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Las declaraciones de uno de los directores del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Wilder Tayler, asegurando que el gobierno minimiza sobre los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores Públicos, levantó polémica.
En las últimas horas la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, salió al cruce de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) diez días después de que ese organismo publicara un informe en el que pidió una “urgente investigación” del gobierno sobre los casos de abuso policial denunciados.
Tayler dijo además, que hay una “tendencia a desestimar la seriedad” de las denuncias, salvo en los pocos casos en que hay filmaciones.
Para la vicepresidenta, al pronunciarse sobre este tema la INDDHH “intervino” en la campaña de cara al referéndum contra la ley de urgente consideración del 27 de marzo, y en rueda de prensa consideró que “llegó el momento de replantear muchos aspectos” del funcionamiento de la institución. Argimón recordó que este año, en setiembre, culmina la gestión del actual consejo directivo de la entidad, y que ante la necesidad de elegir a los nuevos integrantes es un buen momento para “hacer un balance”: “En qué contribuyó, en qué no y qué aspectos hay que mejorar”.
“Creo que intervenir de la forma que intervino en estos casos realmente no es lo que entiendo corresponde a la INDDHH”, consideró la jerarca, y añadió que ante este escenario “se necesita una rápida revisión de cómo debe funcionar esta institución”. Además, planteó que “seguramente esto va de la mano de algunas reformas a nivel legal que le den un marco de garantías diferente, preservando la independencia técnica que tiene que tener”.
El Partido Nacional parece estar alineado al pensamiento de la vicepresidenta y el presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, hace algún tiempo, fue un paso más allá y reafirmó su intención de derogar la ley que creó la institución.
