La institución llevará un registro de las llamadas realizadas por García Troche, en un libro foliado y firmado por el funcionario designado. Deberá consignar la fecha y hora, número al que se desea llamar, nombre y apellido de la persona a la que llama, grado de parentesco o afinidad, duración de la llamada y firma de la procesada.
Protocolo de llamadas
“En caso de que la persona a quien vaya dirigida la llamada no conteste, se dejará un registro de tal situación. Además, se establecerá que las llamadas (normales o videollamadas) se realicen exclusivamente en el horario diurno (entre las 10:00 y las 12:00 horas), los días lunes, miércoles y viernes, con una duración máxima de veinte (20) minutos”, indica el comunicado.
“El uso del aparato de comunicación tendrá como única finalidad promover el acercamiento de la encausada Gianina García Troche con sus familiares y sus abogados defensores debidamente acreditados, a través de las comunicaciones monitoreadas y siempre bajo la supervisión del personal designado para tal efecto”, apunta el escrito.
“En ese contexto, los funcionarios que se encuentren a cargo del control del uso del aparato de comunicación estarán obligados a supervisar y comprobar el uso adecuado del mismo, y los abogados defensores deberán respetar las condiciones señaladas en la presente resolución”.
Arresto domiciliario rechazado por peligro de fuga
El fiscal Deny Yoon Pak había requerido la prisión preventiva, mientras que los abogados Christian Fernando González Rivas y Hugo Ramón Núñez Ortiz, por la defensa de la procesada, solicitaron la aplicación de las medidas alternativas a la prisión.
Los defensores solicitaron específicamente el arresto domiciliario en una vivienda ubicada en Asunción.
En efecto, los defensores ofrecieron como caución real un inmueble ubicado en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, de propiedad de Luz Martínez, quien estuvo presente en la audiencia para dar su conformidad en caso de que fuera aceptado el pedido.
La magistrada consideró el peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, teniendo en cuenta la expectativa de pena, de 5 a 15 años de prisión, sumado a que la misma ya se encontraba prófuga, por lo que levantó la rebeldía y decretó la prisión preventiva.
