historias clínicas) para obtener información sobre los accidentes en tiempo real.
Abordaje depredador: Con los datos filtrados, los abogados interceptaban a los accidentados o a sus familiares en las salas de emergencia y sitios de los siniestros, forzando la firma de poderes legales en momentos de extrema vulnerabilidad.
Captación en movilizaciones y cierres exprés: Los implicados asistían a marchas públicas de reclamo de justicia para captar clientes en pleno duelo. Asimismo, priorizaban acuerdos económicos civiles acelerados con las aseguradoras o empresas involucradas antes de las imputaciones penales, evitando así que el escrutinio judicial revelara el origen irregular de sus clientes.
