Breviario de un inquisidor: el senador Domenech y su periplo como «abogado sumariante»

Es decir, en calidad de tal, el hoy senador operaba como una suerte de “ministro inquisitorial” que se esforzaba por mantener las supuestas “purezas” de las formas de persecución intelectual dispuesta por las autoridades de la dictadura.

La publicación del medio señala que “el 2 de enero de 1979, Guillermo Domenech (…) firmó una constancia para cargos públicos, documento solicitado por la Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Información y Defensa”.

El mencionado documento, señala el medio de prensa, “forma parte de los “archivos Berrutti” (y) era requerido para trabajar en el Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior, donde Domenech fue abogado encargado de la Oficina de Sumarios a partir de 1975”.

El cabildante, tuvo una destacada participación en al menos una investigación, cuyo objeto central fue la revisión de “trabajos y monografías supuestamente subversivos y de “contenido marxista” presentados por alumnos de los sextos años del Liceo 14 en 1972 para la aprobación de año”.

La documentación señala que “en un informe confidencial fechado el 6 de agosto de 1975 figura que Domenech era quien investigaba a varios estudiantes y profesores por el contenido de estos trabajos”.

La “investigación” sobre estos trabajos lo señala como interrogador de profesores y estudiantes y en los documentos se observa su denominación como “abogado sumariante”.

Además de esta “función de interrogador”, los datos publicados indican que Domenech llegó a “proponer la destitución” de varios profesores, “una resolución que fue efectivizada el 9 de mayo de 1978 por el rector interventor Daniel Ferreira y por el coronel Julio R Soto, vicerrector interventor”, agrega el medio de prensa.

Los “méritos” del actual senador incluyen, para todos los casos revisados por La Diaria, el consejo del mismo sobre “la destitución del docente con retención de sueldos debido a que este había aprobado varias monografías y resúmenes de libros en los que se formulaban “elogios de un sistema político de naturaleza subversiva”.

“En uno de los documentos, fechado el 7 de octubre de 1975, consta que a causa de un informante que entregó los trabajos se procedió a la realización de una investigación sumarial para establecer “las responsabilidades que pudiera caber a quienes las aceptaron como elementos válidos para la evaluación de conocimientos con miras al pasaje del curso”. Los profesores que fueron citados eran de variadas asignaturas: Historia, Filosofía, Literatura, Arte Contemporáneo, Ciencia, Matemática, Física, Química, Biología y Dibujo. A los docentes se los investigaba por haber infringido el Decreto 640/973 (Procedimiento Administrativo. Procedimiento disciplinario), que fue derogado en 1991”.

La información aporta elementos que permiten caracterizar el modo en que se realizaban estas investigaciones por parte del “abogado sumariante”: “Una pregunta frecuente era quién había sido la persona responsable de recomendar la bibliografía, ya que algunos de los trabajos investigados eran resúmenes de libros. Otro cuestionamiento (…) era: “A qué se debe que todos los trabajos tengan una orientación de corte marxista”.

En algún caso particular, señala el medio, “cuando Domenech preguntó esto a una profesora de historia con 22 años de antigüedad, ella respondió: “No creo que eso pueda afirmarse, haría falta tener una estadística de todos los trabajos realizados durante seis años”.

Domenech estaba interesado en conocer, y así lo evidencian otras de las preguntas que realizaba, “si el contenido de las monografías respondía a “la acción proselitista de algunos profesores”.

“En los interrogatorios, los docentes recordaron haber sido profesores de esos cursos, pero no tenían presente el contenido de los trabajos, incluso alguno dijo que su tarea sólo consistía en hacer correcciones ortográficas y no de contenido. Uno de los docentes explicó que en el plan piloto que llevaba adelante el liceo “los temas debían ser de actualidad necesariamente”, ya que los programas “se referían exclusivamente al siglo XX y se desarrollaban de forma interdisciplinaria”; además, los trabajos se aprobaban o reprobaban por votación mayoritaria de los profesores”.

El abogado defensor de los profesores objeto de tal inquisitoria, fue el abogado y luego profesor emérito de Derecho Constitucional Horacio Cassinelli Muñoz.

Para el destacado jurista, señala la Diaria, citando los argumentos utilizados en la defensa de los profesores sumariados “los docentes actuaron de conformidad con los principios constitucionales y doctrinales de laicidad y respeto a la libertad e independencia de la conciencia moral y cívica de los educandos (…) señaló que en todos los casos salvo en uno, los trabajos de los estudiantes se trataban de “meros resúmenes de libros”, que “obviamente resultan de la misma orientación que el libro resumido” y que no habían sido vistos por los profesores hasta que se inició el sumario”.

En defensa de los mismos, Casinelli Muñoz “sostuvo que los docentes deben “apreciar los valores del trabajo, con prescindencia de su tendenciosidad, como modo de respetar la libre expresión del estudiante y su independencia de conciencia moral y cívica, religiosa o filosófica (…) que la aprobación de un trabajo estudiantil “no significa, como es obvio, que el profesor comparta la orientación o las conclusiones del trabajo”, ya que lo que se evalúa es “los valores que el trabajo demuestre como ejemplo de la laboriosidad y del rendimiento del alumno en sus estudios”.

En concordancia con estos argumentos, el destacado jurista solicitó que no se procediera a aplicar ninguna sanción a los docentes y que en consecuencia “se clausuraran las actuaciones”.