Los pedidos de la «sospecha» de Cabildo Abierto y el partido Colorado

Según Montevideo portal, que afirma haber accedido a la solicitud de la diputada del partido Colorado Nibia Reish, en su pedido se solicita información sobre: «cuántas son las personas que han sido beneficiarias de este cobro (…) nombre y demás datos de los beneficiarios y montos totales percibido por cada uno a la fecha».

Un tercer punto, concentra el pedido de la diputada colorada: el referido a los controles realizados por el Estado, en particular, la forma en que se controló que el beneficiario es quien afirma ser, cantidad de controles realizados, fechas de los mismos, resultados y «acciones llevadas a cabo para corregir situaciones anómalas» señala el medio de prensa.

Para Reisch, resulta de interés conocer, además, la «vigencia en la actualidad de las exigencias legales para su permanencia (no percepción de otros beneficios, cumplimiento de mayoría de edad, calidad de cónyuge o concubino, entre otras)».

En consulta que le realizara Montevideo portal a la diputada, “Reisch dijo no saber si hay alteraciones, pero que luego de obtenida la información «se hará un análisis. «El objetivo fue transparentar la situación», consigna el portal de noticias.

Como recuerda Montevideo portal “estas prestaciones están amparadas en la ley 18.033 de octubre de 2006, que confiere el derecho a indemnización a quienes por motivos políticos, ideológicos o gremiales se vieron obligados a abandonar el país, fueron detenidos o desaparecidos, así como a sus causahabientes (cónyuges, concubinos, hijos menores de edad y mayores de edad discapacitados)”.

Como corresponde al procedimiento de pedidos de informes, estos de ambos diputados fueron dirigidos “al presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, para que sean cursado al Ministerio de Trabajo y desde ahí al BPS”.

En cuanto al pedido de informes de Testa, se señala que el mismo fue “difundido por el propio legislador en su cuenta de Twitter”.

En el pedido realizado, solicita “se informe la cantidad total y el listado de los beneficiarios, el importe de cada prestación y «el total de pago por dichas prestaciones desde que se decretó hasta la fecha».

Como fundamento a su pedido, el diputado de Cabildo Abierto, escribió en su cuenta de Twitter: «Porque hay que conocer las cosas a fondo. Porque si hay un solo caso que no esté comprendido en lo que establece la ley, no es abuso ni despilfarro… Es traición y de la peor calaña. A la Nación y a las verdaderas víctimas, a todas las víctimas de aquella triste época».

En lo que sí coinciden, ambos diputados, es en el claro uso de la sospecha como forma de deslegitimar un instrumento reparatorio de derechos, luego del largo período cívico-militar, al que algunos temen llamar “dictadura”.

Coinciden también, en ese ya cansador ejercicio propagandístico que, desde el 1 de marzo, se intenta instituír en la opinión pública, a la hora de «juzgar» los gobiernos del Frente Amplio y sus acciones en aquellos campos más sensibles de las políticas públicas.

En esta oportunidad parecería que le «llegó la hora» al campo de los derechos, un campo donde ya se sabe ni uno, ni otro de los partidos de procedencia de los solicitantes ha hecho nunca nada favorable y si se han embanderado a favor de todas las corrientes conservadoras y negacionistas que hoy circulan.