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¡Ni venceréis ni convenceréis!: A propósito de las mentiras de El País

Cuenta la historia que cuando el general fascista Millán de Astray gritó en el aula magna de la Universidad de Salamanca “¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!”, Miguel de Unamuno respondió exclamando “¡Venceréis, pero no convenceréis!”.

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Por Rolando Arbesún

 

Casi 100 años después, desde el diario El País se exhiben nostalgias del fascismo y la dictadura.

Cada día, ese diario dedica sus editoriales para atacar a la izquierda uruguaya y a los gobiernos del Frente Amplio. Esto no es una novedad, lo ha hecho siempre; es admirador y principal vocero de los pensamientos más reaccionarios y conservadores. Del mismo modo que antes fuera el vocero de la dictadura, hoy es el vocero de quienes sienten nostalgias por la misma.

En su editorial del lunes 4 de mayo, intenta igualar las muertes que se han producido en las prisiones uruguayas en los 15 años de gobiernos frenteamplistas con las muertes acaecidas en las prisiones nacionales durante la dictadura.

Dicho editorial, “Realidad vs relato de la izquierda”, expresa con relación a las prisiones actuales: “La situación explosiva, completamente violatoria de los derechos humanos, que existe en las cárceles del país, ha sido denunciada por organizaciones internacionales y por el comisionado de cárceles en muchísimas ocasiones en estos años, y ha sido periódicamente analizada en estas páginas: las cárceles que deja el Frente Amplio no solamente son inhumanas para una gran mayoría de presos, sino que además imposibilitan la rehabilitación social de unos delincuentes, cuya enorme mayoría, algún día terminarán reintegrándose (mal) a la sociedad. La responsabilidad del FA en este sentido es gravísima: en los 15 años de sus gobiernos murió en promedio más gente en sus cárceles por causas violentas que en los 12 años de dictadura”.

En este editorial hay una clara intención de mentir, es así con todos los temas que se repasan en el mismo y se intenta la construcción de un relato muy falso de lo que ha venido aconteciendo en el país desde hace 15 años.

Utiliza para mentir el último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, sin mencionar que a pesar de que esta figura del Parlamento fuera instituida por ley en 2003 (Nº 17.684), no fue hasta el año 2005 que la misma terminó configurándose y eso, mal que le pese al editorialista, fue obra del primer gobierno del Frente Amplio.

En aquel momento, y con el voto unánime de todos los partidos políticos, el Dr. Álvaro Garcé emprendió una labor que, como él mismo expresara en sus sucesivos informes, tuvo innumerables complejidades en tanto y cuanto era la primera vez en la historia nacional que un organismo no dependiente del Poder Ejecutivo monitoreaba las diversas situaciones existentes en las prisiones.

Se empezó a hablar de “derechos humanos” en el sistema carcelario justamente cuando se recuerda la profunda y sistemática violación a los derechos humanos de miles y miles de uruguayos y uruguayas durante los 12 siniestros años que hoy El País, de la mano de algunos acólitos que hoy actúan en Cabildo Abierto, intenta negar.

En noviembre de 1984, la organización Serpaj publicó un libro llamado Muertes en las prisiones uruguayas. Habían pasado apenas cinco meses de la muerte, producto de las torturas, del médico Vladimir Roslik en un cuartel militar de Fray Bentos. En el mencionado texto se afirmaba: “La tortura ha sido y es una práctica sistemática en nuestro país, aplicada a todos los detenidos. Durante la década del 60 fueron numerosas las denuncias de torturas aplicada a presos comunes; en el 65 comenzaron a utilizarse para los presos por razones políticas y a partir de la década del 70 se transforma en una práctica sistemática aplicada con fines racionales. Durante 11 años de dictadura, los militares se preocuparon por tecnificarla y perfeccionarla, y bajo esta nueva forma se extendió a los presos comunes”.

En el libro en cuestión, se enumeran y documentan las muertes de más de 60 militantes. Eran los tiempos -el editorialista de el país no lo dice- en que las prisiones, todas las prisiones, estaban bajo la égida y el mando directo de las fuerzas conjuntas, como el hoy senador de Cabildo Abierto general (r) Guido Manini sugiere que tengamos ahora. Era la época en que desde las páginas de ese matutino se requería la captura de los dirigente estudiantiles y sindicales, se ocultaba la desaparición de Julio Castro y Fernando Miranda, se aplaudía la prisión del general Seregni, se festejaba a Juan Carlos Blanco, homicida de María Elena Quinteros, y se pedía la captura de Wilson Ferreira Aldunate .

Miente el El País cuando iguala las muertes violentas en unas y otras prisiones. Miente, además, cuando no reconoce que las muertes de estos 15 años son fruto directo de una política criminal altamente punitiva que, desde fecha tan temprana como 2005, ya el entonces comisionado parlamentario denunciaba una y otra vez: la política de acudir preferencialmente al encierro como forma preferida de sancionar la infracción a la ley penal.

La nefasta posición que sigue ocupando Uruguay en el ranking mundial de prisionización no es una elección de los gobiernos del Frente Amplio y esta mentira del editorialista no resiste ninguna evidencia histórica.

Para arrancar en 1999 y no ir más atrás, vemos que había en nuestro país un total de 4.117 prisioneros. Para el año 2005, fecha de inicio del primer gobierno frenteamplista, el país tenía un total de 7.004 prisioneros; es decir, en esos siete años, el número de prisioneros se había incrementado 70,12%.

Entre 2005 y 2019, los 15 años frenteamplistas, el ascenso del número de prisioneros en el país ha sido de 67,5%, por lo que Uruguay tiene hoy cerca de 12.000 prisioneros. A pesar de ese marcado descenso porcentual, el último informe del comisionado parlamentario, nos ubica en el triste segundo lugar de tasa de prisionización en América Latina, escoltando la infame situación de Brasil, que lleva el “mérito” de ser el “malla oro” de la región.

Hoy tenemos 328 prisioneros por cada 100.000 habitantes y es esa la primera condición que hay que analizar responsablemente si queremos entender las muertes violentas en las prisiones nacionales.

El editorialista, en su ignorancia supina, no sabe que quien hoy -en el actual gobierno- es el máximo jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ya lo era cuando las muertes violentas en las prisiones empezaron a ser documentadas por el actual comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Dr. Juan Miguel Petit; era, además, el mismo que dirigía el sistema penitenciario cuando el actual ministro del Interior (quien hoy lo designa) interpelaba al entonces secretario de la cartera, Eduardo Bonomi.

No sabe el editorialista algo muy terrible: durante muchos más años que los 15 de gobierno frenteamplista, en Uruguay, morir en las prisiones no era un dato relevante, no eran muertes “dignas de cuantificarse o de prestarles atención”.

Hasta ese punto había calado la desidia en la administración penitenciaria en lo que a respeto a derechos humanos se refiere: una muerte en prisión era un simple dato de su realidad.

Tuvo que venir el primer gobierno del Frente Amplio para que, una vez nombrado el primer comisionado parlamentario, todo lo que en las prisiones acontecía empezara a ser más conocido.

Transparentar las prisiones desde la política de derechos humanos fue, a pesar de las complejidades de ese aprendizaje, un mérito ineludible de los gobiernos de izquierda.

Las muertes en prisiones, las críticas a las mismas son hoy posibles gracias a un instrumento parlamentario que se inaugura durante gobiernos frenteamplistas, de modo que todo, pero todo lo que hoy podemos saber sobre las prisiones, incluso lo más negativo de ellas, es gracias a que los dos comisionados parlamentarios que ha tenido el país han podido trabajar, más allá de los aprendizajes y tensiones, durante esos 15 años.

Las muertes en prisiones desmienten además un mito sobre el cual se ha sostenido siempre la prisión como respuesta ante la infracción a la ley penal: que mientras más duro sea ese castigo, menos delitos habrá.

Este mito que no es cierto hacía “el afuera” carcelario, tampoco lo es hacia su “adentro”.

Nos sorprenderíamos, pero aprenderíamos mucho si alguna vez se contabilizaran los hurtos y las modalidades de rapiña que al interior de las prisiones ocurren.

“En las prisiones el vicio conserva su audacia”, ha dicho Michel Foucault, uno de los más importantes historiadores de los sistemas carcelarios, una forma muy particular de recordar “que el delito es patético”, lo que ya había sido dicho por los pensadores de la Ilustración, según nos recuerda el último informe del comisionado parlamentario.

Y agrega el comisionado que el delito es patético porque “genera dolor, sacude los sentimientos y los sentimientos nublan la razón, llevando a reacción lejos del sano raciocinio”.

Las muertes en prisiones, en estas prisiones que el editorialista mentiroso de El País iguala con las de la dictadura, obedecen a razones y causales bien diferentes.

Hay que ser muy ruin para igualarlas, para desconocer, por ejemplo, las contundentes condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuando en 1978 afirmaba: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay como resultado de las denuncias crecientes de alegadas violaciones múltiples y graves de los derechos humanos en ese país desde 1973. Esta decisión fue tomada durante su trigésimo noveno período de sesiones (octubre-noviembre de 1976). En el mismo período, la comisión también acordó informar al gobierno de Uruguay de esta decisión, así como hacer gestiones ante dicho gobierno para obtener su anuencia para una observación in loco de una comisión especial de la CIDH para completar la información ya en su poder. A las gestiones realizadas por el presidente de la CIDH , doctor Andrés Aguilar, con el fin de obtener la anuencia de las autoridades uruguayas para la visita de la comisión especial al país, el gobierno respondió reiteradamente en forma negativa. La negativa del gobierno de Uruguay de permitir la observación in loco no impidió a la comisión cumplir con sus deberes estatuarios”.

A diferencia del gobierno de entonces, que se negaba sistemáticamente a las visitas de observación in loco, ha sido durante los 15 años de gobierno frenteamplista que esta práctica ha tomado estatura nacional con la acción conjunta de dos instituciones: el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos.

 

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