El gobierno optó por ajustar la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) con base en el indicador que registró la menor variación en 2020: los salarios (7,76%), explicó Joaquín Toledo en su más reciente columna económica en Legítima Defensa. Compartimos su columna y la entrevista a su colega Braulio Zelko.
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Con esto el gobierno modificó el indicador “histórico” de ajuste de la BPC: el índice de precios al consumo (IPC), optando por fijarla según la evolución del índice medio de salarios (IMS). No hubo comunicación oficial sobre la medida por parte del gobierno y el decreto firmado no dice nada.
La diferencia de monto mínimo no imponible entre IMS e IPC es de cerca de 600 pesos:
Por IMS – 34.090
Por IPC – 34.610
El objetivo del cambio de medida es no perder recaudación. El gobierno quiere recaudar a toda costa en un escenario de emergencia social a pesar de haber dicho hasta el cansancio que no subirían los impuestos.
Este cambio afecta a la categoría II del IRPF, rentas de trabajo. modifica todas las franjas y el mínimo no imponible. También incide en el IASS, en el seguro de paro y en el seguro por enfermedad. Se reduce a su vez el monto real de transferencias sociales como las asignaciones familiares, becas y todo contrato que se guíe por la BPC.
El presidente Luis Lacalle Pou declaró en el programa Santo y Seña en 2018: «Sabemos que los ingresos provienen del bolsillo de los uruguayos y aquí una vez más un cumplimiento de un compromiso electoral: no vamos a aumentar los impuestos. Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos (…) Los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva», reafirmó. Sin embargo, este es el panorama actual.
Braulio Zelko, economista
Esta medida tiene dos impactos distintos. Por un lado el IRPF y el IASS, cambio de criterio de ajuste que se da lugeo del primer año de caída del salario real tras 15 años de crecimiento ininterrumpido. El gobierno opta por priorizar la recaudación frente a lo que podía haber sido continuar el criterio del IPC y ajustar hacia arriba el mínimo imponible como el IASS de manera de mantener el valor real (una vez desconectada la inflación) de esas diferentes herramientas.
Los salarios están teniendo incrementos muy por debajo del aumento de costo de vida. Los trabajadores privados han tenido 3% de aumento luego de un 0% en julio del año pasado y los públicos 4,4% luego de un 8,8% el año pasado. Estamos en un momento de baja de salarios y aumentos mucho menores.
La opción del gobierno de aumentar por IMS es la menos conveniente para trabajadores y jubilados.
Hay actores del gobierno y de sus círculos cercanos que hablan de que esto es lo mismo que hacía el FA. Es una situación bien diferente. El FA ajustaba la BPC por IPC y aumentaba el salario real, eso hacía que con el tiempo la base de gente que contribuía fuera mayor, pero en un marco de aumento generalizado de los ingresos.
El IRPF tiene una serie de características de diseño que lo hacen ser un impuesto progesivo, aumenta a medida que aumenta mi capacidad de tributar mi ingreso, eso es deseable desde el punto de vista de distribución equitativa del ingreso. En este caso en particular el gobierno baja los montos mínimos imponibles y en el propio presupuesto establece un conjunto de cambios tributarios que atienden a los grandes empresarios y dueños de tierra con cambios en el IRAE y en el impuesto al patrimonio.
¿Cómo afecta a las prestaciones?
Hay algunas que por efectos de cambio en el último presupuesto pasan a cambiarse por BPC. Por ejemplo las asignaciones familiares que cobran hijos de trabajadores de bajos recursos y que paga el BPS. 80.000 gurises que cobran prestaciones entre 500 y 900 pesos van a sufrir una caída del 1,6% del poder de compra con ese dinero.
Estas prestaciones antes se ajustaban en función de la UR que varía como los salarios. Ahora el gobierno en vez de usarlo para mantener el poder de compra lo usa para bajarlo.
En idéntica situación, si bien no entró en ese paquete presupuestal, están las jubilaciones y prestaciones mínimas que llegan a 130.000 jubilados y pensionistas y que, producto de esta baja, en términos reales perdieron poder de compra. El año pasado el gobierno anunció un aumento de 226 pesos para jubilados, este cambio de criterio se come ese aumento.