En entrevista con radio Montecarlo, el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, dijo que habló del tema de la Ley de caducidad este jueves con el presidente Luis Lacalle en su reunión en Torre Ejecutiva.
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El senador Manini dijo que hay que «contribuir a dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo».
Se dijo proclive a buscar restablecer el estado de Derecho ante procesamientos llevados a cabo con «falsos» o «dudosos» testimonios que muchas veces han llevado a «inocentes» a prisión. Se preguntó si no será tiempo de reinstalar la Ley de Caducidad y de «derogar esa ley que derogó la Ley de Caducidad».
Manini hace referencia a la ley interpretativa 18.831 de 2011 que restableció «el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985».
«Eso no quita que se siga investigando, que se siga tratando de saber dónde están los desaparecidos», agregó.
«El cuerpo electoral dos veces y con 20 años de diferencia ratificó esa ley, y un buen día por una mayoría muy exigua, se derogó la Ley de Caducidad».
«La Ley de Caducidad es una de las casi 20.000 leyes que tiene nuestro estado desde 1830, pero fue la única que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral, que según nuestra Constitución está antes que los representantes en el Poder Legislativo», explicó Manini Ríos.
Para Gastón Grisoni de Crysol y Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu, las declaraciones de de Inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad fueron claros antecedentes en la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Sabalsagaray, por el que fue procesado el General Miguel Dalmao, y la resolución de la corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
Olivera agregó que el supuesto compromiso de seguir con la búsqueda de los detenidos desaparecidos que menciona Manini, no tiene efecto jurídico de ninguna especie.
Este comentario de Manini que realiza planteos de cambios en las normas jurídicas, se suma a los planteos de su sector político, Cabildo Abierto, que se expresó públicamente contra la gestión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de quien piden la destitución.