Cuando el poder político busca silenciar a los periodistas

La polémica se instaló en la sociedad uruguayo cuando se supo que el coordinador del informativo Subrayado de canal 10, Eduardo Preve, fue despedido. Según la información que circula en redes sociales, y que Preve no ha confirmado ni desmentido, el periodista habría sido desvinculado del informativo porque desde Presidencia de la República se expresó malestar con su tarea.

Hubo otros casos de amenazas e insultos a comunicadores en el último año. El periodista Gabriel Pereyra fue amenazado de muerte, la periodista Sandra Canio fue despedida por la dirección de la radio Tabaré de Salto por hacer una entrevista a un dirigente sindical, y la periodista Iliana da Silva fue víctima de insultos y amenazas a través de las redes sociales, entre otros casos.

Cainfo también recuerda el episodio de Aldo Silva, cuestionado por integrantes del oficialismo por sugerir que el presidente Lacalle Pou debería encargarse de anunciar las muertes por covid-19.

En el séptimo informe de Monitorio de Amenazas a la libertad de expresión, se registraron 49 casos de amenazas, frente a 26 que se registraron en el sexto informe. La mayoría de ellos (30) consiste en restricciones al acceso a la información pública (Presidencia de la República fue el organismo que más rechazó solicitudes), pero también hubo ocho casos de agresiones.

El presidente  de Cainfo, Fabián Warner, indició que situaciones como esta podrían derivar en casos de autocensura de periodistas y dijo que, más allá de alguna situación concreta, asistimos a un «escenario de reiteras presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación».