“Aquella no era una cárcel, era una universidad del crimen. Entré con un bachillerato en marihuana y salí con un doctorado en cocaína.” Johnny Depp, interpretando a George Jung en Blow
Desde los tiempos de Jorge Larrañaga hay discrepancias entre las cifras de homicidios dadas por el Ministerio del Interior y las de Fiscalía y otras fuentes. Permanentemente los representantes del oficialismo comparan las cifras de delitos con las que se daban con el anterior gobierno; pero siempre con algún detalle que les beneficia. En algún caso se llegó a dar las cifras de homicidios del mes antes que el mes terminara. En otros, se comparan los períodos más convenientes para ellos. Por si fuera poco, está el dudoso incremento de las llamadas “muertes dudosas”.
No es nuestra intención entrar en ese juego perverso, instalado por el mismo Partido Nacional, de andar sumando o restando cadáveres en aras de mezquinos intereses políticos; pero el gobierno niega lo que decenas de países y organismos especializados han aceptado públicamente: que la restricción de la movilidad por causa de la pandemia redujo la cantidad de delitos.
¿Cómo negar que el cierre de fronteras evitó el ingreso de grupos delictivos, provenientes sobre todo de Brasil, que suelen incursionar en nuestro territorio? No es casual que en este trimestre Rivera esté entre los tres departamentos (con Montevideo y Canelones) donde más aumentaron los homicidios. La ecuación es sencilla: más gente en nuestro territorio, más crímenes; más gente en la calle, más crímenes. Eso explica lo que marcan las estadísticas; hay más asesinatos los fines de semana; porque eso implica más alcohol, más tránsito, más aglomeraciones… La noche y el anonimato (que casi asegura un número importante de habitantes o visitantes a una ciudad) también son alicientes para la comisión de delitos. Es por ello que, en poblaciones poco pobladas como Mariscala, Pirarajá o Zapicán, el delito de rapiña es una rareza, siendo lo más común el abigeato, el hurto y, en todo caso, muertes por diferencias espontáneas o pasionales. El caso de San Carlos (muy cercana a la capital departamental de Maldonado) llama la atención, ya que siendo una ciudad pequeña tiene bandas rivales de narcos con los consecuentes ajustes de cuentas, fenómeno que también llegó a la otrora segura y tranquila Minas, en Lavalleja.
Ahora es indiscutible que a medida que retorna la normalidad, lamentablemente, retornan los delitos.
Cuando a Heber se le pregunta por el récord histórico de homicidios en los penales, su respuesta es que está orando para que no haya más. Tuvo que pasar el 27 de marzo y la LUC fuera ratificada para que se reconociera que este delito se ha disparado; pero mientras Heber, político profesional, driblea con las cifras, a la gente la siguen matando. Mientras los medios afines al gobierno han reducido al máximo la crónica roja, dejando incluso de informar casos gravísimos de crueldad y sangre, a la gente la siguen matando. Mientras el gobierno continúa atacando al Poder Judicial, a la INDDHH, al Frente Amplio, a los docentes, a los gremios y sindicatos y hasta a las murgas, a la gente la siguen matando. Mientras la Policía está más abocada a reprimir trabajadores y estudiantes que hacen pintadas que a investigar delitos, a la gente la siguen matando. La mitad de los homicidios no han sido aclarados y la aclaración de delitos en general ha descendido con respeto a la gestión de Eduardo Bonomi.
La Policía no precisa la demagogia del gobierno, sino medidas concretas. Durante los tres gobiernos del Frente Amplio, la Policía obtuvo 140% de aumento de salario real. Eso es apoyo concreto. Lo de ahora es pura cháchara mientras se le quita salario real.
Que fueran 96 o fueran 99 no cambia el hecho de que la situación es grave y justo es decir que tampoco el Frente Amplio pudo solucionarla, aunque, por lo menos, no le mentía a la gente. Saliendo de ese juego de pequeñeces, que envilecen la función pública, lo que debemos asumir todos es que, desde que el narcotráfico se instaló en nuestro país, tenemos un problema grave que no se va a solucionar solo manijeando a la Policía para que salga a meter palo y bala a diestra y siniestra. Sin embargo, no es esa la única causa que explica el aumento de la criminalidad. Las causas son múltiples y si las causas son múltiples las soluciones también deben serlo.
La inmensa mayoría de quienes están recluidos en penales son jóvenes provenientes de barrios pobres. De ninguna manera voy a justificar la comisión de delitos con la pobreza; pero es irrefutable que la angustia producida por la miseria y la falta de oportunidades para estudiar o trabajar, la desesperación por no saber si podrás pagar el alquiler o llevar comida a tu familia o dar un gusto a tus hijos de vez en cuando, el dolor, la humillación y la impotencia que genera la pobreza, son un ataque permanente contra la muralla de las convicciones éticas. Para quien creció entre algodones, los pobres son pobres porque quieren. ¡Qué fácil para quienes llegaban con chófer particular al colegio privado y nunca, jamás, supieron lo que era ir a estudiar sin el correspondiente desayuno o almuerzo!
Quizá los pueblos no solo tengan los gobiernos que se merecen; sino también los delincuentes que se merecen.
Luchar contra la desigualdad social y la injusta distribución de la riqueza no es la solución total; pero es una parte ineludible. Lo que hace este gobierno, al incumplir sus promesas de crear decenas de miles de soluciones habitacionales e, incluso, al legalizar el desalojo exprés y reprimir violentamente a los trabajadores, va en la dirección contraria. Para colmo, no existe interés alguno en planes de rehabilitación. Es más, un vocero importante de la coalición, como lo es el diputado y exfiscal Gustavo Zubía, afirma que el Estado no tiene obligación alguna de rehabilitar a nadie.
Con esa mentalidad, no cabe esperar otra cosa que un aumento de la criminalidad.
Renunciar a la rehabilitación es apostar al salvajismo. Ese salvajismo estatal se manifiesta de diferentes maneras.
Salvajismo
Cuando el Ministerio del Interior afirma que los policías que balearon en un pie y en la nuca a un joven (que había robado una oveja y huía con otro en moto actuaron en legítima defensa, es salvajismo.
Que se nieguen los abusos policiales en la misma semana en que dos jóvenes son violadas en un patrullero, es salvajismo.
Cuando el ministro se desacata en dos ocasiones con el Poder Judicial y no se traslada a un juzgado a represores de Domingo Arena porque según las autoridades del penal no tienen vehículos, es salvajismo.
Cuando, como denuncia Ricardo Pose en la nota “Algunos desbordes policiales que atentan contra políticas de rehabilitación”, se niega asistencia médica a presos que han sido heridos de manera grave por la guardia policial, se hace del salvajismo una política de Estado. Lo que cuenta Pose es tan desgarrador y dramático que prefiero invitarlos a que lean su nota, pero hablo de personas con pérdida de pedazos de cráneo y maxilares destrozados, quienes, según las denuncias de los familiares, llevan meses esperando ser intervenidos quirúrgicamente y en algún caso, tras salir del Maciel, se le tiró a un calabozo sin cama ni agua y lleva cinco meses sin medicación.
Llegó la hora de que todos los partidos políticos se reúnan y acuerden una política de Estado basada en la rehabilitación, humanización del sistema penitenciario, educación de la Policía en derechos humanos y depuración de los cuadros corruptos.
No debemos pensar en una reforma educativa, sino en una revolución educativa que cambie mentes y corazones. Con el Frente Amplio se inició una gran campaña contra la violencia doméstica; pero ahí sigue. Si no cambiamos mentalidades desde la infancia y adolescencia, luego solo quedará continuar lamentando esta masacre de mujeres.
Que con respecto a homicidios la mayor letalidad se de en personas de 18 a 38 años, es un dato que debe ser tenido en cuenta para implementar una batería de planes que apunten a la raíz del problema. Que a medida que aumenta la edad desciende la reincidencia, también es un dato a analizar.
Podemos tener un país mejor; pero no por este camino, donde las denuncias descienden porque se desestimula a las víctimas, ya no se toman denuncias en el lugar de los hechos con las tablets y se quitaron a los pasantes de las comisarías; pero, sobre todo, porque la gente le está perdiendo confianza a la fuerza pública, y eso es grave; pero no es culpa de la gente. Los continuos atropellos policiales con uso desmedido e injustificado de la fuerza explican fácilmente esa desconfianza.
Sería bueno, y sería el primero en felicitarlo, que el presidente convocara a todos a un diálogo nacional para atender las causas profundas del aumento de la criminalidad; pero me temo que la mentalidad palaciega de muchos integrantes de la coalición les impide ver la realidad.
Dejemos la guerra de los números y acordemos políticas de Estado; porque detrás de los números, gráficas y estadísticas, hay seres humanos y familias destrozadas.