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ASOCIARMELa bancada oficialista recogerá ocho de los once puntos propuestos por la oposición, pero con variables en algunos de ellos.
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La Caja Profesional atraviesa una situación financiera dramática. Las autoridades anunciaron que en julio, la institución no podrá hacer frente a sus obligaciones si no hay una rápida solución al tema.
Así las cosas, a una semana de que se termine el plazo propuesto para votar en la Cámara de Diputados y en la de Senadores el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJJPU), la oposición presentó una contrapropuesta a la iniciativa del Ejecutivo, y este viernes se reunieron los integrantes de la comisión especial para analizar los puntos de lo propuesto 24 horas antes.
El diputado del Frente Amplio (FA) y presidente de la comisión especial que analiza el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales, Joaquín Garlo, indicó que la bancada oficialista recogerá ocho de los once puntos propuestos por la oposición con cambios a la iniciativa original, pero con variables en algunos de ellos.
Garlo expresó diferencias en relación a las fuentes de financiamiento. "Entendemos que no es de justicia que la carga de la financiación de la solución de la Caja de Profesionales recaiga sobre la ciudadanía", afirmó Garlo y manifestó matices en relación al ajuste de los timbres profesionales.
Además, sostuvo que todos los actores que forman parte del sistema deben estar involucrados en el financiamiento. "Es importante mantener el aporte de los activos, de los pasivos, del Estado y también el financiamiento a través de los timbres", sostuvo.
Garlo planteó una reducción de unos 4 millones de dólares anuales en la contribución de los pasivos, con lo que elevaría la contribución del Estado a unos 36 millones de dólares anuales.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, defendió las modificaciones propuestas por la oposición al proyecto de ley de Poder Ejecutivo.
Los cambios propuestos buscan "no cargar a los trabajadores y a los jubilados", afirmó el legislador y cuestionó la respuesta del Frente Amplio, de bajarle un punto porcentual a la carga prevista para las franjas de jubilados de mayores ingresos.
Consultado sobre si el Partido Nacional apoyaría el proyecto del gobierno, Jisdonian sostuvo que "el corazón de este proyecto sigue siendo cargar a los trabajadores y a los jubilados", y expresó su postura contraria. Expresó su desilusión por la respuesta de la bancada oficialista. "Siguen empecinados en cobrarle a los trabajadores y a los jubilados", subrayó.
Respecto a los cambios, la oposición propuso que los pasivos, tanto para jubilados y pensionistas, no tengan un incremento contributivo.
A los activos, mantener el aporte en 18,5% y que, a partir de enero de 2026, volvería al 16,5%.
En cuanto al artículo 71, referente a los timbres y tasas, proponen su actualización por el Índice Medio de Salarios (IMS) desde la aprobación de la nueva ley, y la actualización de los mismos más diez puntos porcentuales desde julio de 2025, durante cinco semestres hasta finales de 2027.
Además, prevén volver a la compatibilidad de la jubilación por edad avanzada y otra jubilación. Asimismo, universalizar el instrumento de cesar en los aportes con 65 años y 30 años de servicios y poder seguir trabajando. Si bien la caja no recibe aportes, tampoco debe pagar jubilaciones de forma adelantada, se aclara.
Los diputados de la oposición entienden que es necesaria una asistencia financiera mayor a la propuesta del Poder Ejecutivo, de unos 30 millones de dólares. En principio podría haber acuerdo de que fuera la correspondiente a los valores recaudados por IASS que pagan los profesionales jubilados (aproximadamente 39 millones de dólares), y así comunicarlo.
Sobre la garantía del Estado al endeudamiento de la Caja, proyectan que sea de hasta 50 millones de dólares a valores de 2026. En cuanto a los cambios paramétricos, plantean los mismo que el proyecto del Gobierno. Además, proponen mantener la gobernanza actual con siete directores honorarios, sin el pago de viáticos.
Por último, prorrogar por dos años más el régimen especial de facilidades para el pago de adeudos, por el que ya se llevan recuperados 11,5 millones de dólares en un semestre.
Desde la oposición, calculan ingresos en 2026 por 136 millones de dólares (15 millones por timbres, 39 millones por asistencia del Estado, 32 millones por los cambios paramétricos y hasta 50 millones de dólares en endeudamiento con garantía del Estado).
