Amnistía Internacional: «En Uruguay no existe una política de Estado en materia de derechos humanos»

El poco avance en los procesamientos a responsables de crímenes durante la última dictadura, la aún presente discriminación contra las personas con discapacidad y la falta de igualdad de género, así como los obstáculos para el acceso de las mujeres a un aborto seguro y legal fueron algunos de los señalamientos que hizo la ONG Amnistía Internacional a Uruguay en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Según la organización, pese a los esfuerzos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, «apenas hubo avances en los escasos procesos penales por los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985». No obstante, destacó que el Grupo logró el acceso a los archivos del cuartel de Fusileros Navales y que para este año está previsto que publique las conclusiones de su trabajo. La ONG mostró preocupación por el fallo de la corte de Roma sobre el juicio por el Plan Cóndor y las implicaciones que tiene para los familiares de las víctimas la absolución de 19 imputados por los crímenes de tortura, secuestro y desaparición. «El fallo de Roma deja también al descubierto que en Uruguay no existe una política de Estado en materia de derechos humanos», aseveró Amnistía Internacional en su resumen ejecutivo sobre el informe y llamó la atención  sobre «la falta de hallazgos, la discrecionalidad y demora con la que se investigan los hechos ocurridos en el pasado reciente». «La organización exige a las autoridades uruguayas de los tres poderes del Estado tomar las acciones pertinentes para saldar la deuda histórica por la eliminación de la impunidad por los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar», afirma el resumen. Discriminación y obstáculos Amnistía Internacional recordó que en agosto pasado el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pidió a Uruguay «la creación de mecanismos de consulta para las personas con discapacidad a fin de permitirles participar en la adopción de políticas públicas y legislativas y de garantizar métodos accesibles para denunciar discriminación por motivos de discapacidad». A su vez, otra instancia de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, instó al país a emprender más acciones en aras de reducir la discriminación contra las mujeres afrodescendientes y mejorar su acceso a la educación, el empleo y la salud. Dicho Comité, a la vez que celebró la reducción de la mortalidad materna y la ampliación del acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, se mostró preocupado porque aún existen limitaciones en las zonas rurales y por el uso generalizado de la objeción de conciencia entre los profesionales de la medicina, lo cual limita el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguros y legales. El organismo internacional solicitó al gobierno «que evaluara la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional a fin de identificar las zonas insuficientemente atendidas y garantizar una financiación adecuada; le pidió también que adoptara medidas para asegurarse de que las mujeres tuvieran acceso a servicios de aborto y postaborto legales, y que fijara requisitos más rigurosos para impedir el uso generalizado de la objeción de conciencia en los casos de aborto», expresa el informe. El documento elogia que por primera vez Uruguay elaboró un censo de personas transgénero con la intención de entender mejor sus circunstancias. Asimismo, señala que se crearon con éxito centros de salud libres de homofobia. Sin embargo, apuntó que la discriminación hacia las personas transgénero continúa siendo un problema y que falta una atención de salud integral para las personas LGBTI. Lea el resumen ejecutivo del informe de Amnistía Internacional: