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Bolsonaro suspendió compra de vacuna anticovid producida por China

Los partidos de la oposición presentaron una demanda en el Tribunal Federal Supremo (STF) el pasado viernes contra la decisión del presidente Jair Bolsonaro de suspender la adquisición de la vacuna china desarrollada por el laboratorio Sinovac en asociación con el Instituto Butantan.

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El PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PT y la Red de Sostenibilidad firman la Declaración de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF).

La decisión de Bolsonaro fue catalogada como «inoportuna y con un claro carácter ideológico y electoral». Además, dicen que la postura está «en flagrante contradicción» con la iniciativa del gobierno de poner a disposición 1.900 millones de reales para hacer viable la vacuna inglesa que está desarrollando la Universidad de Oxford.

«La diferencia, al parecer, está sólo en el mezquino cálculo político del presidente para revelar una conducta incompatible con las altas responsabilidades del cargo y apta para caracterizar un flagrante mal uso del propósito», escriben las partes.

Sostienen que la discontinuidad de las negociaciones no tiene una justificación científica o técnica consistente y, por lo tanto, constituye un “acto inconstitucional” que “milita contra la vida de las personas”.

La acción señala preceptos de la Constitución que, para las partes, no se cumplen con la decisión de Bolsonaro. El primero de ellos es el derecho fundamental a la vida, en el artículo 5, y el derecho a la salud, en el artículo 6.

Según lo trascendido hay una infracción al artículo 196, que trata de la garantía de políticas sociales y económicas que tengan como objetivo “reducir el riesgo de enfermedades y otras enfermedades y el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción”. Continúan acusando incumplimiento del artículo 197, relacionado con la necesidad de regulación, fiscalización y control de las acciones sanitarias.

Así, solicitan a la Corte Suprema que obligue a Bolsonaro, bajo supervisión urgente, a abstenerse de la práctica de cualquier acto que tienda a obstaculizar actos administrativos relacionados con eventuales vacunas que resulten seguras y efectivas para la salud humana, “evitando valoraciones extrañas y contrarias a se adoptan parámetros y principios constitucionales ”.

También solicitan que el mandatario presente, en un plazo de 30 días, los planes y programa del gobierno para la vacuna y medicamentos contra el Covid-19, que incluyen cronogramas, acciones de investigación planificadas, tratamientos, protocolos de intención, proyecciones presupuestarias, entre otros.

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