El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) adoptó medidas para «mejorar la crítica situación económico-financiera del instituto» que «se arrastra desde hace más de una década».
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En un comunicado que enviaron a todas las personas socias de la CJPPU, el directorio informó que el instituto tiene resultados negativos desde 2014. Las proyecciones realizadas hasta 2026 «alertan sobre la necesidad de encontrar urgentes soluciones».
La CJPPU decidió dos medidas. Primero, dejar sin efecto a partir de abril las excepciones previstas en los numerales 1 y 2 de la resolución 312 de 2016, que refiere a seguros de salud para algunas personas jubiladas. ¿Quiénes estarían abarcados por esta medida? Los pasivos cuya única pasividad sea la de la caja y tengan un nominal de pasividad menor a $ 54.685 (a enero de 2022); estos dejarán de cobrar el beneficio que se paga por concepto seguro de salud ($ 2.363 a enero de 2022). En el caso de los pasivos que tienen 15 años o más, dejarán de cobrar un beneficio adicional en concepto de complemento de seguro de salud ($ 1.108 a enero de 2022).
La segunda medida es no renovar los beneficios adicionales de 2,5% y 3% en concepto de ajustes por encima del mínimo constitucional. Este beneficio no abarca a todos los pasivos, seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Aseguran que «en ningún caso el afiliado tendrá un nominal inferior al que viene cobrando».
Propuestas de la Caja al Poder Ejecutivo
Además de estos cambios, el directorio de la CJPPU elevó algunas propuestas que necesitan aval del Poder Ejecutivo para entrar en vigencia porque requieren modificaciones legales. Entre ellas, que los profesionales que se declaran en estado pasivo, es decir, no estén ejerciendo como independientes, deban aportar una suma de dinero (no definida en el comunicado) con vigencia «total o parcial en el tiempo, en función de las mejoras que se logren».
También proponen:
- Que el IASS recaudado de afiliados de la caja quede como ingreso de la institución en lugar de volcarse a rentas generales.
- Un aumento de la tasa de aportación, del 16,5 al 18 %, siendo 1 % permanente y 0,5 % transitorio (sujeto a evolución de los resultados económicos financieros de la institución).
- Incremento de gravámenes (timbres) correspondientes a cada escrito o acta otorgado por un profesional en el ejercicio de su profesión que se presente o formule ante órganos públicos estatales o no, y tribunales arbitrales (inciso A); la venta de específicos de uso humano (inciso D); la importación de instrumental médico (inciso H).
- Ratificación anual de las Declaraciones de No Ejercicio.
- Derogación del artículo 772 de la ley de presupuesto nacional del año 2021, que impide el cobro de determinados timbres.
También mencionan que «con una mirada a largo plazo se incluyó como posible medida a ser considerada incorporar a la Caja a los nuevos afiliados dependientes».