El proyecto sería tratado en la sesión del próximo 6 de mayo y luego pasará a la Cámara de Senadores para su aprobación, si no sufre modificaciones. Como la Constitución establece la autonomía de los gobiernos departamentales, para legislar sobre ellos se requiere una mayoría especial de dos tercios (66 votos). En el Senado necesita 21 votos, que se logran con los del Frente Amplio y el Partido Colorado.
Consta de dos artículos. El primero establece que la designación y ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales deberá realizarse por concurso público y abierto conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona. A su vez, establece que, en los casos en que los requisitos necesarios para los cargos lo ameriten, la designación de personal podrá realizarse a través de sorteos públicos convocados o celebrados por los gobiernos departamentales. El texto obliga a los jerarcas a fundamentar expresamente la implementación del mecanismo de sorteo.
El segundo artículo prohíbe realizar designaciones de nuevos funcionarios presupuestados o contratados dentro de los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno departamental, e iniciar procesos para la provisión de vacantes, sin perjuicio de aquellas que puedan ser provistas con personal redistribuido.
Los legisladores consultados por Caras y Caretas coincidieron en afirmar que “hubo que trabajar mucho para lograr acuerdos entre frentistas y colorados y para evitar que la ley sea declarada inconstitucional”.
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Las deficiencias del proyecto
El proyecto de ley a discusión tiene como fin combatir el clientelismo político, algo elogiable. Pero presenta algunas falencias que lo convierten en un saludo a la bandera, salvo que en la discusión parlamentaria se corrijan.
¿Quién controlará la transparencia de los concursos? En el proyecto original del Frente Amplio se otorgaba a la Oficina Nacional de Servicio Civil la supervisión y auditoría de su cumplimiento. Algo similar había propuesto el diputado Peña. Pero el diputado Joaquín Garlo (FA) dijo que “fueron advertidos de que esa propuesta resultaría violatoria de la autonomía de los gobiernos departamentales y, por lo tanto, inconstitucional”.
El diputado Fernando Amado propuso que sean las juntas departamentales las que ejerzan el control, pero eso es como poner al zorro a cuidar a las gallinas porque el partido que gana en cada departamento también logra la mayoría de 16 ediles en 31.
Lo cierto es que el proyecto llega al plenario de diputados sin que exista una forma de controlar los concursos. Los controles son imprescindibles porque existen múltiples ejemplos de manipulación en las convocatorias a concursar para ingresar a las intendencias o municipios. Porque, por otro lado, también se deberían controlar las bases del llamado. No es un asunto sencillo de resolver, entre otras cosas porque tiene el firme rechazo del Partido Nacional, que hoy gobierna en 15 departamentos y aspira a mantener la mayoría de ellos.
Otro aspecto que no está mencionado en este proyecto son las sanciones por incumplimientos. ¿Qué pasaría si un gobierno o un jerarca decide hacer caso omiso a lo que plantea esta ley? La violación de la norma no encuadra como delito penal sino como falta administrativa, y las sanciones podrían ser políticas. Pero, ¿quién las fija, cómo se cumplen, sobre quién recaen? Nada de esto está contemplado en el proyecto de ley que, como fue dicho, tiene un fin elogiable desde todo punto de vista, pero cuyo destino por ahora no pasa de ser una expresión de deseo.
Los blancos se oponen
Resulta hasta lógico que la fuerza política que ha hecho del clientelismo el sustento de su poder en el interior del país, se oponga. En el año 2015, Enrique Antía, exintendente de Maldonado, introdujo un artículo en el presupuesto quinquenal que le permite ingresar por designación directa hasta el 30 % de las vacantes que por cualquier razón se produzcan. Y además tiene los acuerdos con la Fundación A Ganar, por los cuales también ingresan funcionarios que, según han relatado varios, son obligados a hacer “horas militantes”, es decir, participar en reuniones, colocación de cartelería, repartir listas, bajo pena de ser cesados de sus contratos.
Años atrás, cuando gobernaba Domingo Burgueño, se desató un conflicto con ADEOM. El director de un diario local dijo entonces: “La Intendencia nunca va a cerrar, basta con que vayan a trabajar los familiares y amigos de Burgueño”. Es lo mismo que hacía Pablo Caram en Artigas adjudicando horas extras a sus correligionarios que previamente habían ingresado como funcionarios.
Al entonces intendente de Colonia, Carlos Moreira, lo evidenció una edila de su sector, quien reveló audios en los que el jerarca le explicaba que ya “no podía meter más gente”.
Wilson Ezquerra en Tacuarembó, Ana Bentaberri en San José, Guillerno López en Florida, Alejo Umpiérrez en Rocha y Nicolás Olivera en Paysandú han sido reiteradamente señalados por “los ingresos a dedo”. Y también el exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, actualmente en prisión domiciliaria, quien dijo: “Por lo mismo que me procesaron a mí, deberían procesar a todos los otros intendentes”.
Las acusaciones sobre clientelismo han recaído, además, sobre el intendente frenteamplista de Salto, Andrés Lima.
Dos años y medio atrás, Caras y Caretas publicó un cuadro con información de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) en el que se detallaban los ingresos por concurso o por designación directa en cada intendencia. El 47 % de los ingresos de nuevos funcionarios en 2021 fueron por designación directa. En 6 intendencias (Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Rio Negro, Rivera y Soriano) no hubo ni un concurso ni sorteo. Soriano encabezaba la lista con 327 ingresos “a dedo”. Le seguían Cerro Largo, con 195; Artigas, con 173; Canelones, con 166; Salto, con 137 y Río Negro, con 122. De la misma forma en Montevideo ingresaron 49 y en Maldonado 47. Pero la Intendencia de Montevideo fue la que más ingresos por concurso registró: 427. Curiosamente, Maldonado, que apenas cuenta con el 15 % del número de habitantes que tiene la capital del país, ingresó por sorteo a 406 personas. En Flores ingresaron 380, en Rocha 214 y en Canelones 153.
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Botana: “Están violentando las autonomías departamentales”
El senador y exintendente de Cerro Largo es quien, por ahora en solitario, ha encabezado la batalla contra la reglamentación de los ingresos a las intendencias. En declaraciones a Radio Oriental, el senador blanco dijo que “el problema no lo tengo yo, lo tiene la Constitución, porque ésta encomienda a los gobiernos departamentales la administración de sus funcionarios. Este proyecto de ley implica una intromisión progresiva del Gobierno nacional en asuntos que competen a los gobiernos locales: Pretende ir interviniendo de a poquito al gobierno departamental”.
Botana aseguró que “el Estatuto del Funcionario de Cerro Largo contempla la posibilidad de ingreso por necesidad social del cargo, permitiendo seleccionar a personas con perfiles adecuados y necesidades concretas. Muchas veces entraban por sorteo funcionarios que después no tenían ni ganas de trabajar, y quedaba afuera una madre o un padre con muchos hijos a cargo que sí sabía hacer las cosas”, aseguró.
Para el exjefe comunal, “el nuevo articulado no prevé una cosa grave, como la cobertura de bajas por enfermedad o vacantes imprevistas. ¿Cómo resuelve usted el tema de no tener funcionarios? ¿Cómo hace?”, se preguntó.
En su crítica, apuntó contra lo que definió como “una vocación meterete de actores centralistas que no hacen bien las cosas propias, pero pretenden regular las de los otros”. Sugirió mejorar los controles de las juntas departamentales sobre los intendentes, “en lugar de imponer normativas desde el nivel central”.
Sin clientelismo no hay poder
Acomodos de hijos y familiares de jerarcas; ingresos arbitrarios solo por ser votante del intendente o del diputado; adjudicaciones de viviendas; escandalosos negocios usando bienes públicos; arreglo de licitaciones; pago irregular de horas extras, son todas formas de gobierno que se basa en prácticas corruptas.
Sustentados por la autonomía departamental, consagrada en la Constitución de la República, cada gobierno se siente autorizado a hacer cualquier cosa. No tienen valor las resoluciones del Tribunal de Cuentas, que cada año emite observaciones más graves, pero, como no hay sanción, nadie respeta.
Tampoco se respeta el TOCAF, ni el Estatuto del Funcionario Público y, cuando pueden, ni siquiera la ley o la Constitución.
Los intendentes actúan como “patrones de estancia”, no como gobernantes democráticos. Y un aspecto clave de su poder es el clientelismo político.
