Los enemigos íntimos de Lacalle II

Se resquebraja, no por piedras que pudiera tirarle el Frente Amplio, sino por las puñaladas traicioneras en sus propias filas. La voracidad por los cargos hace que muestren los dientes todos los sectores coaligados, salvo -justo es decirlo- el Partido Independiente, que, bajo la conducción de Pablo Mieres, ha pasado a formar parte del polvillo cósmico electoral. A Lacalle le bastó un ministerio para meterse en el bolsillo a Pablo Mieres, muchísimo más que lo que su partido podría haber alcanzado si fuera por la voluntad popular. Su misión (que decidió aceptar) será reducir el salario real de los trabajadores, algo que reclaman los sectores más pudientes del país.

Cabildo Abierto: esa piedra en el zapato del heredero

Si el presidente Lacalle cede a la exigencia del sector del general y le exige la renuncia al fiscal de Corte Jorge Díaz, dejará claro (por si a alguien le quedara alguna pequeña duda) que milicos y miliqueros le marcan la cancha al gobierno, al margen de que también colorados y blancos están presionando a la Justicia para cerrar filas en torno al exintendente e impedir que el expediente se destape.

Hablando de expedientes, el de las amenazas de Beatriz Argimón a Cristino duerme el sueño de los justos. No se trataba solo de amenazas, sino de tráfico de influencias y escuchas telefónicas; pero como ya la Intendencia de Maldonado le pagó sus 5.000 dólares al publicista (no hay que negar que la vicepresidenta cumple lo que promete), es muy posible que todo quede en nada, sobre todo, luego de que Fernando quedara escrachado por su mente inestable.

Volviendo a Jorge Díaz, en varias ocasiones lo he cuestionado (más por sus inacciones que por sus acciones), pero esta vez está haciendo lo correcto y defenderlo a él implica defender la institucionalidad de la república. Las dos fiscales, que archivaron el caso contra quien exigió sexo a cambio de renovar pasantías tenían con el acusado vínculos que ameritaban excusarse de actuar. Nadie les critica que fueran blancas ni que lo conocieran, sino que tales vínculos eran demasiado estrechos como para asegurar la imparcialidad.

Como es sabido, el fiscal de Corte ordenó una investigación administrativa para determinar si la fiscal Natalia Charquero debió excusarse, ya que junto al exintendente integró el equipo asesor de Luis Lacalle en 2014, antes de acceder al cargo actual. Por otra parte, los argumentos esgrimidos para archivar el expediente son, jurídicamente, muy poco convincentes. El problema de fondo es que hablamos de Colonia, un pequeño feudo dominado y controlado por los tentáculos del veterano dirigente blanco. La víctima (seamos sinceros) parece ser más rápida que ligera, pero eso no justifica que un jerarca utilice los dineros públicos para condicionar el ingreso o permanencia en los cargos municipales a cambio de tener que convencerlo personalmente. Es tan inmoral Moreira como el Partido Nacional, que se jactó de hacerlo renunciar y ahora lo apoya como candidato y ha participado hace pocos días en la coordinación de las campañas electorales de los candidatos nacionalistas, mientras que el intendente de Maldonado se ha referido a él como un amigo de toda la vida del Partido Nacional.

Uruguay: adiós a la democracia plena

La presión del Poder Legislativo y los partidos derechistas quebranta la autonomía de la Fiscalía General de la Nación; pero Díaz se la banca. “Cuando uno toma las decisiones administrativas que tiene que tomar, poco importan después las consecuencias. No voy a ingresar en el debate político como no he ingresado en 26 años”, comentó a la prensa.

El diputado colorado Felipe Schipani ejerce presión haciendo un pedido de informes desde el Palacio Legislativo, mientras que Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, también aprieta al fiscal de Corte, a instancias de las exigencias Guillermo Domenech y Eduardo Lust, de Cabildo Abierto. La amenaza de Lust es clara: si Lacalle no “despide” a Díaz, el partido militarista abandonará la coalición. Que alguien le explique al caricaturesco Lust que el fiscal de corte se elige por diez años y su destitución requiere de 3/5 de los votos de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente (o sea, 19 votos difíciles de conseguir) de acuerdo con el inciso 13 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Estas acciones contra la Fiscalía General de la Nación se suman a las ejercidas con el Poder Judicial por los últimos procesamientos a violadores de derechos humanos. Cabildo Abierto cierra filas para defender a quienes secuestraron, violaron, torturaron y asesinaron antes, durante y después de la dictadura. El general Guido Manini Ríos no solo ha defendido a estos criminales desde su banca en el Senado, sino que tiene en sus filas al militar retirado Eduardo Radaelli, quien secuestró y asesinó al químico chileno Eugenio Berríos durante el gobierno de Lacalle I. Detrás de todo esto está también el pedido de desafuero de Manini Ríos, quien había asegurado que de llegar al Senado no se ampararía en los fueros y ahora se aferra a los mismos para evitar rendir cuentas ante la Justicia por haber protegido nada menos que al psicópata Nino Gavazzo.

Cabildo Abierto no tiene nada de abierto. En sus filas militan, y doy fe, muchísimas (sí, dije muchísimas) personas honestas bien intencionadas; pero ahora han de estar viendo con bastante frustración que a la hora de repartir los cargos con que Lacalle compró sus votos, los militares retirados están primeros en la fila, seguidos de los militaristas, esos civiles que suelen ser más milicos que los peores milicos (ojalá fueran mejores que los buenos militares) y la propia esposa del líder, que llegó a un ministerio gracias a su vínculo conyugal y no por capacidad. Conozco a varios civiles (e incluso policías retirados) con más méritos que aquellos para acceder a tales cargos; pero claro, el general opta por sus compañeros de armas y, por otra parte, es un hecho que los oficiales militares siempre consideraron a los oficiales de Policía como inferiores a ellos, aun cuando tengan jerarquías de igual rango, razón por la cual, durante la dictadura, solían poner de jefes de Policía a coroneles por encima de inspectores generales, los cuales son jerárquicamente superiores.

No solo los nazis se consideraban una raza superior.

Pon un espejo delante de una mojarra y, seguramente, verá un tiburón.

Luis: dime con quién andas…

Mientras tanto, los colorados se sacan los ojos por los cargos, Verónica Alonso se lamenta por haber apoyado a Sartori (ya que no le dieron ningún cargo), la Policía ficha a los sindicalistas en las marchas, el sabotaje contra Antel va preparando el camino a su privatización, las decisiones de Lacalle provocan que Ancap tenga pérdidas millonarias (con el mismo objetivo), en UTE se persigue políticamente a directores frenteamplistas, en la Jutep se coloca a un ultraderechista como vicepresidente, en Cerro Largo se pagan sobresueldos ilegales a los alcaldes, en Maldonado se reparten canastas del Mides desde un local del candidato Rodrigo Blás; la nueva secretaria de derechos humanos en Presidencia (Lourdes Perdomo) dice que es más fácil recibir ayuda que trabajar, cuando debió decir que es más fácil librar cheques sin fondos que trabajar, si consideramos el hecho de que en 2008 fue enviada a la cárcel por tal causa. Mientras tanto, surge documentación que demuestra que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) aprobó adjudicaciones a los dos hermanos de Gustavo Borsari en los últimos años, lo cual no resultaría llamativo si no fuera porque Gustavo Borsari fue director de la ANV, en representación del Partido Nacional, durante el último lustro.

Es imposible concretar un informe completo sobre todo este desmadre desde marzo hasta ahora, por lo que debemos darlo en diferentes capítulos, nota a nota, pero, ánimo. Ya quedan cinco meses menos de “los cinco mejores años de sus vidas”.