Según explicó Pallas, la hoja de ruta aprobada establece que entre mayo y setiembre de este año se convoque a ámbitos técnicos pedagógicos, así como a colectivos docentes y otros actores, para revisar contenidos curriculares y reglamentos de evaluación y pasaje de grado. “Estos reglamentos implican más trabajo burocrático para los docentes, que es uno de los reclamos que por supuesto compartimos”, señaló.
El cronograma de trabajo permitiría que las clases del año lectivo 2026 puedan iniciar con normalidad para los docentes, estudiantes y las familias con las modificaciones aprobadas en octubre. “Para que sea viable hacer las revisiones necesarias de forma participativas y comenzar algunas modificaciones en 2026, es necesario realizar las elecciones de horas en noviembre y diciembre de este año”, puntualizó.
La resolución también contempla el cumplimiento de la ley de negociación colectiva, ya que cualquier cambio curricular impacta en las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. En ese sentido, Pallas confirmó que en los próximos días se realizará el segundo ámbito bipartito CSEU-CODICEN para abordar, entre otros temas, los impactos laborales de la TCI.
Discrepancias
La hoja de ruta para la revision de la reforma educativa se aprobó por mayoría, con los votos favorables del presidente del organismo, Pablo Caggiani, y de las consejeras políticas Elbia Pereira y Carolina Pallas. Por su parte, los representantes del orden docente, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, se manifestaron en contra debido a discrepancias con la introducción incluida por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, aunque coincidieron con el cronograma de trabajo.
En declaraciones a este medio, el consejero Julián Mazzoni explicó que su voto en contra responde a que el documento, a su entender, plantea una continuidad entre el marco curricular aprobado en 2017 durante el gobierno del Frente Amplio y el de 2021 impulsado por la coalición de gobierno, lo que "restringe la capacidad crítica de los colectivos docentes" y "limita la posibilidad de discutir integralmente la reforma".
Con respecto a la diferencia de enfoques, Pallas sostuvo que responde a "una discusión filosófica y pedagógica sobre el modelo educativo". No obstante, insistió en que la hoja de ruta aprobada “es una propuesta realizable”, ya que "hay cosas que se pueden resolver este año y otras necesitan la elaboración de un presupuesto".
Por otro lado, subrayó la importancia de que el proceso cuente con la participación de las ATD, los sindicatos y otros actores del sistema educativo. “Hay aspectos de cualquier reforma curricular que implican convocar a toda la ciudadanía para preguntarnos qué esperamos que sepan y hagan los jóvenes al culminar la educación obligatoria”, sostuvo la consejera, quien también remarcó que el Congreso de Educación será un hito clave para la nueva administración.
Otras resoluciones
En paralelo, y como parte de las líneas de trabajo del Codicen, la consejera destacó otras resoluciones recientes vinculadas a compromisos de política educativa que asumió el actual gobierno. Entre ellas, mencionó la hoja de ruta ya en curso para la universalización del nivel 3, la creación de una comisión para abordar los desafíos en la asistencia a clase, y la reactivación de la Comisión de Educación Sexual Integral.
También subrayó una propuesta en elaboración que apunta a ampliar el tiempo pedagógico en los centros educativos. “Nos proponemos duplicar la cantidad de niños, niñas y jóvenes en este tiempo de extensión pedagógica”, afirmó.
