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El control al lavado de dinero se ha convertido en un instrumento más de sometimiento de países, gobernantes, empresarios e individuos. No existe ninguna duda que el lavado es un delito y debe combatirse.
La instrumentalización del combate al lavado con otros fines.
Por un tiempo los países desarrollados pensaron que podían imponer sus objetivos al resto del mundo utilizando instrumentos de guerra económica. Según sus propulsores, esto evitaría guerras calientes, como la que se desarrolla entre Rusia y Ucrania.
Mediante bloqueas de fondos, restricciones al uso del sistema de pagos internacional, bloqueos comerciales, restricciones a la adquisición de tecnologías avanzadas y tantas otras sanciones, se suponía que el mundo desarrollado podía lograr sus objetivos geoestratégicos sin tirar un tiro o derramar directamente una gota de sangre.
Pero para que esto funcionara en el contexto de un “régimen basado en reglas”, fue necesario instalar una serie de regulaciones, certificaciones, inspecciones y organismos “multilaterales” que permitieran mantener a la periferia permanentemente en vilo, so pena de ser declarado paria para la comunidad internacional.
Una de esas herramientas es sin duda el control al lavado de dinero, el cual lamentablemente se ha convertido en un instrumento más de sometimiento de países, gobernantes, empresarios e individuos. No existe ninguna duda de que el lavado de dinero es un delito que debe combatirse, ya que desvirtúa el funcionamiento de la economía y degrada la sociedad. Prueba de ello es que nadie repite orgullosamente a sus hijos que su profesión es la de lavador de dinero… El problema es que, cada vez con mayor frecuencia, la simple sospecha o presunción de posible lavado de dinero puede coartar el uso del sistema financiero. Un simple artículo de prensa puede resultar en que un banco le cierre la cuenta a una empresa, institución o individuo, generándole con ese solo hecho fuertes daños comerciales y reputacionales.
Esto se da porque el marco normativo otorga una discrecionalidad inusitada en los llamados “oficiales de cumplimiento”, que como comisarios políticos suelen detectar más poder que los mandos superiores de las empresas para las que trabajan. Y allí es donde se corre el riesgo de que empiecen a jugar las subjetividades personales y las presiones políticas. En ese sentido, el caso de Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, resulta emblemático.
El 22 de julio de 2022, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, firmaba una declaración en la cual se expresaba textualmente que: “Estados Unidos designa al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara por su participación en actos significativos de corrupción. El expresidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay. Además, estas acciones permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional”.
Uno espera que con tamaña declaración a esta altura el Sr. Cartes, concuñado del senador Pedro Bordaberry, estaría hoy disfrutando de los placeres y privilegios de una cárcel norteamericana. Pero como todos sabemos, ello no ocurrió.
Se pueden hacer especulaciones. Por ejemplo, que si Paraguay extraditaba a su expresidente, probablemente su delfín Santiago Pena hubiera perdido las elecciones generales de 2023 frente a un Efraín Alegre, que proponía romper relaciones diplomáticas con Taiwán para regularizar su relacionamiento con China, como lo hizo Uruguay durante la primera administración de Julio María Sanguinetti.
La profundización del conflicto en Ucrania, que se convirtió en nuevo territorio para la creciente guerra fría entre Estados Unidos y China, probablemente hizo primar en Estados Unidos la cautela geopolítica, relegando el combate al terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero como problemas secundarios ante el riesgo de deteriorar el relacionamiento con un aliado incondicional desde la época de Alfredo Stroessner.
Sea como fuera, el resultado es ampliamente conocido. El mes pasado el Gobierno estadounidense levantó las sanciones a Cartes, quien manifestó su “reconocimiento” al gobierno de Donald Trump “por haber actuado con objetividad y sentido de justicia al revisar todas las circunstancias relevantes y los méritos de mi defensa”.
Cartes tuvo una “segunda oportunidad” que pocos tienen. Limpiado su nombre, él y sus asociados por toda la región pueden volver tranquilamente a hacer sus cosas por la región, con la tranquilidad de haber recibido el imprimatur de “no terroristas o narcotraficantes”.
Pero quizás el ejemplo más reciente y notorio del poco apego a las normas por parte de a quienes el orden internacional confirió el poder exorbitante de impartir justicia, es lo que ocurrió con el principal candidato de Javier Milei para las recientes legislativas en la Argentina. Nos referimos al candidato “estrella” José Luis Espert, a quien se le comprobó haber sido financiado por un importante narcotraficante con extradición pendiente a los Estados Unidos. Ante el escándalo, se lo sacó rápidamente de las listas, se inventó un nuevo candidato y el proceso electoral resultó premiado con una garantía financiera de Estados Unidos que terminó inclinando la balanza a favor de Milei. De las normas antilavado ya nadie habla, salvo que se pueda buscar la forma de aplicarlas contra un rival geopolítico, un competidor económico o un líder regional que molesta por no ser obediente a las señales que llegan desde los centros de poder.
Siguiendo esta línea, resulta por demás curioso el reciente interés del senador Bordaberry en el tema combate al lavado de dinero, un tema que podría servir para foguear a un diputado joven, mientras el senador más antiguo de la bancada del Partido Colorado se puede dedicar a temas más estratégicos para el país.
Quizás sea un tema que le interesaba de antes, y que la tranquilidad de saber que sus parientes de Paraguay no están vinculados al lavado le permite expresar más libremente su vocación. Pero teniendo en cuenta su pasaje como interventor de la AUF, que según sus propias declaraciones de la semana pasada ha dejado a la institución libre de cualquier sospecha de lavado de dinero, debemos suponer que este brote de interés pueda tener algo que ver con el fútbol, más precisamente con el dinero que gira entorno al fútbol. Por algún dato que tenemos, no nos sorprendería que esto guarde relación con el interés de las casas de apuestas británicas por romper el monopolio del mercado de apuestas en Uruguay.
Es bien sabido que estas empresas —con artilugios legales y mucha “apertura de porteras”— forzaron la liberalización del juego en España, Italia y Portugal, dejando así en el altar de “las reglas de juego” de la Unión Europea un marco normativo que había logrado un sano equilibrio entre la libertad, el bien público y la necesidad del Estado de recaudar para financiar obras sociales.
Hoy el Reino Unido se cocina en su propio caldo de ludopatía, dando marcha atrás en su marco regulatorio. Pero habiendo arruinado ya a Italia, España y Portugal, necesita nuevos horizontes para promover la degradación. Como ya lo hicieron con su infame guerra del opio, con el objetivo de empobrecer a China, utilizando a su población indefensa.
De lo que podemos estar seguros es de que siempre existirá un Bordaberry dispuesto a entregar la patria a los designios de los malos extranjeros.
Como decía Unamuno, “venceréis, pero no convenceréis", contrastando el raciocinio contra la fuerza bruta. Esperamos poder equivocarnos, y que esta vez prime la cordura.