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Ediles del FA reclaman investigar "hasta el hueso" el caso Pablo Leiva

Desde el oficialismo “urgente avanzar en las reformas necesarias” para que la ley de financiamiento de los partidos políticos sea “efectiva”.

En el caso Pablo Leiva hay muchos temas por investigar y mucho por legislar, así al menos, lo considera el oficialismo. A través de un comunicado, la bancada del Frente Amplio (FA) en el Congreso Nacional de Ediles expresó este fin de semana su “profunda preocupación” y rechazo ante la “infiltración del narcotráfico en la política y su relación con el lavado de activos”. A tres semanas de que Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, fuera condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, los ediles del FA afirmaron que la situación “exige respuestas claras y acciones concretas de todo el sistema político y de las instituciones del Estado”.

“El narcotráfico no solo mueve dinero ilegal, también busca comprar voluntades, conseguir favores e ingresar a las instituciones para defender sus intereses”, se señala en la declaración. En ese sentido, la bancada del FA sostuvo que “no alcanza con condenar” los hechos cuando trascienden, sino que “es necesario investigar hasta las últimas consecuencias, fortalecer los controles y asumir las responsabilidades que correspondan, sin importar el partido político al que pertenezcan los involucrados”.

Ley de financiamiento de los partidos

Gómez, integrante del sector Por la Patria –que lidera el exsenador y actual integrante del directorio de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini–, solicitó licencia en la Junta Departamental de Montevideo y se comprometió a devolver el dinero destinado al pago del salario de Leiva, a quien, según reconoció el propio Gómez, nunca se le asignaron tareas. A su vez, el directorio del Partido Nacional resolvió suspender "los derechos y las obligaciones partidarias" de Gómez por dos años.

Para los ediles frenteamplistas es “urgente avanzar en las reformas necesarias para actualizar y hacer efectiva” la ley de financiamiento de los partidos políticos. Asimismo, señalaron que el Estado “debe contar con organismos de control fuertes, con capacidad de actuar y prevenir estas situaciones”. “La política no puede ser un negocio, el Estado no puede ser un botín y la impunidad no puede tener protección política”, expresó la bancada.

Desde que se conoció el vínculo laboral de Leiva con Gómez, el FA ha puesto sobre la mesa la necesidad de modificar nuevamente la Ley 18.845; en particular, se ha planteado ir hacia un esquema de financiamiento de los partidos mayormente público y prohibir las donaciones anónimas.

El sábado, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que los partidos deben “construir una agenda para trabajar en la transparencia” y, en ese marco, “ver si hay que mejorar en algo la ley de financiamiento político” y “cómo fortalecer los organismos de contralor”. Pereira señaló que “lo mejor es que el financiamiento, como mínimo, tenga trazabilidad”, es decir, “que sepamos quién dona, que las declaraciones estén fundadas, que tengan documentación acreditante”.

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