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“LA IGLESIA CATÓLICA, OTRA VEZ…”

“Mi cuerpo y mi moral”

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

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Cuando el obispo de Minas, Jaime Fuentes, vincula los últimos datos de mortalidad infantil con el número de abortos practicados en el año 2017 y critica que la cifra de interrupciones del embarazo no se incluye en la tasa de mortalidad, deja claro que la Iglesia Católica mantiene ese argumento arcaico por el cual abortar es acabar con una vida humana, pues esta empieza con la concepción.

Como consecuencia, nos invita a volver al debate acerca de si un feto es una persona o no y si una mujer tiene derecho a decidir si traerlo al mundo o no, en tanto que, según la doctrina, no es una vida que le pertenezca a ella. Volveré a esta cuestión más adelante, Las cifras que reflejan el descenso de la mortalidad infantil son muy positivas. La tasa es un indicador que responde a políticas sociales impulsadas por diferentes organismos.

Los datos de Uruguay son teóricamente los más bajos de todos los países de América Latina, y desde el año 2005, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, han disminuido considerablemente. De hecho, según afirma Susana Muñiz, Uruguay está muy cerca de la mortalidad nula, es decir, de que políticamente poco se puede hacer con aquellos fallecimientos relacionados con aspectos vinculados directamente a la salud, que son en su mayoría los casos que perduran. Según afirmó Claudia Romero, del área programática de Salud en la Niñez del Ministerio de Salud Pública, la baja de la mortalidad infantil en Uruguay está muy relacionada con las políticas impulsadas en lo que se refiere a la atención a la embarazada y al bebé. La salud del bebé tiene mucho que ver con la salud materna, y por ello es muy importante controlar el embarazo adecuadamente, detectar y diagnosticar intraútero patologías y malformaciones congénitas de forma precoz para asegurar que el parto se dé en el lugar adecuado, garantizando los traslados y la atención más apropiada y efectiva tanto a la madre como al bebé. Aunque la tasa tiende a la baja desde hace unos años, es necesario continuar reforzando los equipos de profesionales y de atención.

Se podría decir que Uruguay es uno de los países en los que la mayoría de niños y niñas pueden nacer en buenas condiciones, y en el que la inversión en recursos económicos, humanos y materiales para reforzar el sistema de salud son prioridad, aunque nunca suficientes. Sin embargo, además de todo lo anterior, hay otros elementos que seguramente sean imprescindibles para reducir la tasa de mortalidad infantil, aunque no haya demasiados estudios que lo expliciten: reforzar el sistema de salud sexual y reproductiva y la ley del aborto, e impulsar e implementar la educación sexual y reproductiva en niñas, niños y adolescentes. No es una locura pensar que la inversión en salud sexual y reproductiva en general, y la legalización del aborto en particular, están directamente relacionadas con la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Asegurar seguimientos eficientes para diagnosticar enfermedades a tiempo y garantizar partos seguros son elementos que constituyen la primera clave para evitar la muerte de un bebé y, en ocasiones, también  la muerte de la madre.

La legalización del aborto, en su caso, supone, primero que nada, reconocer que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. Prohibir el aborto no impide que deje de suceder; sigue habiendo abortos de forma clandestina que tienen un nivel de riesgo para la salud y la vida muy elevado. De hecho, los países en los que el aborto está legalizado hay menos mujeres que lo practican, y esto se debe en parte a que la legalización del mismo y las políticas de prevención se conforman por servicios de asesoría para las mujeres en educación sexual y métodos anticonceptivos. Si la posibilidad de abortar de forma segura y legal, no clandestina, existe para las mujeres, podrían evitarse probablemente casos de abandono de bebés en las situaciones en las que no se pueden mantener por condiciones socioeconómicas determinadas o, incluso, y por el mismo motivo, en casos en los que la mujer no pudiera proveer a su hijo o hija de las necesidades mínimas que necesita para sobrevivir. Bajo ningún concepto se puede responsabilizar a la madre ni de haber tenido un hijo en contra de su voluntad ni de no haberlo podido cuidar y mantener, pues desgraciadamente no todas gozan de los bienes tanto materiales como económicos necesarios para llevar a cabo el cuidado de una persona una vez haya nacido.

Además de todos los elementos relacionados con la salud, como pueden ser los medios para un seguimiento médico adecuado, las instalaciones apropiadas para casos delicados en los que peligra alguna vida, la inversión en estudios e investigaciones relacionados con el embarazo y la maternidad o recursos socioeconómicos para evitar el abandono social de mujeres con hijos o hijas que viven en peores condiciones, son necesarios los insumos de prevención; es decir, una educación integral de la sexualidad. Es importante entender que paliar la mortalidad infantil, la mortalidad materna y los embarazos no deseados, entre otras cosas, requiere de medidas que forman parte de un proceso largoplacista en el que intervienen factores desde una edad muy temprana, como es la educación. Las medidas puntuales son válidas, pero siempre es mejor prevenir que lamentar, y lo que los niños y las niñas del país sepan y aprendan es determinante. De hecho, implantar una educación en cuestiones relacionadas con lo sexual y lo reproductivo,es más una cuestión de voluntad política que una cuestión de disponibilidad de recursos. Asegurar a toda una población el acceso a anticonceptivos, hacerla conocedora de las enfermedades de transmisión sexual o poner a su servicio asesoramiento y asistencia médica en caso de necesitarla es dar libertad a las mujeres y, además, otorgarles el poder de decidir qué hacer con sus cuerpos y con sus vidas. Se esté a favor del aborto o no, sigue siendo un dato preocupante que cada mes en Uruguay entre 810 y 820 mujeres se sometan a un aborto, y esa cifra tiene que bajar a fuerza de educar a la juventud del país en cuestiones vinculadas a las relaciones sexuales y a la reproducción, tanto a hombres como a mujeres.

La legalización del aborto es un tema candente que tiene gran protagonismo en muchos países en los que, desde los movimientos feministas y gobiernos de izquierda, se lucha y legisla por despenalizar y garantizar un aborto seguro, dando prioridad a la voluntad y a las necesidades de la mujer y, aunque no de forma tan explícita, evitar la mortalidad infantil en tanto que ninguna mujer tenga que parir por no poder interrumpir su embarazo de forma segura, y que ninguna criatura muera por haber nacido con unas condiciones precarias y una peor situación familiar. En este sentido, y volviendo un poco al inicio, no creo que lo más peligroso sea discutir si un feto constituye una vida humana o no, lo que realmente me preocupa es que ni al obispo Jaime Fuentes, ni a la Iglesia Católica en su conjunto ni a la derecha más conservadora les importa la mortalidad infantil; lo que les importa precisamente es condenar a las mujeres que toman la decisión de decidir no ser madres y culparlas de engordar las cifras de mortalidad infantil. Lo que las mujeres hagan con su cuerpo no sólo no es cuestión de ellos, sino que, además, no debería afectar a la comunidad católica en lo absoluto.

La voluntad de Fuentes, tal y como ha declarado en diferentes ocasiones, es que el Estado profese una religión porque se trata una cuestión universal, pero resulta que hay cosas que son prioritarias y, además, de una universalidad más evidente, como es la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. Además de que lo que la mujer haga con su cuerpo no es un asunto de su incumbencia, tampoco lo es lo que haga con su moral. El hecho de que la Iglesia Católica establezca qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo no le da derecho a querer que todo el mundo aplique sus mismos criterios. Insinúa la Iglesia Católica que lo legal se confunde con lo que es moralmente malo o bueno, y por tanto la ley se confunde con lo que es objetivamente bueno.

Legalizar el aborto puede ser moralmente bueno o moralmente malo según quien lo mire, pero lo que está en juego no es la moral, ni siquiera la legalidad, sino la vida, esa que tanto se quiere proteger desde el conservadurismo, aunque suponga poner en riesgo otras vidas. No son precisamente los integrantes de la comunidad católica los que saben lo que es un embarazo, un aborto, el cuidado de una persona o la pérdida de su vida. Que las cuestiones relacionadas con el más acá las gestionen los que van a sufrir sus consecuencias, que ellos tienen las cuestiones del más allá por resolver.

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