Berterreche: LUC genera más extranjerización y concentración de la tierra

La Ley de Urgente Consideración (LUC) ha sido ampliamente discutida, sobre todo con respecto a la desmonopolización de Ancap o las nuevas disposiciones en materia de seguridad. Sin embargo, aún existen más sorpresas. El exsenador, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y expresidente del Instituto Nacional de Colonización (2010-2013), Andrés Berterreche, dijo a Caras y Caretas que la LUC genera más extranjerización y concentración de la tierra debido a que hasta 120.000 hectáreas serán vendidas y adquiridas por “quienes tengan la plata para comprarlas”.

“Entre 70.000 y 120.000 hectáreas pueden salir del entorno del Instituto de Colonización. Eso implica que algunas multinacionales sean favorecidas, va a haber disponibilidad rápida para vender a quienes tengan la plata para comprar, y eso significa, generalmente, por la realidad del mundo, un proceso de concentración y extranjerización de la tierra. La decisión del artículo 353 de desafectar estas decenas de miles de hectáreas implica que va a haber un aumento del precio de esas tierras que se lo va a apropiar alguien y no precisamente el Estado, que fue el que hizo el ejercicio histórico para que un montón de gente pudiera estar allí”, afirmó a esta revista Berterreche.

Sostuvo que, en la LUC, en el artículo 354, sobre la obligatoriedad de la permanencia de las tierras, hay un “olor a hacerle favores a algunos amigos”. “Tengo algunas sensaciones sin confirmar, no creo que toda la gente del Partido Nacional piense que estas dos medidas sean las adecuadas, posiblemente la mayoría, y algún sector conservador o con más amigos que favorecer son los que están empujando esta posición. Llama la atención que posturas de carácter nacionalista como Cabildo Abierto las hayan votado, sobre todo esta afectación del tema del banco hipotecario cuando, en definitiva, a veces se llenan la boca en contra de los capitales transnacionales”, reflexionó.

Consideró que es posible que el herrerismo sea el sector que está impulsando estas nuevas disposiciones, pero advirtió que más allá de que haya contradicciones entre los sectores de la coalición, desde el punto de vista formal, todos están apoyando la ley.

“Es un asunto de investigación periodística, no me compete a mí, pero habría que ver si no hay legisladores que lleguen a beneficiarse con algunas de estas medidas. Si es así, tendrían que haberse excusado durante el proceso legislativo. Alguien que se favorece con alguno de estos artículos debió decir que tiene una fracción de estas características, ‘tengo que excusarme de esta discusión y pedirle permiso al cuerpo para poder intervenir’. Eso es lo que se estila. Por situaciones como esa se procesó a un diputado del Frente Amplio”, agregó.

Según un informe de Brecha, estas disposiciones en la LUC beneficiarán a una veintena de sociedades anónimas; una de las favorecidas será Forestal Oriental SA, propiedad de UPM, que tiene a su cargo la gestión de las 270.000 hectáreas utilizadas por la empresa finlandesa para dotar de materia prima su planta de producción de pasta de celulosa en Fray Bentos.

La propuesta también beneficiará a productores rurales, propietarios de estas tierras que a partir de ahora podrán arrendarlas o venderlas sin el visto bueno del Instituto de Colonización. Entre estos productores está Celeste Ceretta, madre del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

En la LUC hay una serie de disposiciones sobre las tierras que dona el Instituto de Colonización. ¿Usted cree que estas normas significan una nueva concepción del campo y de la distribución de tierras?

Sí. Hay dos artículos que fueron enviados, posteriormente fueron sacados y luego se los volvió a colocar. Sobre todo, uno de ellos, que es sobre la obligatoriedad de residencia en el campo. En primer lugar, se quiere sacar totalmente del Instituto de Colonización un montón de decenas de miles de hectáreas que son propiedad de colonos propietarios que venían del Banco Hipotecario. ¿Por qué se quieren sacar? Porque ellos tienen la propiedad, pero tienen limitantes que están dadas por la ley 11.029. Entre 70.000 y 120.000 hectáreas pueden salir del entorno del Instituto de Colonización, no se discute la propiedad, sino la afectación de la ley 11.029. Eso implica que algunas multinacionales sean favorecidas, va a haber disponibilidad rápida para vender a quienes tengan la plata para comprar, y eso significa generalmente, por la realidad del mundo, un proceso de concentración y extranjerización de la tierra. La decisión del artículo 353 de desafectar estas decenas de miles de hectáreas implica que va a haber un aumento del precio de esas tierras que se lo va a apropiar alguien y no precisamente el Estado, que fue el que hizo el ejercicio histórico para que un montón de gente pudiera estar allí.

En el caso del artículo 354, que es la obligatoriedad de la permanecía, debido a que la excepcionalidad ya existe, ponerlo en una ley tiene más olor a hacerle favores a algunos amigos.

¿Entonces se desfavorece al pequeño productor, al campesino, para favorecer al latifundista?

Sí. En el artículo 353 se promueve que esa tierra, que hoy puede recircular en aquellos aspirantes que no pueden acceder por medio el mercado, sea vendida en el mercado y favorezca a aquellos que puedan comprar. En ese sentido, desfavorecen al pequeño productor.

El otro problema es que aquellos colonos siendo propietarios o arrendatarios pueden dejar de tener esa visión que el artículo primero de la ley define, que los colonos no sean clientes con tierras, sino que sean gente que vive por y en la tierra. Eso lo dicen en los primeros artículos de la ley 11.029. Por las características de ese artículo, teniendo en cuenta que el directorio ya tenía posibilidad de hacer excepciones, lo que tiene es un aroma a que es más con nombre y apellido que por una medida concreta.

Llama la atención porque el Partido Nacional siempre se destacó por tener una retórica a favor del campo y del productor. ¿Cree que esta situación muestra lo contrario?

Para mí es altamente contradictorio, hasta con una ley que fue bastante importante, que la propició el Partido Nacional durante los gobiernos frenteamplistas, que fue la ley de repoblación de la campaña. Justamente ambos artículos, que están allí, van en contra de lo que se propuso, porque van en contra de la repoblación de la campaña. Lo único que me generan son contradicciones. Tengo algunas sensaciones sin confirmar, no creo que toda la gente del Partido Nacional piense que estas dos medidas sean las adecuadas, posiblemente la mayoría, y algún sector conservador o con más amigos que favorecer son los que están empujando esta posición. Llama la atención que posturas de carácter nacionalista como Cabildo Abierto las hayan votado, sobre todo esta afectación del tema del Banco Hipotecario cuando, en definitiva, a veces se llenan la boca en contra de los capitales transnacionales.

¿Qué pudo haber pasado? ¿Hay desconocimiento?

No hay desconocimiento. Hay una vocación concreta de ir por este camino.

¿Qué sector es el que más está pujando en este tema?

Es posible que sea el herrerismo. Ahora, más allá de que algunos de los sectores de la coalición sean los que empujen, los demás lo votan. Entonces, desde el punto de vista formal, podrá haber contradicciones, pero en definitiva lo terminan votando todos.

Es un asunto de investigación periodística, no me compete a mí, pero habría que ver si no hay legisladores que lleguen a beneficiarse con algunas de estas medidas. Si es así, tendrían que haberse excusado durante el proceso legislativo. Alguien que se favorece con alguno de estos artículos, debió decir que tiene una fracción de estas características, ‘tengo que excusarme de esta discusión y pedirle permiso al cuerpo para poder intervenir’. Eso es lo que se estila. Por situaciones como esa se procesó a un diputado del Frente Amplio.

Es “peligroso” que el Poder Ejecutivo avasalle al Poder Judicial

El también exviceministro de Defensa Nacional, Andrés Berterreche, se refirió, en diálogo con Caras y Caretas, a las declaraciones del senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y del ministro de Defensa, Javier García.

“Me parece un disparate que desde el Poder Ejecutivo se esté cuestionando sistemáticamente a la Justicia, eso va a en contra de la visión republicana, democrática y de la visión de los tres poderes. Si consideran que hay cosas que hay que reformar, que lo hagan si pueden. Si no, que respeten los dictámenes de la Justicia. De lo contrario, estamos entrando en un camino de muy difícil regreso”, afirmó.

Sostuvo que hay delitos que no cesan en el tiempo y puso como ejemplo el caso de la Segunda Guerra Mundial. “Hasta la fecha se siguen juzgando criminales de guerra en el mundo. Así que no es un problema de tiempos cuando hay delitos de lesa humanidad”, agregó.

Domenech dijo que en Uruguay debería haber una amnistía para los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura cívico militar (1973-1985) que haga dar «vuelta la hoja» respecto a lo ocurrido en esos años.
«Yo pienso que tiene que haber una amnistía que contemple también a los militares y dar vuelta la hoja; en algún momento hay que dar vuelta la hoja, sin perjuicio de atender la situación de los desaparecidos y la búsqueda de esos cuerpos, eso es otra cosa», aseguró Domenech a radio Universal.

El jueves, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que en el gobierno están «muy preocupados» por el procesamiento del soldado Leonardo Vidal, quien el 14 de julio de 1972 mató al guerrillero Nelson Berreta Hernández, quien esposado intentó escapar y fue muerto por una ráfaga de ametralladora.
Vidal hoy tiene 72 años y, según García, está enfermo y a la espera de una operación.
Por su parte, el Frente Amplio criticó las declaraciones del ministro, considerando que las apreciaciones de García son «violatorias de la Constitución, de la ley y atentan contra la separación de poderes que rige nuestra forma republicana de gobierno», ya que constituyen «un ataque a la independencia del Poder Judicial».