El pasado 20 de febrero murió en Maldonado una joven de 21 años luego de que se le practicara un aborto ilegal en la localidad de Nico Pérez, en el departamento de Florida. El médico que realizó la práctica fue procesado con prisión, así como también la pareja de la fallecida, ambos bajo los cargos de “aborto efectuado con la colaboración de un tercero con el consentimiento de la mujer”. Aunque el galeno reconoció haber atendido a la joven, que ya había pasado el tiempo estipulado por la ley para hacerse un IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), negó haberle practicado el aborto. Sin embargo, el novio de la mujer confesó la realización del aborto ilegal. Ambos podrían afrontar una pena de entre 6 y 24 meses de prisión, según lo estipulado en el Código Penal. A raíz de este caso, segunda muerte por aborto ilegal desde que existe el nueva legislación al respecto, la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) denunció que en el departamento de Maldonado las mujeres que deseen abortar de forma segura pueden encontrarse con profesionales que intentan desestimularlas o buscan demorarlas para que superen las doce semanas de gestación. Desde el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de esa organización afirmaron a Caras y Caretas Portal que demoras innecesarias, consultas que no tendrían que haber sido y derivaciones incorrectas, forman parte de una intención de dilatar el plazo previsto para realizar un IVE (12 semanas). “Si desde los servicios de salud existe una dilatación del tiempo se corre el riesgo, como identificamos casos, de que se venzan los plazos. Y eso es error de los servicios, no de las usuarias”, dijo María Eugenia Casanova, integrante de MYSU.
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