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Mundo Alexandre De Moraes | prisión |

le sacaron los celulares

Justicia brasileña decreta prisión domiciliaria para Bolsonaro por incumplimiento de medidas

Bolsonaro ahora deberá permanecer en su domicilio usando tobillera electrónica y no podrá recibir visitas en casa, más allá de familiares próximos y abogados.

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El juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes dictó prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), procesado por presuntamente haber intentado dar un golpe de Estado tras la derrota electoral de 2022. En simultáneo la Policía Federal procedió a incautar los celulares del exmandatario.

"No hay duda que hubo incumplimiento de medida cautelar", argumentó de Moraes al justificar la prisión domiciliar, en referencia a la divulgación de contenido a través de las redes sociales, algo que se le había vetado.

De Moraes afirma que Bolsonaro utilizó redes sociales de aliados y de sus hijos parlamentarios para divulgar mensajes "con claro contenido de incentivo a la instigación de ataques al Tribunal Supremo Federal y apoyo ostensivo a la intervención extranjera en el poder judicial brasileño".

Con la orden de prisión domiciliar Bolsonaro deberá seguir usando tobillera electrónica (se la colocaron a mediados de julio) y no podrá recibir visitas en casa, más allá de familiares próximos y abogados.

Además, también se ordenó que se le confisquen todos los celulares que se encuentren en su domicilio. "La Policía Federal cumplió, al final de la tarde de este lunes, en Brasilia, una orden de arresto domiciliario y un mandato de búsqueda y aprehensión de aparatos celulares", informó la corporación en un comunicado.

Prisión necesaria

La orden del juez remarca que las medidas severas son necesarias para evitar la "continua reiteración delictiva del imputado".

El exmandatario brasileño está procesado por presuntamente haber liderado una conspiración con la intención de evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder en enero de 2023.

Se encuentra imputado por cinco delitos diferentes, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada.

Las penas máximas de estos delitos suman más de 40 años de cárcel; se espera que la sentencia se conozca en setiembre.

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