Privados de libertad de cárcel de Campanero reciclarán motos incautadas por Intendencia de Lavalleja

Entre las líneas de acción previstas se incluyen iniciativas productivas vinculadas a actividades agrícolas, ganaderas, hortícolas, forestales y de servicios, programas de formación y capacitación laboral, acciones de infraestructura y mantenimiento, así como proyectos ambientales orientados al reciclaje y la preservación de espacios públicos.

La Intendencia de Lavalleja aportará recursos, asesoramiento técnico, infraestructura y coordinación institucional, mientras que la Unidad Nº 17 Campanero contribuirá con mano de obra, espacios y organización operativa, asegurando el seguimiento permanente de los proyectos acordados.

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Trabajo en cárceles y prevención del delito

De la firma del convenio participaron el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro; el Intendente de Lavalleja, Dr. Daniel Ximénez; el Director de la Policía Nacional, comisario general (R) José Manuel Azambuya; la Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Dra. Ana Juanche; el Jefe de Policía de Lavalleja, comisario general Alfredo Rodríguez, y el Director de la Unidad N.º 17 Campanero, comisario Carlos Brazeiro.

Negro, destacó que el proyecto apunta a dar respuesta simultánea a dos problemáticas relevantes del país, la necesidad de generar trabajo para las personas privadas de libertad y la proliferación de motos en situación irregular, con todo lo que genera en materia de tránsito y a la vez como instrumento para la criminalidad.

“Este convenio viene a juntar estos dos grandes problemas y, en un círculo virtuoso, darles una solución única a los dos”, señaló.

El Ministro subrayó además la preocupación por el ocio y el hacinamiento carcelario como factores criminógenos, y sostuvo que el trabajo mancomunado entre las instituciones “viene a darle batalla a esta problemática y a aunar esfuerzos para que en algunos años tengamos mejores establecimientos de reclusión y, por lo tanto, una mejor sociedad”.

Una solución en materia de seguridad pública como de gestión ambiental

Ximénez, afirmó que el acuerdo firmado “es puntual, pero representa el puntapié inicial para hacer muchas más cosas en conjunto”. Explicó que permitirá liberar uno de los corralones municipales, donde actualmente cerca del 60% del espacio está ocupado por motocicletas incautadas desde hace años. “La idea que le planteamos a la gente de Campanero es desarmar esas motos para poder compactarlas y cambiar lo que se pueda reprocesar en hierro y recibir varillas. Pero también va a haber clasificación de plásticos para las cubiertas”, indicó.

El intendente destacó además la voluntad de ambas instituciones y la rapidez con la que se concretó el convenio, lo que permitirá comenzar el próximo año con la tarea de desarme de motocicletas, aportando soluciones tanto en materia de seguridad pública como de gestión ambiental.

Reinserción sociolaboral y justicia restaurativa

Juanche, explicó que el convenio tiene como objetivo central destinar trabajo a las personas privadas de libertad para el desensamble de motocicletas incautadas, permitiéndoles colaborar con la comunidad y acceder a una oportunidad concreta de reinserción sociolaboral.

En ese sentido, resaltó el rol clave de las intendencias como segundo nivel de gobierno, al actuar como puente con la comunidad local a la que las personas retornarán progresivamente.

Juanche señaló que esta iniciativa se inscribe también en una lógica de justicia restaurativa, en la que las personas privadas de libertad se reintegran mediante trabajo comunitario y tareas de utilidad social, asumiendo responsabilidades positivas frente a la comunidad.

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Un "mayor acercamiento a la sociedad"

Brazeiro, valoró la iniciativa como un apoyo significativo para la unidad, al permitir un mayor acercamiento a la sociedad civil.

"Las cárceles son parte de la sociedad. Entendemos que son importantes los recursos institucionales que puedan, de alguna forma, colaborar implicando mayor actividades laborales, educativas y deportes, como actualmente se está haciendo”, expresó.

En ese sentido, el flamante convenio tendrá una duración inicial de cinco años y refuerza el compromiso del Ministerio del Interior y del gobierno departamental con un modelo de gestión penitenciaria centrado en la rehabilitación, el trabajo y la integración social, generando beneficios tanto para las personas privadas de libertad como para la comunidad del departamento.