El Poder Ejecutivo decretó que todas las personas residentes en Uruguay, sean ciudadanas legales o naturales, podrán ingresar al país con diagnóstico COVID-19 positivo. Los sindicatos de Rivera, nucleados en COFE, que son quienes deben fiscalizar y controlar el ingreso, denuncian que no tienen medidas de protección.
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En un comunicado los sindicatos de migración, aduana y el sector de la salud manifestaron «honda preocupación». Aseguran que no tienen el equipo de protección adecuado, lo que los vuelve propensos a contraer coronavirus mientras realizan sus tareas.
Además, denuncian que las autoridades no realizaron el corredor sanitario necesario para que las personas contagiadas puedan hacer los trámites desde su «vehículo burbuja». En consecuencia, tienen que bajar e interactuar con personas no contagiadas, sin los mecanismos de seguridad necesarios, como mencionaron en el punto 1.
«Exigimos una vez más al Poder Ejecutivo que garantice el normal funcionamiento de los servicios públicos», sostienen. También demandan contar con insumos básicos necesarios para cumplir con sus tareas y un protocolo sanitario de actuación.