Las organizaciones, gremios y movimientos sociales, integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, hicieron público su rechazo al proyecto de ley impulsado por senadores de Cabildo Abierto, a través del cual se propone la prisión domiciliaria para mayores de 65 años en algunos delitos.
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De aprobarse, la ley beneficiaría a más de 20 represores que cometieron crímenes durante la última dictadura, y que cumplen su pena en la Unidad 8 de Domingo Arena.
Distintas organizaciones de derechos humanos y personalidades políticas han declarado que la evidente intención del proyecto es liberar a los condenados durante ese período de la historia reciente uruguaya.
En la misma línea se manifestó Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, quien declaró en una entrevista con Informativo Sarandí que, si bien él no trabajó en el proyecto, entiende que “está diseñado para los presos de Domingo Arena”.
Para Lust, no está mal que haya sido concebido con esa finalidad, pero consideró que debería haberse hecho explícita su verdadera razón.
La declaración
En una declaración pública, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos señala que el proyecto de ley “supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión”.
Subrayan la importancia de estos aspectos, que generan “garantías de no repetición de tales delitos”.
Además, agregan que los criminales presos en Domingo Arena, que podrían ser beneficiados por la ley, “no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados”. Al contrario, destacan que estos “continúan negándose a revelar el paradero de las compañeras y compañeros, mantenidos al día de hoy, en condición de desaparecidos”.
Las organizaciones firmantes del comunicado, recuerdan también que Uruguay ratificó las disposiciones de la Convención Internacional para protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, según las cuales “el crimen de desaparición forzada, constituye un delito permanente y continuado (..), por lo cual sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios”.
En la misma declaración de repudio al mencionado proyecto de ley, las organizaciones también manifiestan “su consternación y rechazo” hacia el reciente fallo judicial que condenó a seis manifestantes “que pacíficamente protestaban” por el traslado de la Jueza Mariana Motta, en el año 2013.
Asimismo, expresan su “indignación y repudio” a las sanciones practicadas en el departamento de San José, contra docentes de educación secundaria que efectuaban una actividad sindical en las afueras de un centro de estudios.
“Estos actos de represión o intimidación, no hacen más que deteriorar la calidad de las libertades democráticas y, por tanto, ponen en serio peligro la convivencia, la tolerancia y en particular, el
respeto a los Derechos Humanos de los habitantes, a que está obligado el Estado, en virtud de los tratados internacionales ratificados por nuestro país”, reza el comunicado.
Las organizaciones que han suscrito a la declaración son: Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fucvam, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Colectivos Contra Toda la
LUC, Fundación Mario Benedetti, Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano y Memoria en Libertad.