En el decreto la jueza señala que “según lo informado por parte del Equipo Técnico” la denuncia presentada por Graciela “refiere a la vivienda que ocupa y que presuntamente fue entregada en comodato”. La situación, los hechos denunciados y los reclamos “no constituyen violencia basada en género conforme a lo establecido en la ley 19.580, debiendo las partes concurrir por la vía pertinente”, estableció. Por lo tanto la jueza Staricco resolvió “el cese de la intervención judicial y archivo de las actuaciones".
La defensa de la víctima está a cargo del consultorio jurídico del Centro Francisco Pérez, con el abogado Darío Madeiro como referente, quién ya adelantó que apelará la sentencia. Previo a la sentencia judicial Madeiro explicó a Caras y Caretas que “Graciela lo que pide es tiempo, ya que si no le inician un desalojo formal no puede pedir prórroga”, argumentó. “A la única vía que podíamos recurrir es a la denuncia de violencia basada en violencia de género; nosotros buscamos que ellos recurran al desalojo como cualquier persona, que por más que sea dueña, no puede sacar a la fuerza a nadie”, expresó. En este juzgado “no necesariamente los casos tienen que ser entre familiares”, aclaró.
La denuncia fue “por las amenazas, la intimidación, un posible delito de justicia por propia mano, y porque ella teme lo que pueda suceder al vivir en una zona semi rural, alejada”, manifestó. Los Peirano saben “que tienen que iniciar un juicio de desalojo por precario, y no manejarse como con la ley de la selva”, criticó. “Evidentemente la están amenazando”, y además la acusan verbalmente de extorsión a ella “pero en todo caso la extorsión es por parte de ellos”, resaltó.
La jueza “pidió un informe de riesgo al equipo técnico, y dio pase a la Fiscalía de Flagrancia que designe” la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía General de la Nación. Hasta el jueves, previo al archivo judicial la Unidad no había asignado Fiscalía porque el pedido no había llegado al sistema del Ministerio Público, según pudo confirmar la revista con la institución. Según argumentaron, el trámite “viaja en formato papel” entre una institución y otra, “y eso demora porque se hacen fotocopias”. Aún así, desde el juzgado señalaron a Caras y Caretas que el trámite es inmediato y que ya debería haber estado en Fiscalía. Por otro lado, el abogado defensor señaló que pidió “información registral y el padrón no presenta movimientos en los últimos 30 años, por lo que está en duda la venta”, sostuvo.
Caras y Caretas trató de comunicarse con José Peirano Basso, pero el teléfono indicado en la denuncia no recibe llamadas ni mensajes. En el caso de A.G., el teléfono sí recibe llamadas y mensajes de WhatsApp, pero no hubo respuesta a los pedidos de descargo. La revista dialogó con Jorge Barrera, uno de los abogados de Peirano, quien aseguró que su cliente no se había comunicado con él por este asunto.
¿Y el derecho laboral?
Caras y Caretas dialogó con el abogado laboralista Arturo Ferrizo para conocer cuál es la normativa que aplica en casos de trabajo irregular y relaciones de dependencia encubierta, que podrían aplicar para la situación que relata Graciela, publicada esta semana en la web y que reproducimos más adelante en el artículo.
“Eventualmente se trata de una relación laboral encubierta”, comenzó, si se tienen en cuenta “los indicios por los cuales se puede determinar la existencia o no de un vínculo laboral a partir de la recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo”, destacó.
Entre los indicios está “la producción de bienes y servicios respecto a otra persona, la ajenidad en los beneficios de la actividad, la integración en la estructura de la empresa, como lo describe la cláusula 13 de la recomendación”, explicó. La normativa uruguaya “los recoge en el decreto reglamentario de la Ley de Trabajo en Plataformas”, detalló.
“Eventualmente la persona que prestó su fuerza de trabajo en beneficio de quienes son dueños de ese lugar y que necesitaban que ese lugar fuera cuidado puede generar la posibilidad de un reclamo laboral”, explicó. “La existencia o no de una relación laboral siempre la determina un juez, de acuerdo a la prueba que se pueda expresar en el proceso judicial”, aclaró.
El proceso a seguir en caso de presentar un reclamo sería realizar “una instancia de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y posteriormente si no se llegara a un acuerdo sobre los rubros que se reclamen, presentarse en el Juzgado Letrado del Trabajo que corresponda”, detalló. “La limitación de la jornada, la licencia, las vacaciones, el aguinaldo, las horas extras, son todas normas generales que abarcan a todo tipo de trabajador ya sea urbano o rural”, subrayó.
“Lo que evidentemente hay es una persona que está al servicio de otra, al cuidado de la propiedad privada de otra persona pero sin recibir contraprestación, eso no se soluciona solamente con dejarla vivir en el lugar”, opinó. “Salvo que el dueño de ese terreno pueda acreditar que hay una situación de comodato, que también es una posibilidad”, matizó. “El comodato es una es una figura civil que implica dejar estar a alguien en un lugar sin una contraprestación”, comentó.
“En este caso habría que determinar si el terreno está en un lugar urbano o rural”, porque en el último caso incluso “hay un procedimiento especial para realizar el desalojo”, pero de cualquier forma la trabajadora “no queda desamparada por el derecho”, evaluó.
Testimonio
En 2019 Graciela llegó con su marido Alverto, quien ya trabajaba hace años para los Peirano, a habitar la vivienda del barrio Colón. “Al llegar, la casa estaba horrible, y tuvimos que arreglarla, pero a los 6 meses mi marido falleció”, relató a Caras y Caretas. Luego del velorio, el administrador A.G. dialogó con ella y ante la consulta de si tenía que dejar la casa le dijo que “no, pero que le ponía una condición: usted no me vaya a dejar solo el terreno ni la casa”, recordó. “‘Usted se puede quedar a vivir ahí, mientras yo tenga vida’, esa fue la palabra del administrador”, señaló.
“Es una casa de 200 años que se estaba cayendo toda, y yo decidí arreglarla a mi costo, para no estar viviendo de esta manera”, expresó. “Con mi familia gastamos casi 400.000 pesos, porque hay una pieza inmensa de grande, entre chapa, perfiles, el comedor y la cocina que lo hicimos todo de yeso, y hay otra pieza que no se podía usar porque era inhabitable”, describió.
Si bien su marido iba a la propiedad de la familia Peirano a trabajar, y por lo tanto a cobrar un sueldo por ello, luego de su fallecimiento lo que le ofrecieron a Graciela fue vivir allí sin cobrarle alquiler. Ella y su familia se hacen cargo de pagarles las cuentas de gastos comunes directamente a Peirano, ya que no están a su nombre.
“Yo entiendo que el terreno y la casa son de ellos, y hace dos años atrás José Peirano se comunicó para decirme que iban a ir a visitar el terreno personas interesadas en comprarlo”, sostuvo. “Yo no hacía problema, y arrancaron a visitar”, señaló. “Hace poco tiempo vinieron a ver el terreno y yo le pregunté a Peirano qué hacía si lo vendían, y me dijo ‘usted viva su vida normal, tranquila’”, explicó.
“A Peirano le pregunté ‘en caso de que usted venda el terreno, ¿qué hago yo con mi nietita?’, y me respondió ‘las ventas llevan tiempo, quédese tranquila’”, comentó. De cualquier manera, “paré las obras, porque me di cuenta de que no estaba siendo sincero”, lamentó. “Si me decía con tiempo, yo iba buscando otro lugar”, porque Peirano sabía “que yo estaba arreglando la casa”, criticó.
A Graciela también le molestó la forma en que la trataron al comunicarle la venta. El capataz fue y le dijo que “no traía buenas noticias, y que en 45 días tenía que dejar la casa, y como máximo 50 días”. Sin embargo, la semana anterior ella había hablado con el señor Peirano y le dijo que siguiera su vida tranquila allí, “pero ahora el terreno se vendió”, le dijo A.G.
Ante esta situación, Graciela le contestó que iba a hacer lo posible por retirarse, pero que no sabe “a dónde va a ir” con su familia. “Nos quiere sacar como si fuéramos animales”, cuestionó. Y por otro lado, con el correr de los días le dijeron “que haga lo posible, y que le daban 300 mil pesos para pagar un depósito y guardar las cosas en algún lado, pero después de irse”, advirtió.
“Nos tratan como si fuéramos cualquier cosa, y no es fácil conseguir así de rápido”, manifestó. Lo último que le dijeron, sobre el fin de semana, es que “ya no hay más prórroga” y que si no se iba “le van a cortar la luz y el agua”, aseguró. “Como si fueran un juzgado”, subrayó. Además “ahora retiraron la oferta del dinero, y eso que para ellos es un vuelto lo que estoy pidiendo prestado”, cuestionó.
“Si vieras el terreno cuando llegamos, estaba horrible y ahora todo el mundo entra a mirar porque está limpito”, puntualizó. Eso es así porque “nosotros vivimos cortando el pasto, compramos la maquinaria, y ellos nunca fueron capaces de decir ‘llévenle un poco de nafta a Graciela’, el portón también lo hicimos nosotros, pero poco les importa”, resaltó.
“Yo necesito 15 o 20 días para levantar una pieza al lado de la casa de mi hijo, pero primero preciso la plata para construir, sino no me puedo ir a ningún lado”, destacó. Al capataz “le dije que de la manera que me vienen a desalojar está mal”, apuntó. Los Peirano tienen una casa a pocos metros, y señalando A.G., le contestó “los de allá arriba dicen que quieren que te vayas porque ya vendieron y el que compró quiere la casa y el terreno vacío”, expresó.
Si Graciela no se va, le dijeron que se van a comunicar con el abogado Jorge Barrera “para que mueva los papeles del desalojo” y lo que a ella más bronca le da es que le dijeron “que van a hacer una denuncia por extorsión”, recriminó. “Como diciéndome que, si no me voy, iba a tener problemas, pero me amenazó”, indicó. La familia Peirano vendió “por $870.000 dólares y nos quieren sacar de la forma que se les antoja”, fustigó.
“Yo sé que ellos no pueden tomar la ley por sus manos, porque más allá de todo un desalojo no se hace de esa manera”, agregó. “Quise hablar con Peirano y le mandé mensajes a él y a una hermana [Blanca Peirano], y ninguno de los dos me contestó”, lamentó. “Estoy viviendo un infierno, y me da miedo que en cualquier momento puedan venir ellos a sacarme”, admitió. “Estamos buscando para irnos desde el primer día, pero no encontramos”, sentenció.
“Si ellos vinieran y me dijeran ‘Graciela, tenés 2 o 3 meses para buscar’, yo soy consciente de que tengo que salir a buscar porque este lugar no es mío”, destacó. “Pero ellos quieren todo en días, y no es fácil para nadie conseguir tan rápido”, opinó.
Los Peirano “se piensan que estoy dormida, y aunque no ande metida en líos conozco un poco de leyes, pero están re de vivos”, denunció. “Cuando querés desalojar a una persona tenés que hacerlo por la vía judicial”, manifestó. “Se pensaron que como yo estoy sola, con mi hija y mi nieta, me iba a asustar, pero voy a seguir luchando porque con la verdad voy a cualquier lado”, concluyó.
Los puntos en las íes
Previo a tomar conocimiento de la sentencia judicial del jueves a la tarde, el abogado Madeiro criticó la “demora” de la jueza Staricco en adoptar medidas cautelares. “Primero mandó a Graciela al equipo técnico, para después valorar el informe”. Ese documento a la tarde del miércoles no lo habían entregado aunque la entrevista fue a la mañana, “ni tampoco el expediente está en el despacho de ella”, cuestionó.
El defensor destacó que en el Juzgado de Cuarto Turno tiene otra causa en la que “se adoptaron las medidas cautelares antes de tener la entrevista a la víctima y los denunciados con el equipo técnico”. Resaltó que “hay un abismo entre las diferentes sedes, porque la ley es la misma”. Depende “con la suerte que corres, según el juez que te toque”, puntualizó. En ese otro caso los denunciados “tampoco son familiares”, subrayó.
Graciela “teme porque en las últimas horas aparecieron personas merodeando por el lugar haciéndose pasar por posibles compradores”, advirtió. Aunque “se suponía que el padrón ya se había vendido”, transmitió. “Le expliqué que no tiene por qué dejar entrar a nadie por más que digan que son posibles compradores, solamente si van acompañados por el capataz o por alguno de los hermanos Peirano”, aclaró.
Algunos abogados con los que Caras y Caretas habló informalmente criticaron la decisión de Madeiro de recurrir a la denuncia de violencia de género y señalaron que lo más oportuno hubiera sido una denuncia penal por violencia privada. Ante estos cuestionamientos el abogado defensor respondió que “para eso se derivó a la Fiscalía, y esta dirá si es violencia privada o violencia de género”.
“En definitiva, si yo hubiera empezado una denuncia por violencia privada, me pasaría lo mismo que me está pasando ahora en el juzgado, que mientras le asignan turno a la mujer la matan o la hieren”, evaluó. “Yo voy por el camino más rápido para la víctima, aunque la DPA y la Jueza no den la atención o la prioridad que necesita”, sentenció.
