Cronograma
Durante los meses de mayo y junio se prevé la elaboración de documentos comparativos sobre los programas del Plan de Educación Básica Integrada (EBI) y el de Educación Media Superior (EMS), así como un análisis de los reglamentos de evaluación estudiantil (REDE y REEMS). A partir de esos insumos, las Asambleas Técnico Docentes (ATD) serán convocadas en julio para analizar los cambios propuestos, con miras a generar un documento integrador que proponga ajustes concretos.
Finalmente, en agosto y setiembre se presentará un informe con las propuestas de modificación al Codicen, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas junto con los equipos de planeamiento de los subsistemas.
La resolución también solicita al Consejo de Formación en Educación (CFE) que presente su propia hoja de ruta para ajustar el Plan 2023, en línea con lo dispuesto. Asimismo, se encomienda la difusión pública del documento aprobado a través de los canales institucionales de la ANEP.
Discrepancias políticas
Uno de los votos en contra fue el del consejero docente Julián Mazzoni, quien explicó su postura en diálogo con Caras y Caretas. Si bien valoró positivamente el cronograma propuesto para las consultas a los colectivos docentes y sindicales, subrayó que no pudo acompañar el texto en su conjunto debido a discrepancias con la introducción incluida por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas.
“Nosotros, con la consejera Daysi Iglesias, acompañamos los aspectos vinculados al cronograma de consultas a las asambleas técnico-docentes, los sindicatos y otras organizaciones. El problema es que ese documento tiene una introducción elaborada por la dirección ejecutiva que no compartimos, y por lo tanto no pudimos votar el conjunto del documento”, afirmó.
Según sostuvo, solicitaron que se desglosara la introducción del resto del contenido para poder votar por separado, pero fue posible. “Solicitamos el desglose, que no se pudo hacer finalmente, para separar la fundamentación del cronograma, y como no se pudo hacer, tuvimos que votar negativo el documento”.
Consultado por los aspectos específicos con los que no están de acuerdo, Mazzoni señaló que las diferencias se centran en el enfoque político de la introducción, especialmente en cómo se presenta la continuidad entre documentos elaborados en administraciones distintas. “Hay consideraciones que no compartimos. Por ejemplo, la idea —y a mí eso me resultó muy preocupante— de que hay una continuidad entre el marco curricular de referencia nacional elaborado por el Codicen en 2017 y el marco curricular nacional de 2021. Aquí se plantea una continuidad entre la política educativa del último gobierno del Frente Amplio y la del actual gobierno de coalición. Nosotros rechazamos eso”.
Además, manifestó reparos con las limitaciones a la participación planteadas en el documento. “Se establece simplemente la redefinición de los programas existentes y de los reglamentos. Eso disminuye bastante la posibilidad de discutir en su totalidad la transformación curricular”.
Para finalizar, se refirió a uno de los pasajes más representativos de la hoja de ruta que señala la necesidad de "dar un mensaje, señales claras e inmediatas que marquen una posición. Ni el afán de refundación ni la idea de que no se va a tocar nada”. A su entender, el espíritu del documento restringe la expresión de los colectivos docentes: “Creemos que se están estableciendo cortapisas respecto a qué deben tratar en este intercambio. Los autores están pensando más en continuidades que en rupturas, y en eliminar las aristas más molestas para el docente para convencerlo de que acceda a revisar, pero no a desmontar la transformación”.
“No se puede poner limitaciones a la expresión democrática de las organizaciones representativas de los docentes”, concluyó.
