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Branko Marinkovic, otro fascista en el gobierno de facto en Bolivia

Mientras en el país continúa una huelga general en demanda de elecciones a corto plazo y como duro rechazo a la gestión de Jeanine Áñez, el gobierno de facto pretende prolongar su permanencia en el poder y nombró al político separatista Branko Marinkovic como ministro de Planificación.

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Coartar la libertad de expresión con la excusa de defender la salud y la vida, ha desnudado la esencia del gobierno de facto, un régimen déspota, dictatorial, de ultraderecha y fascista.

Un gobierno que jamás fue votado por el pueblo boliviano y que está en funciones en virtud a una sucesión legal, cuya vigencia fue extendida por razones de fuerza mayor como la pandemia, debe ser sustituido por uno democráticamente elegido y cuya esencia sea de respeto a la ley.

La “resurrección” de los crotas

Casi como una provocación, la presidenta Jeanine Áñez acaba de nombrar como ministro de Planificación del Desarrollo, al político separatista de origen croata Branko Marinkovic, quien estuvo exiliado acusado de terrorismo por 11 años.

Marinkovic, es conocido por organizar grupos racistas que en el 2008 atacaron a mujeres y a grupos de indígenas. Fue titular del cuestionado Comité Cívico de Santa Cruz.

En ese mismo año fue presidente del Comité Pro Santa Cruz, dos años después que Evo Morales asumiera la primera magistratura del Estado en 2006.

Junto a Rubén Costas, Mario Cossio, Leopoldo Fernández, Ernesto Suárez y Sabina Cuéllar, prefectos y otros líderes cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca respectivamente, formaron un bloque opositor al gobierno que tuvo por nombre «La Media Luna».

Uno de los acontecimientos que terminó fracturando la alianza fascista contra Evo fue la denominada «Masacre de Porvenir», el 11 de septiembre del 2008.

Posteriormente fue acusado con pruebas, de separatismo y terrorismo tras ser vinculado por el Gobierno con la muerte de Eduardo Rosza Flores; el denominado Caso Terrorismo.

También Marinkovic fue el responsable de organizar y financiar una «banda terrorista» que debía conseguir por medios violentos la «independencia» del departamento de Santa Cruz.

Al ser acusado de sedición y terrorismo y viéndose con la posibilidad de ir a la cárcel , Marinkovic fue exiliado del país y radicó en Brasil por más de una década.

En 2017 fue investigado por tener cuentas «offshore» denunciadas en los «Panama Papers». Otras acusaciones que tiene son por lavado de dinero y evasión de impuestos.

La inmigración croata en Bolivia fue un movimiento que remonta sus raíces al siglo XIX, el cual tuvo fuerte descendencia importante, especialmente dentro de la historia de Santa Cruz, Se estima que la diáspora croata en Bolivia cuenta con un número estimado en 5.000 personas, de varias generaciones. Los primeros inmigrantes provenientes de Dalmacia, llegaron finalizando el siglo XIX y se asentaron principalmente en el centro y oriente boliviano, en torno a las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. No obstante, la inmigración que dio forma a la participacion croata en política es la que llegó con el final de la Segunda Guerra Mundial: de ellos se destacan descendientes en distintas áreas como Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Ivo Kuljis, empresario y ex candidato a la vicepresidencia, Raúl Garafulic, presidente del diario Página Siete, Pablo Ivanovic Kukoc, refundador de Atocha, Zvonko Matkovic, empresario y muchos más.

Son un conjunto de poderosas familias empresarias lácteas, cerveceras, y financieras, llegadas al país altiplánico en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra, cuando el gobierno boliviano aceptó, a solicitud de la CIA, dar refugio a miembros de la USTACHA partido fascista croata cuyo nombre significa “resurrección”.

Estados Unidos mira con buenos ojos la creación de un nuevo país en la región, por tal razón si llegaran a triunfar las fuerzas del MAS en una nueva elección deberían enfrentar otra vez al secesionismo.

¿Un golpe dentro del golpe?

Concretada la usurpación del poder ejecutivo, la persecución política, la represión policial y militar y el accionar de grupos paramilitares como la “Unión Juvenil Cruceña”, que lidera Luis Camacho y la autodenominada “Resistencia Juvenil Cochala”, (denunciada por La CIDH como un grupo armado que participó en las masacres de Sacaba y Senkata, que dejó un saldo de 37 muertos y 500 heridos), acorralaron al movimiento popular obligándolo a un repliegue.

La ineficiencia en el manejo público, la corrupción de los gerentes que administraban los recursos del Estado y la crisis económica y social desatada por la Covid-19, que se sumaba a los despidos en masa y al desbarajuste productivo y comercial provocados por el golpe, fueron acorralando a la burocracia gobernante, que a pesar de todo volvió a retrasar los comicios para el 18 de octubre de 2020.

El sentir del movimiento democrático y popular y el anhelo por el rescate del proyecto patriótico, es antagónico con el proyecto esbozado por la burguesía gobernante, que entiende la importancia estratégica de haber llegado al gobierno y en función de esto, ha ido avanzando en la arquitectura que le permita hacerse del poder total.

El candidato del MAS a la presidencia Luis Arce, ha expresado certeramente que “la derecha ‘está muy golpeada’ ante la inminencia de esos comicios, cuya fecha aún es inconveniente para los partidos de esta última tendencia” y es cierto, pero hay algo más, el MAS, puede o no ganar en primera vuelta, pero a esto, hay que sumar que también se eligen senadores y diputados que pueden ampliar la influencia política del MAS en ambas cámaras, condicionando la ejecución, o no, de determinados proyectos (como el ascenso de militares, o la concreción de créditos que el ejecutivo requiriera de los organismos financieros internacionales, etc).

En este sentido, es sugestivo que los ascensos a militares, otorgados recientemente por el Decreto Supremo N° 4291, promulgado el 15 de julio de 2020, que benefició a varios militares investigados por delitos de corrupción, ultraje a símbolos patrios, e incluso trata y tráfico de personas, no hayan seguido el camino que marca la constitución.

La información que surge de la inteligencia popular indica que, efectivamente en la Fuerza Aérea se estarían elaborando planes para poder ejecutar un golpe de Estado, conjuntamente con el resto de las fuerzas militares y policiales y que se estarían gestando provocaciones para el enfrentamiento entre grupos civiles que comenzarían a movilizarse para impedir la realización de los próximos comicios.

Ante este escenario, que preanuncia la realización de un plan represivo militar- paramilitar, para evitar el retorno a la Democracia y a la Legalidad y que en su concepción evoca el accionar de las hordas fascistas, que en el caso del Estado Plurinacional, contemplaría la ejecución de un etnocidio contra las mayorías populares del país, es imprescindible generar una alerta para que los movimientos sociales, indígenas y políticos, los organismos de derechos humanos, los medios de comunicación alternativa y los trabajadores, estudiantes y profesionales del continente, tomen como propia la defensa de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia.

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