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Director frenteamplista de OSE votó en contra del aumento

El director en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, votó en contra de la decisión de subir las tarifas, postura que hizo pública desde las redes sociales.

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«Directorio de OSE: no acompañamos aumentar las tarifas y no considerar la situación de pandemia a nivel social, que golpea más a los que menos tienen, y económica, que afecta a las medianas y pequeñas empresas. Es necesario cubrir IPC y obras, pero financiado por el gobierno,» escribió en su twitter el profesor y director de Ose Edgardo Ortuño.

El aumento propuesto para OSE es un 8.2 % , compuesto por un 7.2% de ajuste de tarifas incluyendo un adicional para cubrir el desfajase entre la entrada en vigor del ajuste y su recaudación efectiva, más un 1 % para el financiamiento de una obra de potabilización para ampliar el abastecimiento de agua de la Costa de Oro de Canelones (al Este del balneario Costa Azul hasta Jaureguiberry).

El voto de Ortuño en el caso especifico de éste aumento y de como deben financiarse las obras, hacen  a su concepción sobre la gestión del vital elemento.

En oportunidad de cotizarse el agua en la bolsa de Wall Street, Ortuño declaró a Caras y Caretas Portal: «El hecho plantea de forma explícita la existencia de de una disputa, conceptual por el momento, entre quienes concebimos al agua como un recurso esencial para la vida y por tanto el acceso a la misma como un derecho humano, y quienes la conciben como una mercancía.

Lo que está claro es que tanto el crecimiento demográfico y económico, combinado con los efectos del cambio climático lo proyectan como un recurso progresivamente escaso en zonas de un mundo que a su vez está globalizado, por lo que se requiere de una mirada global y acciones decididas de los Estado para regular y garantizar los derechos vinculados al agua.

El desafío es enfrentar la lógica de Mercado y hacer a la vez un uso responsable y consciente de la importancia creciente del agua y su cuidado desde una perspectiva de derechos con una actitud pro activa de la sociedad y del Estado para garantizar el acceso a la misma como bien público.

Uruguay una vez más está a la vanguardia por su historia en el abastecimiento público de agua potable, y particularmente desde la reforma constitucional de 2004 que definió el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y estableció la responsabilidad del Estado al respecto en contraposición a cualquier impulso privatizador.

No obstante hay que continuar profundizando esa línea garantizar fortaleciendo las capacidades de los organismos públicos responsables (todo lo contrario a debilitar su capacidad de inversión y desarrollo) y la consciencia de la sociedad sobre el tema».

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