El juez penal de garantías, Fernando Islas, quien entiende en la denuncia presentada en junio de 2020 por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación contra el exdirector del organismo, Nicolás Cendoya, y contra el expresidente y vicepresidente de ese organismo, además de otros funcionarios de la administración pasada, comenzó este martes la audiencia de control de acusación.
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Se trata de la audiencia previa al juicio oral, donde se resuelven cuáles serán las pruebas que las partes -fiscalía y defensa- podrán utilizar en la instancia de juicio oral. La batalla por la subsistencia de las pruebas para cada parte es el punto clave, porque las que quedan fuera de la audiencia de control de acusación no podrán obviamente presentarse a la hora del juicio oral. Por eso, según distintos operadores jurídicos, la audiencia del control de acusación previa a la instancia del juicio es hasta más importante que el propio juicio oral.
En tanto, la primera audiencia de control de acusación del juicio oral se extendió durante más de tres horas y sólo se plantearon dos puntos, según pudo conocer Caras & Caretas. Por un lado, la defensa de la exsecretaria de Cendoya, Luján Varela, y el exsecretario de Ursec, Óscar Mecol, planteó el pedido de sobreseimiento al juez Fernando Islas, punto que se dirimirá la semana próxima. Y, por otro lado, la penalista Cecilia Salom solicitó al juez de garantías que el fiscal Diego Pérez, quien acusa a los funcionarios de la Ursec de la administración pasada, sea investigado por la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de desacato y abuso de funciones. En este caso, Salom solicitó que el fiscal general de la Nación, Juan Gómez, revise el accionar del fiscal Pérez.
“Lo que hace el fiscal Diego Pérez es fraude procesal”, dijo uno de los operadores jurídicos involucrados en la investigación. Las fuentes consultadas por Caras & Caretas indicaron que a pesar de que Pérez tenía una prórroga para seguir investigando el caso de la Ursec durante 60 días -que finalizaban el 8 de mayo-, la semana pasada llegó a un acuerdo para lograr un juicio abreviado con el exdirector de Contralor de la Ursec, imputado en la investigación. Pérez no sólo no interrumpió la investigación, y por eso habría incurrido en desacato, sino que también organizó ese acuerdo abreviado con un juez distinto al de la investigación de la Ursec que se extiende desde junio de 2020. El juez natural del caso -explican las fuentes consultadas por Caras & Caretas- es Fernando Islas y no el juez Alejandro Asteggiante con quien Pérez homologó el acuerdo abreviado alcanzado con el imputado Abascal.
Según conoció este medio, la razón por la cual la penalista Cecilia Salom solicitó al fiscal General de la Nación Juan Gómez que revise la conducta y los posibles delitos cometidos por el fiscal Diego Pérez, reside justamente en que la continuación de la investigación por parte del fiscal Pérez no sólo transgredió el plazo de prórroga decretado, sino que llegó a un acuerdo con el imputado Luis Abascal, que era un testigo clave en el juicio del exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya.
En la audiencia del martes de control de acusación se señaló por parte de una de las defensas de los acusados al juez de garantías, Fernando Islas, que lo hecho por el fiscal Pérez “es una trampa”.
En definitiva, lo que ocurrió es que, luego del acuerdo abreviado, el exdirector de Contralor de la Ursec, imputado Luis Abascal, se declaró culpable del delito de abuso de funciones y ahora, cuando se lo cite en el juicio en contra del exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya, su versión estará contaminada por el juicio abreviado alcanzado por el fiscal Pérez.
Fuentes de la investigación indicaron a Caras & Caretas que “el fiscal Diego Pérez inventó una causa dentro de la causa principal contra el exdirector de Contralor de la Ursec Luis Abascal por presuntas irregularidades en una radio de Florida. El fiscal -indicaron los informantes- habría amenazado a Abascal de imputarlo sobre ese asunto para lograr el acuerdo abreviado. De paso, de esa manera, Pérez evitó que Abascal declare libremente en el juicio oral contra Cendoya”. La eventual presión que ejerció Pérez sobre Abascal lo haría incurrir en el delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.
Además, durante la audiencia a la que tuvo acceso Caras & Caretas, la defensa del expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, sostuvo que la conducta del fiscal Pérez se enmarca “en un patrón de conducta caracterizado por la mala fe”. Los imputados recuerdan que la primera vez que los citó junto a sus defensores en el invierno de 2020, Pérez los hizo esperar 5 horas en la calle hasta hacerlos pasar a Fiscalía.
En la instancia de la audiencia de control de acusación que comenzó este martes, y que se prevé se extenderá por varias semanas, se confrontará entre lo que Abascal declaró ante el fiscal Pérez antes de ser formalizado con lo que terminó diciendo para su acuerdo abreviado que, en definitiva, fue lo opuesto.
El otro punto que los defensores de los acusados por la Ursec cuestionaron en la audiencia del martes es la decisión del organismo y del Ministerio de Industria de negar los legajos de unos 15 funcionarios policiales involucrados en las incautaciones de celulares y dispositivos de la Ursec, y el legajo de los funcionarios de la Unidad Reguladora que también deberán declarar en el juicio. Los legajos pueden ser importantes porque hay funcionarios que declararán como testigos del organismo y que cuentan, por ejemplo, con antecedentes administrativos y sumarios.
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