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Editorial Concurso | intendencias | clientelismo

Los blancos y el clientelismo

El concurso

El proyecto de ley para establecer el concurso o sorteo como norma general para el ingreso de funcionarios a las intendencias de todo el país, como al conjunto de los organismos públicos, se aprobó en comisión con los votos del oficialismo, el PC y CA.

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Los únicos que no acompañaron el proyecto en comisión fueron los legisladores blancos. Ese rechazo del Partido Nacional a un proyecto sobre el que deberíamos estar todos de acuerdo obedece a que pone en riesgo una forma de hacer política que tienen completamente interiorizada en todos los sentidos de la palabra interior: el clientelismo.

El clientelismo como forma de construcción de adhesiones es una práctica muy antigua y, lamentablemente, muy naturalizada en amplios sectores de la población. Como todos sabemos, en casi la totalidad de los departamentos del país el ingreso a dedo a la función pública en las intendencias, lejos de ser la excepción, es la regla, como también es la regla la gestión política de las gauchadas que favorecen con todo tipo de beneficios, entre ellos el empleo y los recursos, a los militantes, allegados, votantes, adherentes, a cambio de la implícita lealtad política y una incansable disposición militante, cuando no otro tipo de colaboración que ya linda con delitos tipificados.

Está claro que ahora los intendentes del Partido Nacional intentarán atacar la propuesta invocando una suerte de nacionalismo departamental, valga el oxímoron, una reivindicación patriotera para resolver sobre su terruño sin injerencia de “Montevideo” o algo por el estilo, porque hace siglos que tienen claro que hay que azuzar una contradicción interior-capital, campo-ciudad, caudillos y doctores, nosotros y ellos, que parece satisfacer la demanda de un cierto nicho electoral sensible a ese clivaje antediluviano. Pero cabe destacar que esto no es un tema de Montevideo contra el interior, sino un proyecto de ley que se va a poner consideración del Parlamento que, por más que tenga la sede del Palacio Legislativo en Montevideo, es el Parlamento de todo Uruguay, de sur a norte y de este a oeste, incluyendo islas interiores aluviales y las pocas y raleadas oceánicas. Por lo tanto, nada tiene que ver Montevideo ni un monstruo centralista con una disposición de esta naturaleza, sino que es un proyecto que debe aprobarse para el beneficio de todos los uruguayos y la mejor gestión de los organismos y recursos públicos que no están para alimentar gauchadas ni acomodos, sino para disponer de servicios fundamentales que deben ser llevados a cabo por la gente más idónea o bien más aleatoria, sobre la base del principio republicano de que nadie es más que nadie y, mucho menos, por ser amigo del intendente de turno.

Es una fortuna que los partidos que integraron la coalición no actúen en este caso presos de una suerte de disciplina supraorganizacional, porque un proyecto de este tipo requiere mayorías especiales que serían, de otro modo, imposibles de conseguir. Es un hecho que los blancos se van a quedar solos porque vienen gobernando la mayor parte de las intendencias del país con este mecanismo y temen perderlas cuando ya no puedan recurrir al uso intensivo del clientelismo. Pero hay que dar ese paso para democratizar y modernizar. Hay que darlo y los propios blancos van a sentirse liberados de otorgar favores interminables como contraparte de los votos. Al principio les va a costar, pero después van a aprender a militar de otra forma, sin recurrir a la prebenda, al acomodo, a la gauchada. Y entonces no van a desaparecer, se van a sincerar: van a conocer a los que los votaban auténticamente por las ideas y a los que los votaban por los favores o porque no había otra si lo que se aspiraba era a no perder el trabajo. Ese baño de verdad les va a venir bien. Verán que ni eran todos los que estaban ni estaban todos por el empleo. Seguramente mucha gente que ingresó a dedo de todos modos realizó su trabajo con nobleza y dedicación, lo hizo bien, poniendo lo mejor de sí. También habrá de los otros, pero deben ser los menos, naturalmente.

Dar este salto civilizatorio es necesario. Nos va a hacer bien como sociedad y va a igualar las posibilidades de todos los ciudadanos para acceder a un empleo público. Podrán hacerlo, entonces, los que tengan más méritos, los que ganen pruebas o a los que los favorezca la más absoluta suerte, pero no el intendente. El intendente no va a tener nada que ver ni en la presentación ni en el concurso ni en la designación.