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A pesar de que está prohibido por el Estatuto de Asociaciones Civiles del Uruguay, el presidente de la ONG Uruguay Adelante, Santiago Pérez, percibe un salario desde julio de 2021 por ese cargo, según informó MVD Noticias.
Dicho estatuto, establece en su artículo 27, el cual versa sobre limitaciones especiales, que “es incompatible la calidad de miembro de todo órgano electivo de la institución, con la de empleado o dependiente de la misma por cualquier concepto”, algo que Pérez no cumple actualmente.
Uruguay Adelante es la Organización No Gubernamental en la cual el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) delegó -mediante tercerización- la asistencia a ollas populares.
De acuerdo con MVD Noticias, la hermana de Santiago Pérez también estaría percibiendo un sueldo e integrando al mismo tiempo la dirección de Uruguay Adelante.
En declaraciones a dicho medio, Pérez reconoció que fue alertado de esta incompatibilidad y afirmó estar consultando a un estudio jurídico “para subsanar esa ilegalidad”. Posteriormente, él y su hermana abandonaron los cargos de dirección para continuar cobrando sus sueldos.
Uruguay Adelante está en el medio de la polémica entre el Mides y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) de ollas y merenderos por la entrega de datos, que finalizó con la cartera dejando de apoyar a la CPS.
El viernes 23 de septiembre, Brenda Bogliaccini, integrante de la CPS, denunció en Legítima Defensa que desde Uruguay Adelante usaron los datos sobre las ollas brindados por la Coordinadora para decirles: si tú te salís de la red, si te salís de la Coordinadora Popular y Solidaria nosotros te damos más insumos.
“Hicieron varias veces esa campaña. La hicieron en nuestra red y la hicieron en otras redes; una campaña de ataque y de querer romper la forma organizada. (..) Lo van a negar, porque lo han negado, y nosotros lo volvemos a afirmar, eso pasó muchas veces y volvió a pasar hace poco. Esta operación era que para que las ollas se salieran de las redes”, afirmó Bogliaccini en esa oportunidad.