El juicio tramitado en Italia por los crímenes cometidos durante la concertación represiva del Plan Cóndor fue “un proceso histórico grandioso”, ya que permitió reconstruir un pedazo de la historia de los países del Cono Sur, al mismo tiempo que implicó un reconocimiento explícito de la existencia de este plan de secuestro, asesinato y desaparición de opositores políticos durante los años 1970 y 1980. Así lo afirmaron los abogados Antonio Salerni y Mario Angelelli, representantes de las familias de las víctimas ante los tribunales italianos. Salerni y Angelelli fueron los disertantes centrales de una actividad organizada por el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), en la Sala Maggiolo de la Facultad de Derecho. Ambos llegaron a Uruguay para brindar detalles del proceso judicial tramitado en Italia y sus perspectivas futuras. En este marco, los abogados también se reunirán con el Pit-Cnt y disertaran en un evento organizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). En enero de 2017, la Justicia italiana dictó sentencia en relación al largo proceso penal tramitado contra civiles y militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, por su participación en la desaparición y muerte de 23 ciudadanos italianos y uruguayos en el marco del Plan Cóndor. El fallo implicó la condena de ocho personas. Entre los uruguayos que eran imputados, la Justicia condenó únicamente al ex canciller Juan Carlos Blanco y la absolución de los restantes implicados, incluido, el capitán de navío (r) Jorge Tróccoli. La decisión fue cuestionada por los querellantes en la causa, entre ellos, el Estado uruguayo. Sin embargo, Salerni afirmó que el proceso aún no culminó y destacó que la sentencia implica un reconocimiento de la existencia del Plan Cóndor y su responsabilidad en el secuestro, asesinato y desaparición de opositores políticos a las dictaduras del Cono Sur. Salerni explicó que el proceso se inició en 1999 y que se fue enriqueciendo con el testimonio de víctimas y familiares de víctimas de los distintos países involucrados. “No fue fácil reconstruir la historia, pero con un trabajo paciente se logró esa reconstrucción”, dijo Salerni. El abogado afirmó que el hechos más importante de esta sentencia es que “reconoce este plan” y la responsabilidad penal de las principales autoridades de cada uno de estos países en la persecución y muerte de opositores políticos. “Las autoridades ubicadas en el vértice superior son responsables de los homicidios adjudicados” al Plan Cóndor, afirmó. A esto se suma, que el tribunal reconoció la participación de los militares uruguayos, como Tróccoli, en el secuestro de estas personas. Sin embargo, el tribunal alegó que estos militares “no eran conscientes” que ese acto implicaría la muerte de estas personas, lamentó el abogado.
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Mario Angelelli, abogado de las familias de víctimas del Plan Cóndor en Italia.
Por su parte, Angelelli señaló que el juicio por el Plan Cóndor se trató de “un proceso histórico grandioso”, que fue construido “gracias al compromiso de los testigos y los familiares de las víctimas” que viajaron a Italia para brindar su testimonio. Y remarcó que este juicio representa un pedazo de la historia de los países del Cono Sur, pero también de los italianos, ya que muchas de las víctimas eran ciudadanos de ese país. Angelelli explicó que “el principal enemigo en este proceso fue el paso del tiempo”, ya que tras una investigación muy extensa se libró una orden de captura contra unos 149 militares y civiles, pero recién en 2015 se logró elevar el proceso a juicio oral con imputaciones contra 33 personas. De los imputados “algunos murieron” durante el desarrollo del juicio, destacó. A esto se le suma lo difícil que resulta probar situaciones “que sucedieron hace 40 años”, ya que para condenar “la Corte debe tener la certeza de los hechos”. En este sentido, Angelelli aseguró que una primera lectura del fallo permite establecer que se trató de una “sentencia positiva”. “Muchas de las cosas que decíamos en su momento eran una idea (sobre los crímenes cometidos), pero ahora son una realidad. El Plan Cóndor es una certeza; está certificado por una sentencia”, valoró. Sin embargo, “a esta sentencia le falta el 10%, le falta probar los homicidios, que los militares tenían conciencia que esas personas (secuestradas) iban a ser asesinadas”, afirmó Angelelli. “No estamos de acuerdo, creemos que las pruebas que presentamos son suficientes” para probar esa conciencia sobre el destino que tendrían los secuestrados, agregó. El abogado destacó que uno de los puntos de la apelación será intentar probar esta situación, y para eso se basarán en jurisprudencia firme que indica que quien efectúa un secuestro con esta modalidad sabe que este acto puede llevar a la muerte del detenido y se hace cargo del resultado. “Hay que trabajar jurídicamente sobre estos fundamentos para que la Corte de Apelaciones modifique este aspecto de la sentencia”, aseveró Angelelli. En este marco, el representante del CED, Iván Luzardo Ruiz, se refirió -en diálogo con Caras y Careas Portal – a “lo importante y necesario de generar este tipo de instancias de reflexión colectiva en temas que como sociedad nos resultan vitales, de cara a poder generar una opinión crítica en torno a los derechos humanos”. El evento contó con la participación de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, el ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, y del historiador Óscar Destouet.