Desde el Ministerio de Defensa se justificó la elección apelando a la Ley Orgánica Militar de 2019, que habilita a nombrar comandantes entre los oficiales generales de la fuerza, sin distinción de cuerpo. Sin embargo, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó públicamente la legalidad del nombramiento: “La ley orgánica vigente de la Armada Nacional establece, por razones más que fundadas, que el comandante debe pertenecer al Cuerpo General. No tengo dudas de la capacidad profesional y hombría de bien de Elizondo, pero la ley debe respetarse o, si se quiere, modificarse”, escribió en la red social X.
Elizondo conflictos y causas abiertas
La ministra Lazo defendió el proceso de designación, asegurando que el nuevo comandante demostró “lealtad” institucional y capacidad de gestión durante el interinato. Según dijo en entrevista con El Observador, la Armada “funcionó, no tuvo problemas”, y Elizondo “cuidó a la institución”.
No obstante, la fuerza atraviesa un momento particularmente complejo. La demora en el nombramiento generó malestar en el cuerpo general, sobre todo entre los seis contralmirantes en carrera, en un contexto marcado por investigaciones judiciales abiertas. Entre las más relevantes: la desaparición de 35 toneladas de carne de las reservas institucionales, denunciada en 2022 y actualmente investigada por la fiscal Sandra Fleitas, y la polémica compra de dos patrulleras oceánicas (OPV) a la empresa española Cardama, por 80 millones de dólares.
Este último tema ha sido especialmente sensible para el Frente Amplio, tanto en la oposición como ahora en el gobierno. Aunque como contralmirante Elizondo apoyó la compra, ahora deberá encabezar una posible renegociación del contrato, tras los incumplimientos detectados por oficiales que inspeccionaron la construcción en Vigo.
Liderazgo inédito y desafíos pendientes
El nuevo comandante, que permanecerá en el cargo hasta 2028, deberá afrontar el desafío de cohesionar una fuerza fragmentada, restaurar la disciplina y reconstruir la confianza pública en una institución que ha sido reiteradamente señalada por errores operativos y casos de corrupción.
En su discurso de asunción en 2020, el entonces comandante Wilson reconoció que la Armada venía siendo noticia “por casos de corrupción o desvío del marco legal vigente”, con un impacto grave en la moral del personal. A cinco años de esas palabras, oficiales activos consultados por El Observador aseguran que Elizondo deberá tomar medidas más firmes que su antecesor para ordenar la interna y actuar ante situaciones de acoso, abuso o malversación aún sin sanción.
El senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, fue categórico en su crítica a la demora del gobierno: “Le hizo un enorme daño a la Armada Nacional. Es fruto de prejuicios contra la Armada. Corresponde que se pongan a trabajar y no dividan más. Deben dejar de boicotear la construcción de las OPV, que garantiza nuestra pesca y lucha contra el narcotráfico”, dijo en declaraciones a Telenoche.
A pesar de las controversias, el gobierno sostiene que eligió la opción “que generaría menos dolores de cabeza”. En palabras de una fuente oficial: “Hay que ver si los dichos se transforman en acciones”. La ceremonia de este lunes marcará no solo un cambio de mando, sino el inicio de una etapa donde la legitimidad, el liderazgo y la legalidad estarán bajo permanente escrutinio.
