Tras algunos vaivenes políticos, como el escándalo de Romina Celeste que llevó a la intervención del consultorio de la facultad, a fines de 2024 se llegó a juicio. "Tuvimos una audiencia en diciembre con el MSP y el Ministerio de Transporte, donde éstos alegaron que la audiencia estaba mal, que reconocían la situación de discapacidad de mi hijo pero no tenían plata; agregaron que a su juicio tampoco estaba claro qué era ser discapacitado y argumentaron que una persona que usa lentes ya tiene una discapacidad y por lo tanto, si es así, en Uruguay hay 800.000 discapacitados. El juez fue concreto y les dijo esta persona tiene el derecho y se tiene que cumplir con la ley", subrayó.
De esta manera, en diciembre el juez falló a favor de Felipe y ordenó el procedimiento que establece la ley. "Al ser un recurso de amparo, las apelaciones no tienen efecto suspensivo y se tienen que cumplir igual", indicó. En esa línea, la entonces ministra de Salud Pública, Karina Rando, cumplió la sentencia. "A los cinco días sacó una resolución donde afirmaba que Felipe estaba comprendido en el decreto. Pero el Ministerio de Transporte no solo no cumplió sino que presentó unos escritos cuestionando al juez. En los primeros días de febrero el Tribunal de Apelaciones de tercer turno, por unanimidad y en tiempo récord, reafirmó la sentencia de primera instancia y le puso una multa de 10.000 pesos por día mientras no cumpliera la sentencia".
Desde ese momento las empresas comenzaron a tramitar los pases. "Cutcsa nos dio un pase libre como si fuera familiar para que pudiera usar todas las líneas como solución provisoria hasta una solución definitiva. En Copsa le dan 30 boletos por mes en la línea que usa. Coetc nos dio un abono de 30 boletos mensuales", indicó Freire.
Pase libre
Además, tras la asunción del nuevo gobierno, se creó una comisión interinstitucional integrada por los ministerios de Transporte, Mides y Salud Pública para una solución definitiva.
En cuanto a la vía legal, indicó Freire que hay "dos compañeros más que están en juicio, están en la etapa de petición. Todo el que vaya a juicio por este tema lo va a ganar porque Uruguay firmó varios convenios internacionales de transporte de personas en situación de discapacidad y al haber firmado convenios internacionales se asimilan a la Constitución, y de acuerdo al artículo 332 de ésta, las normas constitucionales que establecen derechos a los ciudadanos no se pueden dejar de cumplir así no haya reglamentación".
"Sabemos que cualquier persona en situación de discapacidad que vaya a juicio lo va a ganar. Nosotros fuimos los primeros y sabemos que hay dos más en marcha y puede haber más", sostuvo.
Hay avances, agregó, pero "el obstáculo es el económico". En ese sentido recordó que las intendencias ya dan pases de transporte, al igual que el Mides y Salud Pública. Además, "hay 70.000 personas que tienen pensión por discapacidad, pero muchas de ellas no tienen posibilidad de moverse dentro de su departamento porque no hay unidades accesibles, y otras no tienen motivo para querer irse y ya están cubiertas por las intendencias, entonces no es que vaya a haber 70.000 personas para viajar. Hay gente que necesita pero no son decenas de miles", culminó.
