La minuta de comunicación elevada por los diputados del Frente Amplio al Poder Ejecutivo propone reducir a 0 el IMESI a las aguas embotelladas, hasta que el el agua vuelva a ser calificada como potable.
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Los frenteamplistas fundamentan que, "Cuando hablamos de agua, hablamos en definitiva de un recurso sustancial, imprescindible, vital para la vida humana, con todos los efectos y consecuencias que ello supone en variadas dimensiones.
Desde el punto de vista del Derecho, está consagrado como inherente a la personalidad humana, por lo tanto, dentro de lo establecido en el artículo 72 de la Carta Magna.
Además, se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el artículo 47 de la misma Carta, siendo de interés general la protección del medio ambiente. Más aún cuando específicamente, el inciso 2do de dicha disposición reza: “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.”
Esas dos disposiciones de por sí despliegan un enorme haz obligacional, que luego se reproduce a través de otras normas de inferior jerarquía normativa, pero de suma importancia regulatoria, implícita y explícitamente.
A vía de ejemplo no puede dejar de mencionarse lo dispuesto en la Ley Nº 18.610 de 2 de octubre de 2009, Ley de Política Nacional de Agua, principios rectores.
De la misma, a vía de ejemplo para hacer notar la importancia que todo nuestro ordenamiento jurídico da al tema, recordaremos dos artículos.
Así, el artículo 2º adopta una posición congruente con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, estableciendo el derecho al agua potable y determinando que ...”El Estado actuará propendiendo al efectivo ejercicio de tales derechos”. Y a continuación el artículo 3º estableciendo que se trata de un recurso esencial para la vida.
Estas escuetas consideraciones no hacen sino establecer la seriedad y responsabilidad con que debemos actuar todos frente a este recurso imprescindible, particularmente el Estado como garante de derechos.
Por ello, la actual situación hídrica en el país obliga a adoptar todas aquellas soluciones que estén en manos del Estado, para garantizar irrestrictamente tal derecho.
Ante la actual crisis del agua y las medidas tomadas por OSE para garantizar el servicio en el área metropolitana, las autoridades del MSP comunicaron que el agua de OSE en el área metropolitana no es potable y recomiendan el consumo de agua embotellada para hipertensos y enfermos renales. En este contexto las ventas de agua se han triplicado y se genera una contradicción evidente por parte del Estado uruguayo, por un lado no garantizar un Derecho Humano fundamental y al mismo tiempo recaudar más vía impuestos al consumo por aumento del gasto de las familias en agua embotellada.
Por lo antedicho se considera necesario revisar los impuestos al consumo (IMESI e IVA) del agua embotellada exhortando al Poder Ejecutivo para que implemente las medidas de control necesarias para que el beneficio llegue a los consumidores. Considerando la necesidad de actuar con urgencia y dado que la tasa del IMESI puede ser variada rápidamente por Decreto del Poder Ejecutivo en primera instancia se solicita exonerar - de forma urgente y transitoria - el pago de IMESI al agua mineral y al agua potable gasificada, embotelladas, hasta que el agua de OSE sea potable nuevamente".
La solicitud que espera sea votada por la Cámara de representantes expresa: "La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que remita al Ministerio de Economía y Finanzas el siguiente proyecto de resolución. 1- Solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas, que se decrete el IMESI a tasa cero (0%) para el agua mineral y sodas embotelladas, hasta que el agua suministrada por OSE en el área metropolitana sea considerada potable por el MSP".