Por su parte, y al iniciar la presentación, Montesdeoca resaltó que Uruguay tiene "un alto nivel de cumplimiento técnico" en lo que respecta a la normativa en combate al lavado de activos, pero en oposición, "no se puede decir lo mismo de la efectividad" de esta normativa.
"Se puede extraer como conclusión general es que existen el desafíos importantes del punto de vista de la asignación de recursos", aseguró Montesdeoca, y señaló que la falta de presupuesto es una "constante" desde la creación y el desarrollo del sistema antilavado en Uruguay a partir de 1998, problemática que vuelve a confirmarse en esta evaluación.
En ese sentido, el nivel de efectividad de los mecanismos antilavado de dinero está "bastante más alejado de los deseable", según Montesdeoca. Esto queda en evidencia al ver los procesos judiciales por lavado o asistencia al lavado de activos, ya que son pocos los casos judiciales complejos que hayan implicado el desbaratamiento de organizaciones delictivas de alto nivel. Montesdeoca dijo que en esta evaluación fueron constatadas unicamente seis sentencias por lavado de activos, y dos tercios de ellas son por asistencia al lavado, con cifras muy bajas y donde en ningun caso hay organizaciones criminales vinculadas.
En lo que respecta a los principales rubros que están mas expuestos de ser utilizados para el lavado de activos, destacan entre ellos el sector financiero, el mercado inmobiliario, las zonas francas, los criptoactivos y el trading, los vehículos de alta gama, y las sociedades anónimas deportivas.
Vulnerabilidades del sistema uruguayo
Montesdeoca reiteró que una de las problemáticas del combate al lavado de activos en Uruguay es la asignación de recursos en comparación con otros países de la región, y puso como ejemplo el personal que se encuentra trabajando en la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). Actualmente, son 12 las personas que ocupan puestos en esa unidad.
"Si uno cruza la frontera y va cualquier país de la región de dimensiones similares a la de Uruguay, con un sistema financiero similar al nuestro, y con una exposición a riesgos similar a la nuestra, no hay ninguna unidad de inteligencia financiera que tenga menos de 70 u 80 personas", deslizó Montesdeoca, y señaló que la tecnología con la que cuenta la UIAF en Uruguay es "mínima".
La Senaclaft también enfrenta el problema de falta de personal. Esto ya había sido señalado por Chediak, quien sostuvo en diálogo con Caras y Caretas que la mayoría de los cargos en la Senaclaft son pases en comisión. "Esa no es la mejor estructura porque no da estabilidad institucional", dijo en su momento.
Montesdeoca resaltó que el lavado de activos es un problema regional, y los problemas que tiene Uruguay los tiene el resto de latinoamérica. Pero en el caso de nuestro país, la percepción de riesgo del lavado de activos es baja en comparación con otros países.
"Hay cierta sensación de que Uruguay, por las virtudes y ventajas notorias desde el punto de vista institucional, político, y bajos niveles de corrupción que tiene, parecería que tiene una menor exposición a los delitos de este tipo que la mayoría de los países de la región, una percepción falsa", aseguró.
