El aumento de tarifas en lo suministros de UTE, Antel y Ose es una medida antipática resuelta por el gobierno para bajar el déficit fiscal que impacta de forma directa en el bolsillo de la gente y que ha enojado, con razón, a la sociedad. Es mucho dinero, quizá alcance a un punto del PBI y no es una resolución administrativa como la supuesta “capitalización” de Ancap, que, en gran medida, sólo se trató de una condonación de deuda, una maniobra contable de desimputación de un déficit de una empresa pública para imputarlo al Estado. Acá estamos hablando de plata. De utilizar las tarifas públicas para recaudar dinero y así compensar una parte del déficit fiscal.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Si a la medida de aumento de tarifas en enero, le sumamos los “premios” tarifarios de diciembre, que más que representar un beneficio para la gente parecen suponer un maquillaje de la inflación para evitar que se gatillen los salarios -sobre todo los públicos-, entonces entre las dos medidas se termina consolidando un doble perjuicio para los trabajadores. Por un lado no se ajustan los salarios como quizá deberían, y por otro, en enero, se ajustan al alza las tarifas. Otra cosa habría sido si esta medida se tomaba antes de terminar el año 2015, porque en ese caso habría implicado un aumento mayor de muchos salarios.
No sólo hay que analizar estos aumentos en términos de las cuentas generales del país. Hay que hacerlo en su impacto en la vida de la gente, especialmente la que vive de su trabajo o de su pequeña empresa. Porque toda esa multitud va a ver sus ingresos disminuidos por aumentos que no son marginales sino importantes, sobre todo si consideramos que las tarifas públicas en nuestro país no son baratas. Y 10% sobre la tarifa básica, más el IVA que debe recalcularse sobre la nueva tarifa, implica un esfuerzo económico real para el bolsillo, con salarios que no se recuperaron lo suficiente para compensar estos nuevos costos de vida, que además tendrán impacto también en otros costos, puesto que es claro que los empresarios van a intentar absorber estos aumentos trasladándolos a precios o incluso echando gente.
No hay que comerse el verso de que la carga fiscal uruguaya es excesiva para los verdaderamente poderosos. Aunque las cámaras protesten, muchos protestan sin ser capaces de reconocer que su contribución es bastante menor a la que debería ser en el marco de una política recaudatoria mejor diseñada. Pero tiene toda la razón la central de trabajadores cuando denuncia el doble estándar de intentar desindexar salarios de los precios y, sin embargo, cargarles a las tarifas ya no la inflación, sino un poquito más todavía.
No puede ser así que se corrija los desequilibrios fiscales en un gobierno de izquierda. No puede ser la mayoría de la sociedad la que ponga la mayor parte de la plata, cuando no es la mayoría de la sociedad la que se lleva los mejores beneficios. En los últimos años hemos mejorado los índices de desigualdad, pero seguimos siendo un país desigual y donde el verdadero poder económico, el capital, contribuye más bien en relación con sus capacidades. Esta medida recaudatoria no la comprenden muchos y no la defiende nadie, salvo los que la toman. Y la suma de medidas que provocan un perjuicio concreto a las finanzas de la gente, incomprendidas o incomprensibles, pero que se acumulan como un rosario de malas noticias, termina horadando la confianza de la sociedad en la política económica y en el gobierno.
Con estas trampitas se va construyendo la derrota futura. Todos nuestros tecnócratas se la pueden pasar argumentando iniciativas impopulares promovidas en nombre de intereses superiores, pero la gente no es tonta y sabe bien que sobre sus espaldas está cayendo el precio de ciertas dificultades que responden, o bien a problemas domésticos de la gestión, o a crisis internacionales, o a ciclos económicos del capitalismo, o a una combinación de todas esas cosas, pero que no fueron provocadas por la gente común y no puede ser que las únicas variables de ajuste sean las tarifas, los salarios y el empleo.
Estamos a tiempo de tener más imaginación, de explorar caminos que hasta ahora no nos hemos atrevido, para abordar los desafíos económicos del país. Es indispensable un poco de heterodoxia para concitar cierta adhesión de la ciudadanía, algo que tal vez en el equipo económico se mira con recelo, con desconfianza y hasta con desprecio. Pero el mundo es más grande que nosotros. Las herramientas económicas no son únicas ni tienen el estatus científico de la medicina o de las ciencias naturales. Claramente algunos piensan que sí, pero no. No hay una matemática o una bioquímica o una astrofísica de izquierda o de derecha. Puede haber sí enfoques distintos y contenidos distintos de los problemas que se abordan en función de propuestas ideológicas, y puede haber -y los hay-, por ejemplo, cirujanos que sólo atiendan a los que le puedan pagar y no utilicen sus conocimientos para salvar a los que no puedan, aunque lo necesiten. Pero eso habla del cirujano en tanto individuo, y no de las especialidades quirúrgicas. En cambio en la economía las cosas son distintas. Porque la economía es política. Y en la política, para resolver un problema económico, siempre existe la posibilidad de favorecer a unos o a otros en el complejo entramado de intereses en pugna. Hay que tomar decisiones atrevidas. Estar dispuestos a afectar grupos fuertes, intereses poderosos. Pero siempre son posibles distintos caminos. Y este camino que se ha elegido, no parece ser el que más beneficia a las grandes mayorías.