Caso Mónica Rivero: Justicia investigará lavado de activos

Mónica Rivero desapareció el 13 de febrero sin dejar rastros. Después de que la familia presentó la denuncia penal se inició una intensa indagatoria judicial para dar con su paradero, pero hasta ahora no hubo resultados positivos. El último dato que se tiene es que su esposo la dejó frente a una peluquería en el Parque Batlle y que desde el celular de la mujer se efectuaron tres llamadas, cuyo último registro la sitúan en una zona próxima al balneario Solis. Nada más. El rumbo de la indagatoria, sin embargo, cambio a raíz del descubrimiento de diversas situaciones irregulares que han convertido a denunciantes en indagados. La jueza Penal de 13º Turno, Ana Claudia Ruibal, dispuso en las últimas horas -a pedido del fiscal Ricardo Perciballe- derivar el expediente a la Justicia Especializada en Crimen Organizado, ante la eventualidad de que Rivero y varios integrantes de su familia hayan incurrido en un delito de lavado de activos, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. La decisión está vinculada con una denuncia penal presentada por la firma Julio Cesar Lestido SA contra Rivero por “apropiación indebida” -delito precedente de lavado de activos- y la constatación de que ella y su esposo integraban la lista de apostadores de categoría VIP del Hotel Conrad, de Punta del Este (Maldonado). Rivero era la encargada de Tesorería de la automotora Julio Cesar Lestido SA. Una auditoría interna efectuada por la empresa detectó un faltante de 200.000 dólares en efectivo de sus oficinas, en horas previas a su desaparición. Por este motivo, la empresa presentó una denuncia penal contra Rivero por un delito de “apropiación indebida”. Ante esto, la jueza Ruibal y el fiscal Perciballe siguieron adelante con la indagatoria para dilucidar su paradero, pero al mismo tiempo iniciaron una investigación por la denuncia de la automotora. La Justicia dispuso entonces la citación del esposo de Rivero y de otros familiares, que tras cumplirse este trámite recuperaron la libertad. Sin embargo, la jueza solicitó diversos informes a bancos nacionales e internacionales. Asimismo, un informe del Hotel Conrad determinó que la mujer y su esposo efectuaron apuestas en el casino por una cifra cercana a los 4 millones de dólares en los últimos años. La automotora continuó adelante con la investigación interna y, en las últimas horas, presentó una ampliación de la denuncia penal contra la mujer. La auditoría detectó un faltante de unos 2,5 millones de dólares entre 2015-2016, vinculado a diversas operativas efectuadas por mujer. La operativa incluía la falsificación de documentos y asientos contables para justificar la salida de dinero, que supuestamente ingresaba a una cuenta bancaria de la empresa, pero en los hechos era apropiado por la mujer. La empresa inició un análisis manual de su contabilidad -con análisis de todas las facturas cobras- desde cuando se produjo la maniobra y su monto definitivo, agregaron las fuentes. Ante esto, el fiscal Perciballe efectuó un estudio de la situación patrimonial de la familia, tras lo cual se determinó diversas incompatibilidades entre los ingresos y el nivel de gasto. A esto se le suma, la existencia de una denuncia penal por “apropiación indebida” presentada por la empresa. Por este motivo, el representante del Ministerio Público planteó la eventual existencia de un delito de lavado de activos y pidió derivar el expediente a la Justicia Especializada en Crimen Organizado. La jueza Ruibal aceptó el pedido y dispuso declinar competencias ante estas sedes.