Tiene, además, un ejército de periodistas muy competentes, asesores, directores de cámara, productores, camarógrafos, locutores, streamers, asesores de imagen, especialistas de marketing y gestión de crisis.
Dispone de estudios de radio y televisión, salones para actos públicos y recursos materiales para el transporte en todos los rincones del país.
No hay motivo para que pueda atribuirse a escasez de recursos o desatención por parte del Gobierno del área a la que se atribuyen los problemas.
La reciente crisis generada en torno al episodio de la camioneta utilizada por el presidente Yamandú Orsi constituye un ejemplo de una situación en que las falencias en la comunicación que las hubo encubren un trasfondo político que parece inocultable.
Más allá de la entidad objetiva del hecho, el episodio terminó ocupando una centralidad política y mediática que difícilmente hubiera alcanzado en otros contextos. No se trata únicamente de la oposición cuestionando una decisión puntual. Lo que quedó en evidencia fue una dificultad más profunda del Gobierno para controlar la agenda pública, fijar prioridades y comunicar eficazmente su acción política.
El resultado final no se puede atribuir a la comunicación ni a que la opinión pública es ignorante, está confundida, no sabe interpretar la entidad de lo que se hace o responde a desavenencias o disputas en la interna del Gobierno o de la fuerza política. La consecuencia es la pérdida de la confianza y la erosión de la credibilidad del Gobierno, lo que constituía el principal capital político de Yamandú.
La pérdida de la confianza es grave y duradera
La confianza, como bien decía el contador Damiani, sube por escalera y baja por ascensor.
En los tiempos actuales, dominados por las redes sociales, la fragmentación de las audiencias y la circulación permanente de información, ningún hecho puede ser minimizado. Mucho menos cuando existe una oposición activa, agresiva y con capacidad para instalar temas que afecten la imagen del Gobierno.
La política contemporánea funciona en tiempo real y cada episodio se transforma rápidamente en una disputa por el sentido. Quien no ocupa ese espacio, lo pierde.
La política le teme al vacío. El desafío es aún mayor cuando el país enfrenta problemas estructurales complejos.
Uruguay atraviesa un escenario caracterizado por restricciones fiscales, incertidumbre internacional, dificultades económicas regionales y una serie de desafíos sociales acumulados. El actual Gobierno ha debido enfrentar situaciones graves heredadas, entre ellas el deterioro de programas sociales, dificultades de acceso a la alimentación para sectores vulnerables, el agravamiento de la situación de calle, problemas persistentes de inseguridad y niveles de pobreza en los hogares que constituyen una rémora social insostenible, especialmente en la infancia y las mujeres jefas de hogar. A ello se suman las expectativas que acompañaron la llegada de un nuevo gobierno de izquierda.
Una parte importante de la ciudadanía esperaba respuestas rápidas y señales claras en relación con los compromisos asumidos durante la campaña electoral. Sin embargo, el camino elegido por el Gobierno reduce las aspiraciones del programa del Frente Amplio a lo que se ha llamado la “revolución de las cosas simples”, eludiendo precisamente el abordaje de las “cosas complejas”.
Siendo aparentemente una seductora consigna electoral, no constituyó un rumbo que impulsara las grandes transformaciones que el país requiere, y por otra parte pausó la velocidad de las transformaciones haciéndolas muchas veces imperceptibles y desproporcionadas con las expectativas creadas.
Esta desarmonía, así como gestos, actitudes y pronunciamientos sorprendentes para el pueblo frenteamplista, especialmente en lo que se refiere a la agenda internacional, ha generado una brecha que no es difícil sentir como una grave frustración política con potenciales consecuencias críticas para el Gobierno y más estratégicamente para la fuerza política.
La objetivación de esto es la tendencia sostenida al deterioro de los indicadores de opinión pública. Las encuestas muestran señales de desgaste prematuro que no responden solo a la gestión, sino también a la dificultad para construir un relato político consistente sobre los avances, los obstáculos, las prioridades del Gobierno y sobre todo su voluntad y capacidad de transformación que solucione algunos de los grandes problemas nacionales.
La sensación predominante es que la estrategia comunicacional funciona en modo reactivo. Se responde a las críticas, se contestan no siempre acertadamente los ataques de la oposición, se gestionan las crisis cuando aparecen y se intenta amortiguar el impacto de las encuestas desfavorables. Sin embargo, la comunicación estratégica exige exactamente lo contrario: capacidad para anticiparse, instalar temas, marcar agenda y conducir la conversación pública.
La comunicación gubernamental no puede limitarse a informar acciones aisladas o micropolíticas. Debe ser capaz de transmitir un rumbo, explicar prioridades y conectar la acción del Gobierno con las preocupaciones reales de la ciudadanía. Debe mostrar empatía frente a los problemas cotidianos, pero también liderazgo para señalar hacia dónde se dirige el país.
Lo que implica un gobierno de izquierda
Un gobierno de izquierda necesita, además, algo más que gestión eficiente. Necesita construir sentido político. Necesita demostrar que las transformaciones que propone responden a una visión de sociedad, a determinados valores y a un proyecto de desarrollo.
La ciudadanía debe percibir, no solamente qué hace el Gobierno, sino por qué lo hace y para quién lo hace.
Debe procurarse la participación popular, la apropiación por parte de la sociedad de sus conquistas, la alianza con las fuerzas sociales y particularmente con los trabajadores y trabajadores, y especialmente con los jóvenes y los estudiantes, con las capas medias.
Por eso resulta imprescindible identificar y desarrollar algunos grandes temas capaces de convertirse en verdaderos buques insignia de la gestión. Reformas estructurales, iniciativas de alto impacto social, políticas dirigidas a combatir la pobreza infantil, mejorar la seguridad, ampliar oportunidades educativas o fortalecer la protección social pueden transformarse en símbolos concretos de la voluntad transformadora del Gobierno.
No alcanza con administrar los problemas existentes; es necesario construir horizontes de cambio. No se trata de enamorar; al menos construir esperanza.
La oposición cumplirá inevitablemente su papel de cuestionar, criticar y señalar errores. Negociar y dialogar con ella forma parte de la tarea democrática. Pero un gobierno no puede gobernar reaccionando permanentemente a los golpes de la oposición ni permitiendo que sea ésta quien determine la agenda pública. Gobernar implica liderar la conversación nacional y definir cuáles son los temas relevantes para la sociedad.
La comunicación no reemplaza a la política, pero tampoco existe política eficaz sin comunicación. Cuando un gobierno pierde capacidad para explicar, persuadir y movilizar, comienza a perder también capacidad para gobernar. Por eso, detrás de cada crisis comunicacional suele existir un problema político más profundo. Resolverlo exige mucho más que mejorar los mensajes: exige recuperar la iniciativa, reafirmar prioridades y volver a construir un vínculo sólido con la ciudadanía.
Ese parece ser hoy uno de los principales desafíos del Gobierno de Yamandú Orsi. Cuesta creer que no se ha identificado que hay un solo camino para dar vuelta la taba y ese es el de combatir la pobreza de los hogares, pobreza que se identifica especialmente como “pobreza infantil” pero que abarca a la inmensa mayoría de los hogares pobres y, como hemos dicho líneas arriba, a las mujeres solas que mantienen a sus familias en condiciones de fuerte asedio económico.
Ni el hidrógeno verde, ni la ley de competitividad, ni la reestructuración del transporte público, ni la represa de Casupá, ni el riego, ni la lucha contra la garrapata van a dar “vuelta la taba”. Todo eso está bien, como los avances en la democratización de la sociedad, la continuidad de la búsqueda de los desaparecidos, las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos y la condena de los responsables, los aumentos a las jubilaciones más deprimidas, el fortalecimiento de las empresas públicas, los recursos para la Udelar y cientos de acciones más o menos “simples” o más complejas que el Gobierno pueda emprender en estos dos años y medio que quedan.
Lo único que une de verdad a todo la sociedad es el oprobio de la pobreza, y lo único que no admite escatimar recursos es la pobreza infantil en todas sus dimensiones, y especialmente los recursos que se destinen a transferencias, salud, vivienda y educación. Esos recursos son los únicos que no puede dejar de asegurar Oddone si quiere ser un ministro de Economía con un buen recuerdo en la sociedad. No se trata de goteo obtenido de reasignaciones presupuestales, aunque tal vez de ahí pueda salir algo. Se trata de millones de dólares para una política estratégica y muy consistente.
Es obvio que Oddone no va a ser recordado por una Rendición de Cuentas “gasto cero", ni por las tasas de crecimiento, ni por los editoriales elogiosos de El País, ni por vocación europeísta. También parece obvio que no va a ser merecedor de un monumento. Oddone y su equipo tienen que conseguir los recursos que requiera un fuerte shock que permita mostrar resultados evidentes e indiscutibles, objetivables, medibles y elocuentes, dirigidos a políticas que permitan combatir la desigualdad y que procuren elevar el nivel de partida de los niños más pobres en una sociedad brutalmente competitiva donde nacieron postergados diez pasos atrás de la largada.
Yamandú tiene que poner a Oddone contra las cuerdas y conminarlo a obtener los recursos para que esta política pueda mantenerse al menos en el mediano plazo durante cuatro o cinco años.
Si se comunica bien esta disposición de ánimo y se implementa con transparencia y gestión plural, si la gestión incorpora a toda la sociedad, si se explota adecuadamente esta sensibilidad que es transversal, creo que hay espacio y tiempo para cambiar la pisada. No es la Revolución, ni cambiará las clases en el poder, ni abatirá el dominio de los poderes fácticos, ni marcará el ascenso invencible del proletariado ni solucionará todos los problemas del capitalismo, pero marcará un rumbo y una vocación democrática que atienda a la justicia social y la igualdad de oportunidades.
Deben invertirse recursos públicos y captar inversiones del sector privado. Hay que darle participación en esta causa a toda la sociedad sin egoísmo ni protagonismos mezquinos. A las universidades, a los sindicatos, a las organizaciones comunitarias, a los empresarios, a las entidades privadas, a los uruguayos en el exterior.
Deben darse garantías a todos de que no es una iniciativa para crear burocracia ni para realizar políticas clientelistas ni dilapidadoras. No es para regalar nada sino para integrar a un sector que está siendo marginado y que necesariamente debe procurase integrarlo a la sociedad para que el Uruguay sea más justo, más igualitario; para que puedan contribuir a la producción y a la riqueza nacional, y para que podamos vivir en una sociedad más democrática, sin exclusión y sin miedo.
Creo que Yamandú tiene una oportunidad.
La verdad es que escribo esto porque creo que queda solamente una bala y yo, que conozco dirigentes obreros, empresarios, jóvenes y viejos, dirigentes sociales, hombres y mujeres de pueblo, blancos, colorados y frenteamplistas, de milico y de paisano siento que esta es una causa que puede integrar a todos si apostamos fuerte.
Si Oddone dice que no hay plata porque estamos cercados por el perímetro fiscal, las calificadoras de crédito, el riesgo país, la deuda externa y el Departamento del Tesoro de los EEUU, ¡cerrá y vamos!
