La denuncia fue anunciada por el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien sostuvo que existen “hechos de apariencia delictiva evidentes” y atribuyó a Lazo responsabilidad “legal y políticamente” por las decisiones adoptadas en torno al contrato.
El Frente Amplio cuestionó la lectura de la oposición
En paralelo al anuncio de la denuncia, el Frente Amplio presentó las conclusiones de la comisión especial investigadora que durante seis meses analizó el contrato entre el Estado y Cardama.
Los legisladores oficialistas Nicolás Viera y Joaquín Garlo sostuvieron que la investigación parlamentaria permitió detectar “irregularidades graves” y hechos que presentan apariencia delictiva, por lo que anunciaron que toda la documentación será remitida a la Fiscalía.
El senador Nicolás Viera ubicó las principales responsabilidades políticas en la administración anterior y señaló directamente al expresidente Luis Lacalle Pou, tanto por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como por el respaldo político que, según afirmó, otorgó al proceso de adquisición de las patrulleras.
También mencionó al exministro de Defensa Javier García y a otros jerarcas y funcionarios que participaron en el proceso. Para Viera, existió una “ausencia importante en materia de controles” que permitió que se produjeran las irregularidades señaladas por la comisión.
“Está claro, porque la comisión así lo establece con los documentos que estudió y todos los invitados que recibió, que aquí estamos ante un fraude que a todas luces ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que, debiendo controlar y defender al gobierno y al Estado nacional, no lo hicieron”, afirmó.
Garantías, documentación y pagos bajo la lupa
Por su parte, el diputado Joaquín Garlo sostuvo que el objetivo del Frente Amplio fue desde el comienzo “conocer la verdad” sobre lo sucedido con el contrato.
Según explicó, el trabajo parlamentario permitió identificar nuevos elementos relacionados con las garantías, la documentación presentada por Cardama y los pagos efectuados por el Estado.
Garlo afirmó que existieron hechos de apariencia delictiva y cuestionó que algunos pagos se realizaran sin contar con la documentación original a la vista y sin que determinados documentos estuvieran traducidos o apostillados.
“Concretamente, la celebración de esos pagos, sin contar con la documentación original a la vista, sin tener la documentación traducida ni apostillada, constituye irregularidades de gravedad”, sostuvo el legislador.
El diputado señaló que Cardama aparece como el principal responsable de los hechos cuestionados, aunque consideró necesario investigar también la actuación de funcionarios públicos, tanto por acción como por omisión.
Entre los elementos señalados por el informe del Frente Amplio aparecen además el otorgamiento de prórrogas sin registro durante la administración anterior y la ausencia de una comunicación formal sobre la no entrada en vigor del contrato ante el incumplimiento de las condiciones previstas.
El pago realizado durante el gobierno de Orsi
Uno de los puntos centrales de la defensa del Frente Amplio refiere al pago efectuado durante la actual administración.
Viera sostuvo que el gobierno de Yamandú Orsi recibió un contrato que todavía se encontraba vigente y que, en ese contexto, Lazo actuó conforme a las obligaciones contractuales existentes.
“El gobierno del Frente Amplio heredó un contrato que hasta el momento estaba vigente, y la ministra procedió a realizar el pago de acuerdo a los parámetros contractuales”, explicó.
De acuerdo con el senador, las irregularidades vinculadas a las garantías fueron determinadas posteriormente. Una vez que esos elementos fueron conocidos, el Ministerio de Defensa avanzó en la finalización del contrato con Cardama.
