“Dada una considerable disminución en calidad del agua, el gobierno ha instado a población a comprar embotellada. Expertos en derechos humanos advierten que esa medida supone un riesgo de privatización del agua para consumo humano...”, escribió en Twitter Federico Preve y reuiteó la nota de Naciones Unidas advirtiendo sobre esta situación.
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El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados.
Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* advirtió este jueves en un comunicado que esa medida “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, e instaron al gobierno a darle prioridad al uso del agua para consumo humano.
El gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares, pero no ha aplicado las mismas restricciones a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción.
Los relatores especiales recordaron que si bien los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica agravada por periodos sin lluvias anormalmente largos, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
"Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos", recalcaron.
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