Sobrevivientes a la sombra de la inoperancia estatal

El Consejo de la FHCE emitía el siguiente comunicado:

“El Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en su sesión del miércoles 30 de marzo del año 2016, expresando el sentir de la comunidad de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios de nuestra casa de estudios:
1) Repudia los hechos de pública notoriedad acontecidos en el edificio anexo de la Facultad, sede del laboratorio del equipo universitario de antropología forense que investiga sobre detenidos-desaparecidos y asesinados por razones políticas entre 1968-1984 en el marco del Convenio entre Udelar y Presidencia de la República. Dichos hechos representan una agresión a la democracia, a la Universidad de la República y a los avances del pueblo uruguayo en la búsqueda de la verdad y justicia sobre su pasado reciente.
2) Se solidariza con cada uno de los integrantes del equipo universitario de antropología forense amenazados en dicha acción por el compromiso que asumieron con los derechos humanos y por la entrega personal demostrada diariamente en los trabajos de investigación, cooperación con la justicia y excavaciones que realizan en la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos desde hace más de una década.
3) Denuncia la gravedad de los hechos descubiertos el 28 de marzo pasado: el ingreso ilegal a la sede de un servicio universitario; la amenaza a personas; el robo de documentación y dinero así como la actitud de quienes se protegen con el manto de la impunidad, intentando hacer regresar la memoria de nuestra sociedad sobre tristes hechos del pasado.
4) Exige a las autoridades y organismos intervinientes en las investigaciones el esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias, al mismo tiempo que habilita al decano de la Facultad a realizar las investigaciones y adoptar las medidas necesarias para establecer las responsabilidades administrativas del caso.
5) Refuerza su compromiso institucional y apoyo a la lucha por los derechos humanos, por la verdad y justicia, por la democracia, y apoya la continuidad del trabajo de los equipos universitarios en el marco del nuevo convenio entre la Universidad y la Presidencia.
6) Respalda lo actuado por el Sr. decano prof. Álvaro Rico como vocero de la Facultad ante los distintos requerimientos y declaraciones provocadas por los hechos de notoriedad.
7) Convoca a la concentración y marcha solidaria convocada por la FEUU y distintas organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y familiares de víctimas a realizarse el viernes 1º de abril del corriente a las 18 horas, frente a la sede del laboratorio del equipo de antropología forense en la calle Paysandú 1675.
8) Resuelve la suspensión de las clases el día viernes, a partir de las18 horas, invitando a docentes, estudiantes, egresados y funcionarios universitarios y ciudadanos y ciudadanas a participar en el acto de repudio convocado”.

Ese mismo lunes, la organización de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos emitía un comunicado expresando: “La más enérgica condena a estos hechos que tienen el claro objetivo de amedrentar a quienes aportan elementos -desde distintos lugares- para la búsqueda de restos y el esclarecimiento de la verdad, y al mismo tiempo intimidar a aquellos que trabajan directamente en el tema”. Al día siguiente, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) reclamaba en una declaración: “El esclarecimiento de estos hechos resulta fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y el Estado de derecho, y, como consecuencia de ello, para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades del Estado uruguayo en materia de protección, garantía y promoción de los derechos humanos” al tiempo que expresaba su “total solidaridad y apoyo” a las autoridades de la FHCE y a los integrantes del equipo.

Varias organizaciones de Uruguay y Latinoamérica condenaron los hechos y se llevó adelante una denuncia penal.

Pasado un prudencial plazo de los hechos y sin novedades a nivel judicial, Caras y Caretas consultó al coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu e integrante de la Secretaría de DDHH del Pit-Cnt Raúl Olivera, quien expresó:

“Por el amplio espectro de personas a las que iba dirigida la amenaza de muerte -profesionales vinculados a causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el período de terrorismo de Estado y un par de autoridades estatales- y por el nombre con el que se autodenominó un general indagado por participar en torturas que ocasionaron la muerte de Aldo Perrini el 3 de marzo de 1974, y que antes de ser detenido se suicidó en setiembre de 2015, el comando Barneix a partir de su aparición pública comenzó a producir los efectos que todo acto de terrorismo busca.

Por otro lado, la inoperancia y/o incapacidad del Estado para detectar a sus responsables, contribuyó, sin dudas, a que el efecto buscado se extendiera en el tiempo. No fue un hecho aislado, como toda operación intimidatoria, se enmarca en escenarios más amplios y no necesariamente clandestinos. Al igual que los actos de sicariato, donde una ejecución particular tiene también otros objetivos, emitir señales más extensas. En ocasiones, como la del comando Barneix, las amenazas son directas y, otras veces, indirectas. Algunas están dirigidas a personas concretas y otras son más generales o colectivas. Ese es el universo de hechos acumulados en un conjunto de expedientes, que cuatro años después está siendo investigando en el Juzgado de 26º turno y la fiscalía Penal de 1er turno a cargo del Dr. Luis Pacheco (Expediente 89-121/2017)

La inoperancia o incapacidad del Estado en resolverlas y poner fin a su impunidad tiene el efecto de potenciar una eficacia que no necesita la consumación de la amenaza para probar su capacidad. La impunidad de esos actos intimidatorios contribuye a su perpetuación en el tiempo y en el estado de ánimo de sus víctimas, directas e indirectas.

Sin duda que ha existido un marcado desnivel en la importancia que se le ha atribuido a esos actos intimidatorios, sus eventuales víctimas nacionales y aquellas radicadas en el exterior. A ese desnivel o importancia que se le atribuye a esos actos de amenazas, no son ajenos las instituciones estatales nacionales, comparadas a instituciones como la CIDH, Amnistía Internacional, entre otras. Esto explica el correcto y entusiasta activismo de la Dra. Francesca Lesa y Jair Krischke, dos de los tres extranjeros amenazados (Louis Joinet falleció en 2019).

Las amenazas e intimidaciones a defensores de los derechos humanos son hechos graves que ocurren en todo el mundo y retroalimentan e inciden en países como el nuestro. Por esa razón, es objeto de preocupación por parte de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor.

En su informe, la Relatora Especial llama la atención sobre el problema de las amenazas de muerte, que en muchos casos preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos. La Relatora formula recomendaciones a los Estados para poner fin a esta tendencia, y pide que se cumplan las normas y los principios jurídicos en vigor.

Tenemos claro que dichas amenazas suelen tener por objeto intimidar y silenciar a los defensores de los derechos humanos e impedir que lleven a cabo su labor. No existe un ataque más directo al espacio de la sociedad civil que los actos que obstaculicen la actuación de los defensores de los derechos humanos.

A juicio de los expertos internacionales, las acciones contra los defensores de los derechos humanos son hechos que ningún Estado debería permitir, ya que las amenazas forman parte de un ataque contra la sociedad civil. La impunidad de estos hechos pone en cuestión la falta de apoyo de los Estados a los defensores de los derechos humanos, y por tanto al papel que estos desempeñan en su relación de la sociedad civil y el sistema interamericano de derechos humanos, como salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho.

Quienes hoy siguen insistiendo en reclamar una actuación eficaz del Estado en torno a esos hechos, no lo hacen únicamente en busca del amparo personal, sino porque la impunidad de esos hechos desprotege a aquellas otras personas para quienes el defensor o defensora trabaja.

Las recientes requisitorias ante un eventual archivo de la causa parecieron mover la modorra del sistema judicial. Esperemos que ese despertar no repita conductas anteriores, por las que se hace algo para que todo siga como está”.

Las amenazas

En enero de 2017 el autodenominado “Comando Barneix” envió por correo electrónico amenazas a 13 abogados y militantes por los derechos humanos.

Los amenazados fueron los abogados Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia, el juez francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke, la exfiscal Mirtha Guianze, la exvicecanciller Belela Herrera, el fiscal de Corte Jorge Díaz y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Este comando señaló que tenía intenciones de asesinar a tres personas de esta lista por cada nuevo “suicidio” de un militar que fuera juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura. “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en adelante, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”, señalaba la amenaza.

En el 2019 el abogado Óscar López Goldaracena presentó ante la jueza penal Ana Ruibal una ampliación de la denuncia que investiga las amenazas del Comando Barneix, realizadas en enero de 2017, contra 13 operadores judiciales y defensores de los derechos humanos.

El abogado, quien además es uno de los amenazados, consideró importante informar a la jueza del caso estos mensajes con amenazas que comenzaron a circular en la tarde del sábado 24, pocas horas antes de las elecciones, en aplicaciones de mensajería, y que luego llegaron a las redes sociales.

La investigadora italiana Francesca Lessa, una de las 13 víctimas de las amenazas del Comando Barneix, expresó que este grupo se mostró “envalentonado”, ya que esta vez las amenazas fueron dirigidas a centenares de personas.

El texto señala:

“Todo nuestro apoyo a Lacalle y Manini. El domingo se define el futuro de nuestra Patria. Tenemos que votar a Lacalle como presidente con el apoyo de nuestro Comandante Gral. de Ejército Guido Manini Ríos”.
“Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la Patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores”, agrega el texto.

Más adelante el mensaje agrega:

“La única opción es ganar. Antes caer de espaldas que de rodillas”

Y cita un pasaje bíblico del libro de Job, en su capítulo 4:

“Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos”. “Empezamos a volver”, termina el mensaje, firmado por el Comando Barneix.