La Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (Senaclaft), publicó este miércoles su Evaluación Nacional de Riesgos del año 2023. El documento, fue elaborado por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca, y cuenta con el apoyo de la Senaclaft y el Banco Central del Uruguay (BCU). En el mismo, la secretaría alerta sobre las limitaciones que poseen los organismos públicos, que no permiten realizar un mayor seguimiento y control al delito de lavado de activos.
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A su vez, el documento señala que pese a que en los últimos años se ha mantenido un buen nivel en el cumplimiento de los estándares internacionales en lo que respecta al combate al lavado de activos, los recursos que se le asignan al organismo son "insuficientes", y esa problemática "permea la totalidad del sistema".
En ese sentido, denuncian la falta de "coordinacion interinstitucional" para la implementación de procedimientos de intercambio de "información sobre riesgos, tendencias, o tipologías entre los distintos supervisores, y las autoridades de cumplimiento de la ley, jueces, fiscales, policías, etc".
Asimismo, alertan que la Senaclaft no posee una estructura organizacional, ni recursos humanos para cumplir con las funciones de coordinación. Esto ya había sido señalado por el secretario de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien sostuvo en diálogo con Caras y Caretas que la mayoría de los cargos en la secretaría son pases en comisión. "Esa no es la mejor estructura porque no da estabilidad institucional", dijo.
El escrito también hace referencia a la Fiscalía General de la Nación, ya que la misma "no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir su rol en el sistema acusatorio en materia de lavado de activos". Si bien a comienzos de este año empezó a funcionar una fiscalía especializada en lavado de activos, esta "presenta el riesgo de una acumulación desmedida de causas que dificulte su efectividad".
En lo que respecta a la Policía, la Evaluación Nacional de Riesgos constata que hay una insuficiencia en la capacitación sobre las técnicas de investigación referidas al lavado de activos, y una vez más, la limitación de los recursos humanos disponibles.