El fracaso punto por punto
El primero y más importante se da en la educación. No hubo un solo cambio en el modelo educativo. Las escuelas públicas fueron transformadas en centros de contención familiar, pero los niños salen sin saber leer ni escribir. Entonces culpabilizan a las maestras sin entender que casi las han transformado en madres sustitutas, relegando su papel de educadoras. Las circunstancias que padecen las maestras en los barrios más pobres son desgarradoras, pero ninguna autoridad las escucha. Lo importante es que llenen planillas diarias y semanales.
El pedagogo Miguel Soler Roca decía, a finales de los años 60, que “la escuela está concebida ante todo como una fundamental y definitoria preparación para la vida, no tanto por los conocimientos que aquel contiene sino por las competencias, destrezas y actitudes que genera. Se subraya la capacidad del ser humano de interpretarse a sí mismo y de interpretar el mundo y, por consiguiente, de modificarse y de modificarlo. Para ello, la escuela debe insistir en el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica del individuo y la oposición a todo dogmatismo”.
Por la misma época, Reina Reyes, un modelo de educadora, se preguntaba “¿para qué futuro educamos?”.
El modelo de Robert Silva y Pablo Da Silveira no entendió ninguna de estas cuestiones y terminó alentando a los padres que podían a enviar a sus hijos a colegios privados. Hoy para muchos, escuela pública son malas palabras.
Este modelo contribuyó a segmentar más a la sociedad. Ya no se logra el modelo integrador que caracterizó a nuestro país. Hoy los pobres van a la escuela pública y los sectores medios y acomodados van a un colegio privado de los tantos que han surgido. Pero si a esto sumamos la ausencia de educación en valores, cuando el valor más difundido es lograr el éxito que da el adquirir dinero como sea, tenemos parte de la génesis del delito.
Es absolutamente injusto asimilar pobreza a delito. Sin embargo, todas las medidas que se proponen ahora para enfrentar la inseguridad apuntan a los sectores más pobres de la sociedad. Lo dijo claramente el comisario (r) Jorge Gómez, asesor de Cabildo Abierto, en el informativo de radio Sarandí. Refiriéndose al plebiscito sobre allanamientos nocturnos, le preguntaron si él veía que esa medida se aplicaría con más frecuencia en una residencia ubicada en un barrio acomodado o en un rancho de techo de lata de un barrio marginal. Gómez respondió sin dudar: “La segunda opción”.
Para ser más claro, en todas las propuestas sobre seguridad que se han difundido, no existe una que apunte claramente a combatir la corrupción política y empresarial. Cada vez que se propone legislar sobre enriquecimiento ilícito surgen voces que, por diferentes razones, se oponen. Pero que hay mucha gente en este país, actores públicos y privados, que jamás podrán probar el origen legítimo de sus fortunas, es algo que todos saben aunque sea difícil de probar, precisamente porque su riqueza se sostiene con la impunidad.
Por eso, tal vez, nadie habla de modificar el Código Penal y sí quieren modificar el Código del Proceso. Cosas bien diferentes ambos. Uno es el que establece qué es delito y cuáles son las penas, y el otro es el que dice cómo se investiga y mediante qué procedimientos se logra una condena. Así, una mujer que ingresó 40 gramos de marihuana a una cárcel fue condenada a 4 años de prisión efectiva, mientras el exintendente de Artigas, que dilapidó 8 millones de dólares en horas extras para jerarcas y votantes, solo recibió una condena de 14 meses de prisión en suspenso con libertad a prueba y dos horas semanales de trabajo comunitario. ¿Es menos delincuente Caram que la mujer del preso? Sin embargo, los fiscales y jueces solo aplicaron lo que establece el Código Penal.
Este tipo de inequidades son frecuentes, las viven los que delinquen y también sus familias. Porque, además, a los pobres el INR los manda siempre a una cárcel inmunda; en cambio, para los otros siempre hay un lugarcito mejorado.
Los legisladores oficialistas solo creen que aumentando penas lograrán mejores resultados. Pero ocurre que los delincuentes no andan con el Código Penal bajo el brazo, aunque tengan experiencia en como actuar.
Desde el principio el Gobierno consideró que lograr que mucha gente fuera presa era una demostración del éxito de su gestión. Así llegamos a la más alta tasa de prisionización de las Américas. Tal vez ahora solo nos supere El Salvador. ¿Se logró disminuir el delito? Cualquiera puede contestar esta pregunta. En cambio, solo logramos tener cárceles hacinadas, donde la muerte y la violencia son cosa cotidiana, donde los derechos humanos no existen.
Hubo un efecto peor, porque muchísimas personas que año a año recuperan la libertad terminan en situación de calle sin otra posibilidad que volver a delinquir para subsistir.
El tema cárceles es como una serpiente que se muerde la cola.
Ahora, al final del mandato, aparecieron 75 millones de dólares para ampliar la capacidad del Comcar en 1.500 plazas, que seguramente serán llenadas en poco tiempo. Y así seguir en esta noria perversa. Pero hay algo peor. Desde siempre, aunque no lo reconozcan, los políticos han pretendido controlar el sistema de justicia. Ahora quieren modificar el Proceso Penal. Nunca como en estos últimos cuatro años asistimos a tantos ataques contra la Fiscalía y los fiscales. Lo que hacían los de ellos, como Gabriela Fossati, estaba perfecto. Lo que hacían los otros, como Jorge Díaz, era un horror.
Puede que algunos críticos del sistema tengan razón, sobre todo los que se han fundado en principios estrictamente jurídicos. Pero los políticos atacantes solo han provocado vergüenza. Casi tanta como algunos fiscales y exfiscales, también. Los cuestionamientos políticos solo alentaron que muchísima gente, sin conocimiento de causa, se sintiera justificada para expresar sus críticas hasta en forma soez solo “porque formalizan a los míos pero no a los tuyos”.
Casi todos proponen que la Fiscalía de Corte sea ejercida por un triunvirato, es decir volver al nefasto 3 y 2, que ahora sería 2 y uno. A diferencia de la Suprema Corte de Justicia, donde existe esa forma de gobierno, la Fiscalía solo aplica las leyes bajo el control de un juez. Entonces ¿cuál sería el sentido de tener un triunvirato? Es lógico hasta sospechar que se pretende controlar qué cosas se investigarán y cuáles no.
Otra vez el Gobierno no le ha hecho ningún favor al debate público. Pero también los fiscales se deben una autocrítica que no se pretende pública, sino para mejorar el servicio.
La corrupción policial como problema de seguridad
En el 2010, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, decía a El País: "Tenemos, prácticamente, un escándalo de corrupción policial por semana y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra".
Guarteche explicaba que "la corrupción significa un flanco que no podemos dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare". En realidad Guarteche continuaba con un proceso que había iniciado a mediados de los 90 el inspector (r) Roberto Rivero desde los diferentes cargos que ocupó al frente de la Policía.
El 26 de marzo del 2019, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, envió una comunicación a Asuntos Internos solicitando información relacionada con “presuntos hechos de corrupción o irregularidades” denunciados durante los últimos años, que involucran a personal policial de todo el país. Vázquez recibió, semanas después, un expediente con detalles acerca de las actuaciones de esa repartición. El documento, publicado por Brecha, revelaba el aluvión de denuncias que el principal órgano de contralor interno de la cartera tuvo que enfrentar, con escasos recursos y una demanda creciente.
Entre 2015 y abril de 2019 “se han denunciado 22.077 irregularidades o presuntos hechos de corrupción”, respondían a Vázquez desde Asuntos Internos. Es decir: 5.519 casos al año o poco más de 15 casos diarios, incluidos sábados, domingos y feriados.
Pero el asunto era más grave. Por el 0800 5000 –número de atención al usuario– se recibían llamadas de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Trabajaban allí 24 personas en dos turnos. Según el expediente elevado a Vázquez, sólo en 2015 se atendieron 42.340 llamadas. En los años sucesivos el caudal fue disminuyendo: en 2016 se atendieron 40.822, en 2017 fueron 39.713 y en 2018, 32.533. Esto no quiere decir que las llamadas disminuyeran. Debido a la escasez de recursos humanos abocados a la tarea, año a año más llamadas fueron quedando sin atender. En el documento, Asuntos Internos consigna que se ha registrado un “aumento significativo de llamadas por parte de usuarios a este servicio en el presente año (2019), con importante nivel de llamadas que se registran abandonadas o no atendidas”. En efecto: en 2015 quedaron por el camino 13.044 llamadas. En 2016 el número descendió: no se atendieron 9.170. Pero en 2017 las llamadas ignoradas fueron 16.359, y en 2018 quedaron 41.358 sin atender (es decir: se atendieron menos de la mitad de las llamadas recibidas).
Con estos datos y el trabajo de Asuntos Internos a cargo de la abogada Estela González, el ministro Eduardo Bonomi logró expulsar de la fuerza casi al 10 % de sus integrantes en los diez años de gestión.
¿Alguien podía creer que con el cambio de gobierno estos números descenderían como por arte de magia? Si bien es probable que en el año 2020, con pandemia en pleno desarrollo y la gente voluntariamente encerrada, los casos de abusos policiales pudieron descender, con la recuperación de la actividad, los datos nuevos quedaron a la vista. Y se llevaron por delante a una multitud de jerarcas policiales acusados por actos de corrupción, antes, durante y después del caso Astesiano.
Esta misma semana fue Pedro Bordaberry en radio Sarandí el primer dirigente de la Coalición que mencionó a la corrupción policial como un grave problema. Tanto el Frente Amplio como Bordaberry proponen fortalecer Asuntos Internos, sabedores de que será un área fundamental en la labor del próximo Ministerio del Interior.
Sin corrupción no hay crimen organizado
Pedro Bordaberry también dijo algo interesante a radio Sarandí: “A mi juicio, el narcotráfico nunca es de una sola causa, es multicausa. Creo que una de ellas es el Plan Colombia, lo veíamos como una cosa lejana. Es como un globo, apretaron en Colombia y el aire se expandió por todos lados. No tuvimos prevención como país”, señaló el dirigente colorado.
Ese concepto ya había sido expresado en junio de 1998 al matutino argentino Clarín por el general Charles Wilhelm, entonces jefe del Comando Sur de los EEUU. El jefe militar sostuvo que “a consecuencia de la Operación Colombia, los narcos pueden mudarse al Cono Sur”. Pero como muchos creen todavía que Uruguay es diferente y hay cosas que no nos ocurrirían, no hubo prevención. Y con los narcos llegaron los sicarios.
Corrupción y lavado son dos palabras asociadas, no siempre al narcotráfico. A veces se unen también a nivel de políticos. Y en ese sentido Punta del Este nos ha proporcionado una enorme cantidad de ejemplos en los últimos 35 años.
Ninguna de las propuestas sobre seguridad menciona explícitamente medidas para enfrentar la corrupción creciente, aunque todas dicen que hay que “combatir al crimen organizado”. Ocurre que el crimen organizado, y particularmente el narcotráfico, existen porque hay corrupción política y en las fuerzas de seguridad. Es lo que revela cualquier experiencia que se quiera analizar desde el Río Bravo hasta la Patagonia.
Uruguay está comprometido a respetar las normas establecidas por el GAFI. Y en tal sentido, el fallecido Carlos Díaz, y luego Daniel Espinosa, ambos responsables de la SENACLAFT durante los tres gobiernos del Frente Amplio, lograron modificar normas nacionales, así como mejorar los controles y ampliar la lista de quienes están obligados a realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Aún así, y ellos lo reconocían, los lavadores actúan más rápidamente que los gobiernos, cambiando sus formas operativas.
La LUC aprobada por este Gobierno, tal como lo señalaron varios expertos, disminuyó y flexibilizó los controles. En Uruguay hay crimen organizado, hay narcotráfico, contrabandistas, traficantes de personas y también muchos corruptos, pero hay muy pocas causas judiciales por lavado. Tal vez porque los que lavan tienen poderosos estudios jurídicos y contables detrás, y pueden pagar los servicios de importantes abogados.
Ni los gobiernos ni la sociedad comprenden a cabalidad que el daño más grave no es el lavado, sino la corrupción que genera tanto dinero fácil. Pero lo que muchos dirigentes políticos no llegan a comprender es que cerrar bocas de pasta base no es combatir al narcotráfico.
Cerraron 3.000, según dice Luis Alberto Heber, pero ¿cuántas abrieron? ¿Lograron reducir el tráfico y consumo de drogas? ¿De dónde sale la droga que incautan en las bocas? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Dónde va a parar el dinero que recaudan? Responder estas preguntas es vital para la sanidad de nuestra democracia. Porque, por lo que vemos hasta ahora, la inseguridad parece ser solo una guerra contra y entre pobres.
