Lo primera constatación es que esta no es una reforma procapitalista (en todo caso es a lo sumo una manifestación bárbara del “capitalismo salvaje” anatemizado por Juan Pablo II, en todo similar a la voracidad criminal de los capitalistas de comienzos de la primera Revolución Industrial), sino que es una reforma profeudal, antieconómica, antisocial y antihistórica. Basta leer a Eric Hobsbawm para recordar que la forma mediante la cual el sistema de economía de mercado o capitalista, basado supuestamente en la iniciativa individual y el rol subsidiario del Estado, puede desarrollarse y solucionar sus crisis es cuidando el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los trabajadores, los jubilados y aun los excluidos del sistema, de forma de desarrollar mercados donde expandirse y que la miseria no le genere anticuerpos, o, peor aun, que el sistema caiga en las crisis recurrentes que son inherentes a su naturaleza, según reconocen todos sus grandes teóricos. Recordemos al punto que dichas crisis han adquirido carácter global (como las de 1994 en México, 1997 en Indonesia, 1998 en Rusia y la regional de Brasil en 1999) cuando no toman el carácter de una Gran Depresión, como la de 1929, y amenazó serlo (si es que no lo fue), la de 2007-2010. El creciente bienestar social y la existencia de sindicatos con poder de negociación son una condiciones necesarias para el progreso de las fuerzas productivas en el capitalismo y así lo entienden y lo proclaman (poniendo sus fortunas como garantía, como ocurrió en 2008) billonarios como Warren Buffet, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Jeff Bezos (Amazon y otras), Steven Spielberg, Oprah Winfrey, George Lucas; y así lo entendió Steve Jobs. La expansión y bienestar de los mercados es la obsesión de los verdaderos capitalistas (no de los parásitos que viven de mercados cautivos, créditos de bancos oficiales o exoneraciones fiscales para luego mostrarse partidarios del “Estado mínimo”), como los antes nombrados, que son auténticos y de última generación, o como el fundador John Ford, que quería que sus obreros ganaran buenos sueldos para que compraran sus productos, conducta imitada por Giovanni Agnelli en la FIAT, del otro lado del Atlántico. La llamada “era dorada del capitalismo” se desarrolló entre 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) y la crisis del patrón oro y del petróleo en 1973. Se caracterizó por un crecimiento incesante y jamás visto de la economía mundial y coincidió con la mayor intervención del Estado en la economía, el auge de los sindicatos y las formas de economía mixta. Debe señalarse que los estadistas de la época estaban librando la Guerra Fría, que los obligaba a maximizar sus habilidades y destrezas. En ese sentido, el fin de la Guerra Fría, el comienzo de la globalización asimétrica en 1989 y el auge de formas extremas de competencia comercial (basadas en el consecuente aumento de la tasa de explotación) en China, en Rusia y en las potencias occidentales (ni hablar de América Latina, sometida al rigor de la “década neoliberal”) fueron preparando el terreno para el desenfreno de la voracidad empresarial -sobre todo los que no tienen espíritu de riesgo y prefieren explotar mercados cautivos- y para las formas extremistas de gobierno. El ciclo de gobiernos populares en América Latina, con el aumento de beneficios a los sectores postergados (y la aplicación de impuestos progresivos como las “retenciones” a los grandes agroexportadores en Argentina), así como los programas sociales aplicados en Brasil por la dupla Lula da Silva-Dilma Rousseff, aumentaron el odio de las clases privilegiadas, que vienen por todo. La reforma laboral de Temer Caras y Caretas anunció desde la misma asunción de Michel Temer, el 31 de agosto de 2016, que los anuncios contenidos en su discurso inaugural, relativos a “grandes reformas estructurales en materia de flexibilización laboral y en los regímenes previsionales para aumentar la productividad”, podrían ser una amenaza para todos los equilibrios sociales de América Latina, los beneficios recientes y aun los que provenían de conquistas del siglo pasado. Dichos anuncios se producían en el momento de la mayor crisis en el gobierno popular del país más grande de América Latina y encendieron las luces rojas en toda la región. Sin perjuicio de hacer una breve reseña de los principales lineamientos de la reforma de Temer, cabe consignar que su peor consecuencia es el impacto político y psicológico que tiene en la región, debidamente amplificado por los medios de la derecha: lo que busca es convencer que la explotación de los trabajadores es un imperativo de estos tiempos, “el signo del siglo XXI”, cuando pensadores prospectivistas como Grompone dicen exactamente lo contrario, acaso porque este ingeniero y escritor haya sido un empresario informático altamente exitoso perteneciente a un sector -el de mayor avanzada- que nunca pide nada al Estado. Pero repasemos los lineamientos de la reforma aprobada el 11 de julio en el Senado brasileño después de una comprobada operación masiva de sobornos, y que destruye nada menos que las leyes trabalhistas aprobadas por Getulio Vargas en 1943, alterando las reglas de contratación y empleo mientras espera su turno la también anunciada reforma previsional:
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ASOCIARMEEl mundo enfrenta cuatro situaciones críticas: el cambio climático, la robotización y disminución del empleo, el terrorismo y el avance desaforado de la derecha contra las regulaciones que sostienen nuestra civilización. La reforma laboral de Michel Temer no es un imperativo de los tiempos, como se pretende hacer creer, sino una muestra de la voracidad del dirigismo de derecha (o neoliberalismo), que en definitiva va contra el capitalismo en el mediano plazo, porque va contra el desarrollo de las fuerzas productivas. Adam Smith, Marx, Keynes y Milton Friedman (que no impugnaba conquistas laborales fundamentales) la rechazarían de plano.
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- a) la reforma invierte el sentido jerárquico de las normas impuesto desde Montesquieu al señalar que los individuales, por empresa o por sector (en ese orden), tienen preeminencia sobre la normativa legal vigente. Asimismo los contratos privados (que tienen presunción de imposición por simple constatación de la ley del más fuerte y de la necesidad) pasan a ser más importantes que las convenciones colectivas. John Kenneth Galbraith, cuando los conservadores hablaban de “libertad de elegir”, afirmaba que “no hay nada menos libre que un hombre que no tiene recursos para alimentar a su familia”;
- b) se autoriza a las empresas a negociar las condiciones laborales con comisiones no sindicales de supuestos representantes de los trabajadores, consagrando el “amarillismo gremial” y desconociendo el valor del voto (y de las reglas democráticas) en el esquema sindical;
- c) se autorizan las jornadas laborales de hasta 12 horas de trabajo por la simple voluntad del empleador, aunque sin superar 44 horas semanales. En Uruguay y numerosos países la jornada es de ocho horas, conquista del batllismo que a su vez la tomó de la legislación propuesta por Emilio Frugoni y Carlos Roxlo, pero al parecer en Uruguay ya no quedan seguidores de José Batlle y Ordóñez, porque su Partido Colorado, como tal, tan atento a los sucesos de Cuba y Venezuela, no se preocupa por los derechos de los trabajadores uruguayos;
- d) se consagra la llamada “jornada interrumpible”, con pago de retribuciones-salario calculadas sobre una base horaria o por jornada, y no mensual como hasta ahora y desde el principio del nacimiento de la legislación laboral. Podrá haber contratos parciales;
- e) “La contribución sindical, hasta ahora obligatoria y equivalente a un día de salario al año, pasa a ser voluntaria”, lo que quitará gran poder a los sindicatos;
- f) se amplían las posibilidades de tercerizar tareas, incluso las principales de la empresa en cuestión, dejando obviamente sin labor a los empleados que las venían desempeñando;
- g) en una medida que ha levantado rechazo hasta en el “macrismo” (según hemos podido ver en TN), se autoriza a que las embarazadas trabajen en ambientes insalubres “si presentan un certificado médico que asegure que no hay riesgo para ella o el feto”. Estos son los estadistas empresarios que están construyendo el siglo XXI. Sin comentarios;
- h) naturalmente, se flexibilizan las condiciones del despido de los trabajadores. El monto de las indemnizaciones no estará atado por el salario del trabajador, sino a las “condiciones que se negocien” (muy ético discutir con un hombre que ha perdido su empleo), y el preaviso baja de 30 a 15 días.
- i) naturalmente, se imponen condiciones restrictivas a los litigios laborales. “El litigante debe establecer a comienzo del juicio cuánto dinero desea recibir de compensación al término del proceso, deberá comparecer a todas las audiencias judiciales (salvo fuerza mayor) y pagar los costos del juicio si pierde (a menos que no tenga recursos suficientes)”.
En materia de la futura reforma previsional, El País, que es un diario bien informado, adelantó que “la edad de jubilación en Brasil no es modificada por esta ley, pero está a estudio hacerlo con otra norma con el objetivo de pasar la edad mínima a 65 años. La norma actual prevé que una persona puede jubilarse siendo mujer con 30 años de trabajo, y siendo hombre con 35. Quienes promueven el cambio dicen que hay personas que empezaron a trabajar con 15 años y ya se pueden jubilar a los 50 [lo que se desea evitar, N. de R.]. En Uruguay, la edad mínima es 60 años y se exigen 30 de servicio para ambos sexos. […] Desde la Cámara de Industrias, Andrés Fostik dice que sería bueno implementar cambios en este sentido: ‘Hay que hacer algo, porque las proyecciones, si miramos hacia 2050, son cada vez peores. El nacimiento se retrasa cada vez más, salvo en los barrios carenciados’. En Uruguay viven 484.400 mayores de 65 años, lo que equivale a 14% de la población. Según datos del Banco Mundial, en 2100 ese porcentaje trepará a 30%, mientras el gasto en los servicios sociales básicos comprenderá 40% del PIB, cuando hoy es 25%. El Frente Amplio, en su programa de gobierno, hace referencia al envejecimiento de la población, pero no anuncia cambios en la edad jubilatoria”. Bien, puede inferirse que la Cámara de Industrias aplica el mismo criterio a los militares, por lo cual descontamos su apoyo a la Reforma de la Caja Militar. Repercusión en Uruguay Como es lógico, la reforma laboral brasileña tuvo inmediatos y muy fuertes ecos en nuestro país. El primero provino por manifestaciones favorables a la propuesta por parte del presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, mientras se producían rechazos por tres ministros del gobierno: Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social (“Si vale más un acuerdo individual entre un trabajador y un empresario que una ley o un convenio, retrocedimos dos o tres siglos”); el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, quien afirmó: “Me parece un pésimo ejemplo la reforma laboral de Brasil. Sería un gran paso atrás si pensáramos en cosas similares”. Inmediatamente se manifestaron el Pit-Cnt, el Frente Amplio y el Partido Nacional. Solamente el Partido Colorado como tal -supuesto heredero de José Batlle y Ordóñez- guarda un vergonzoso silencio, demostrando que ha sido totalmente dominado por el rivero-pachequismo-bordaberrismo. Ni el doctor Julio María Sanguinetti, que se pronuncia olímpicamente sobre todas las cuestiones mundiales (aunque responda con tímidas evasivas a Ignacio de Posadas), creyó conveniente ocuparse de este tema, aunque sí lo hizo, muy dignamente, el diputado Fernando Amado. Tampoco Edgardo Novick, empresario puro y duro, se pronunció al respecto, en tácita aceptación. Con gran acierto, la cancillería planteó en los organismos del Mercosur su preocupación por la medida, ya que la misma hace que la economía brasileña obtenga ventajas de competitividad a costa de derechos laborales, lo cual tiene impactos en las decisiones de las empresas. Irónicamente, el planteo de convocatoria a los órganos supranacionales se realizó a Brasil, que ejerce la presidencia pro témpore del bloque. Nin afirmó que “preocupa a Uruguay porque es una manera de competir con base en la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar […] No nos vamos a inmiscuir en la legislación interna de los países, pero queremos marcar preocupaciones, porque así va ser muy difícil competir […] El salario de los trabajadores no puede ser la variable de ajuste para la competencia en los mercados”. Las dignas y harto justificadas declaraciones de los ministros uruguayos determinaron que el embajador uruguayo en Brasil -el experimentado diplomático Carlos Amorín- fuera llamado en consulta a la cancillería brasileña, circunstancia a la que Rodolfo Nin Novoa restó importancia. Otro jerarca que se sumó fue el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, que en un desayuno de trabajo de ADM afirmó que “los avances de la sociedad no se deben dar a costa de depredar a algunos actores”, con “retroceso en los derechos de las personas”. Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez, consultado al respecto, respondió que “hay una construcción de país que el gobierno no va a tocar en ningún tipo de aventura”. En la próxima edición nos referiremos a las opiniones vertidas por algunos economistas (neoliberales y alguno considerado como de izquierda) que se han pronunciado favorablemente a los lineamientos de la reforma brasileña. Sería bueno que todas las fuerzas políticas se comprometieran en el mismo sentido y que las organizaciones sociales comenzaran actividades de difusión acerca de los peligros que acechan al empleo y a los regímenes previsionales, de forma que no ocurran “sorpresas impuestas por las fuerza de los hechos”.